‘Dejen esto atrás’: Miami acuerda pagar $12.5 millones para saldar demanda por Ball & Chain
La Comisión de Miami acordó el jueves pagar $12.5 millones para resolver una demanda que acusa a la ciudad de llevar a cabo una “venganza” contra un grupo de negocios de La Pequeña Habana, lo que marca una resolución parcial en un enredo legal de años entre los propietarios de clubes nocturnos locales y el comisionado Joe Carollo.
La demanda fue presentada hace tres años en un tribunal federal por The Mad Room LLC, la empresa propietaria del club nocturno Ball & Chain, así como de Taquerías El Mexicano. Acusó a la ciudad de acosar a los negocios mediante la realización de redadas para hacer cumplir el código y “utilizar como armas” varios departamentos de la ciudad “para inventar una serie de violaciones dirigidas a” negocios específicamente propiedad de Bill Fuller de Ball & Chain, quien apoyó al oponente de Carollo en las elecciones de la ciudad de 2017. Ningún otro negocio en la Calle Ocho fue objeto del supuesto plan, según la denuncia.
“La venganza de la ciudad contra los demandantes se extiende desde arriba hacia abajo: sus funcionarios electos, abogados, personal profesional y cada uno de los departamentos dentro de su función administrativa”, afirma la denuncia.
Continuó diciendo que la ciudad creó deliberadamente una “política de varias frentes destinada a desarrollarse en etapas y avanzar implacablemente hacia su objetivo final de destruir los negocios de los demandantes y arrogarse sus derechos de propiedad”.
En una demanda separada pero relacionada, el año pasado Carollo fue declarado personalmente responsable de violar los derechos de libertad de expresión de Fuller y el empresario de La Pequeña Habana Martin Pinilla, quien también apoyó al oponente de Carollo en 2017. En junio pasado, un jurado otorgó a Fuller y Pinilla $63.5 millones después de determinar que Carollo intentó destruir la reputación de los hombres y presionó a los policías de la ciudad y a los agentes encargados de hacer cumplir el código para que se ensañaran en las propiedades.
Carollo ha apelado la sentencia. Mientras tanto, los demandantes han tenido dificultades para cobrarla, y Carollo ha informado de un patrimonio neto negativo de $64 millones y de un juez que dictó este verano un fallo que afirma que su casa de Coconut Grove puede protegerse de la incautación para satisfacer la sentencia.
La Comisión de Miami aprobó 4 a 1 el acuerdo de $12.5 millones en el caso Mad Room, siendo Carollo el único que votó “no”.
Carollo dijo que, en su opinión, “ninguno de nuestros empleados en la ciudad hizo nada indebido”.
“Por el contrario”, continuó, “la historia de estos individuos fue la historia de violaciones, violaciones, violaciones, violaciones, de no respetar a nuestros ciudadanos”.
El comisionado Miguel Ángel Gabela dijo que votaría a favor del acuerdo porque “queremos dejar atrás este capítulo” y no cargar a los contribuyentes con lo que podrían ser años de litigios adicionales.
Al aceptar el acuerdo, la ciudad no admite ninguna responsabilidad.
En un comunicado emitido el jueves, la ciudad dijo que si los demandantes hubieran prevalecido en un juicio, habrían tenido derecho a honorarios de abogados, “que podrían haber excedido con creces el monto del acuerdo”.
“Aunque la ciudad cree firmemente que no ha hecho nada indebido”, continúa el comunicado, “llegar a un acuerdo en esta etapa es una decisión financiera acertada”.
El comisionado Damián Pardo sugirió que en el futuro la ciudad podría considerar especificar las acciones disciplinarias para los funcionarios electos implicados en demandas similares, como una censura formal o la destitución del cargo.
Los demandantes habían reclamado inicialmente $27.9 millones en daños y perjuicios por la supuesta campaña de acoso. En respuesta a la aprobación del acuerdo por parte de la Comisión, sus abogados Maria Fehretdinov y Jason S. Koslowe escribieron en una declaración que “la buena gobernanza y el juego limpio son vitales para nuestra ciudad”.
“Esperamos que el acuerdo fomente esos valores. Los demandantes esperan dejar atrás este asunto y hacer crecer sus negocios”, agregaron.
Según la declaración de la ciudad, la aseguradora de la ciudad, QBE Specialty Insurance Company, pagará $4 millones del acuerdo, y la ciudad será responsable de unos $8.2 millones. La oficina de Pardo le dijo anteriormente al Herald que los $300,000 restantes implican gravámenes como resultado de infracciones del código que se eliminarían en virtud del acuerdo.
En mayo, QBE demandó a la ciudad, diciendo que no debería ser considerada responsable de más de $10 millones en honorarios legales por la defensa de Carollo en varias demandas que datan de 2018, citando acusaciones de que Carollo participó en “una conducta deliberada y deliberada que tenía la intención de privar a los demandantes de su propiedad y dañar la reputación de los demandantes para castigarlos y tomar represalias”. Esa demanda sigue pendiente.