Cómo se desmoronó el caso de soborno de los fiscales contra un ex comisionado de Miami
Durante meses, los fiscales de la Fiscalía Estatal de Broward parecieron estar avanzando a toda velocidad antes de un juicio planificado para diciembre contra el ex comisionado Miami Alex Díaz de la Portilla y el cabildero Bill Riley Jr. por cargos de corrupción.
Pero los fiscales repentinamente frenaron de golpe después que los abogados defensores solicitaron el lunes desestimar el caso, alegando que carecían de pruebas críticas para demostrar el supuesto plan de soborno.
En particular, los abogados defensores acusaron a un investigador clave de tergiversar la información usada para acusar al político y al cabildero de delitos que supuestamente implicaban conseguir el apoyo del comisionado para un acuerdo inmobiliario.
El miércoles, antes que un juez de circuito de Miami-Dade siquiera considerara la moción de desestimación, los fiscales estatales anunciaron que retirarían todos los cargos, haciéndose eco de varias de las afirmaciones hechas por los abogados de los acusados en un memorando de cierre fechado el martes.
El anuncio del fiscal estatal de Broward fue un cambio radical en un caso que se había presentado con mucha fanfarria cuando Díaz de la Portilla y Riley fueron arrestados el año pasado. Los fiscales de Broward habían sido asignados al asunto porque la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, informó de un conflicto de interés, aunque el caso estaba supervisado por un juez de Miami-Dade.
En el memorando de cierre del 19 de noviembre que explica por qué se desestimaban los cargos, la fiscal estatal adjunta Kayla Bramnick, quien se hizo cargo del caso en junio, y el fiscal estatal adjunto a cargo Julio González Jr. pusieron en duda la viabilidad del caso. Los fiscales habían acusado originalmente a Riley de desviar $245,000 en contribuciones de campaña de sus clientes de cabildeo, operadores de escuelas privadas David y Leila Centner, a un par de comités políticos controlados por Díaz de la Portilla a cambio del apoyo del comisionado para un complejo deportivo que los Centner querían construir en terrenos de propiedad de la ciudad.
“Las pruebas no demuestran que haya habido intención de corrupción, beneficios ilícitos o falsificación de registros. El testimonio de los testigos no es fiable y se han malinterpretado acciones legales como delictivas”, escribieron Bramnick y González. Agregaron que “se han llevado a cabo importantes investigaciones y declaraciones posteriores que revelaron que la base de toda esta investigación estaba equivocada y respaldada por información no verificada”.
En el memorando, los fiscales de Broward coincidieron con los abogados defensores en que había habido discrepancias sobre quién fundó una corporación de Delaware en el centro del caso, coincidieron en que un plan para un proyecto competidor en esa parcela propiedad de la ciudad ya no era viable y criticaron a tres “testigos clave”.
En respuesta a la noticia de que los cargos fueron retirados, algunos de esos testigos se sintieron ofendidos por la forma en que fueron retratados en el memorando de cierre y por la caracterización que los fiscales hicieron de los hechos del caso.
“Es lamentable que la Fiscalía del Estado esté utilizando a los testigos como chivos expiatorios”, dijo Jason Walker, ex director ejecutivo de una agencia de reurbanización de la ciudad que fue interrogado en el caso.
David Weinstein, abogado defensor de Miami, quien anteriormente se desempeñó como fiscal estatal y federal de Miami-Dade pero no está relacionado con este caso, dijo que Florida se encuentra entre los pocos estados que permiten que la defensa tome declaraciones de los testigos de la fiscalía antes del juicio y que los fiscales de Broward parecen haber descubierto lagunas en la evidencia que habrían socavado su caso ante un jurado.
“Ese proceso permite al estado sopesar las fortalezas y debilidades de su caso, como lo demuestra esta decisión”, dijo Weinstein.
El investigador principal está bajo escrutinio
En documentos judiciales, el abogado de Riley, Jared Whaley, acusó a dos investigadores del caso —Karl Ross, de la Comisión de Ética de Miami-Dade, el investigador principal, y Gaylon White, un agente especial del la Policía Estatal de la Florida (FDLE)— de colaborar para garantizar que sus declaraciones estuvieran sincronizadas en un intento de fortalecer el caso de corrupción.
Whaley dijo que después de que Ross se presentó a declarar ante el equipo de defensa el 14 de agosto, el investigador de ética del condado habló con White, que estaba enfermo en ese momento, para aconsejarle que pospusiera su propia declaración al día siguiente. El agente de la FDLE la pospuso.
Cuando Ross fue interrogado por segunda vez el 3 de septiembre, Ross dijo a los abogados defensores que no recordaba haber hablado de su primera declaración con White. Pero cuando White finalmente prestó declaración el 11 de septiembre, dijo que había hablado sobre el caso con Ross durante una hora el 27 de agosto, según una moción presentada por Whaley.
En octubre, un juez del circuito de Miami-Dade a cargo del caso ordenó a Ross que dejara de comunicarse con otros testigos estatales y a la Fiscalía de Broward que entregara las comunicaciones electrónicas de Ross con otros investigadores.
Ross y su oficina se han negado a hacer comentarios sobre las acusaciones de la defensa.
Durante una breve audiencia el viernes, Whaley le pidió al juez de circuito Miguel de la O que revisara más a fondo la actividad de Ross como investigador, alegando que Ross hizo declaraciones erróneas en el caso. De la O le dijo a Whaley que presentara la solicitud por escrito para que él la evaluara.
“Hoy dijo algunas cosas que creo que me hicieron ver todo de otra manera. Creo que hay más humo, y posiblemente fuego, de lo que pensaba”, le dijo De la O a Whaley.
Información contradictoria sobre una LLC de Delaware
El supuesto plan de soborno involucraba $245,000 que, según los fiscales, Riley había destinado a dos comités políticos vinculados a Díaz de la Portilla.
La declaración jurada de arresto acusó a Riley de canalizar contribuciones de campaña de los operadores de escuelas privadas David y Leila Centner a través de una LLC de Delaware y luego a dos comités políticos que Díaz de la Portilla controlaba, algo que sucedió en la época en que la pareja buscaba la aprobación de la ciudad para construir un complejo deportivo en un terreno no urbanizado propiedad de la ciudad cerca de su escuela. Riley era un abogado que trabajaba para los Centner, quienes no fueron acusados de ningún delito.
La declaración jurada alegó que Riley “creó” la corporación de Delaware, Pristine DE LLC, “para ocultar la fuente de los fondos”.
Sin embargo, en la moción de la defensa para desestimar el caso, el abogado de Riley, Whaley, argumentó que su cliente no cometió lavado de dinero ni ningún otro acto ilegal, como lo acusó inicialmente la Fiscalía Estatal de Broward.
La moción argumentó que el testimonio jurado y los documentos muestran que, si bien Riley era presidente y tesorero de la corporación, Pristine era propiedad de los clientes de Riley, los Centner, y que ellos la controlaban en todo momento, y que el abogado interno de los Centner, Jamie Mandel, había establecido la empresa de Delaware para permitir que la pareja hiciera contribuciones políticas y poseyera bienes raíces.
“No hay pruebas que respalden la afirmación del estado de que el Sr. Riley fundó Pristine; que lo hizo para ocultar la fuente de sus fondos; o que las contribuciones políticas de Pristine e informadas por los comités de acción política de Florida fueron indebidas”, dice la moción.
La moción también afirmaba que Mandel había permitido a Riley abrir una cuenta en la Space Coast Credit Union para Pristine y le había proporcionado documentos que demostraban que Mandel era la “persona autorizada” que formó la empresa bajo el control de los Centner. La defensa dijo que Ross había obtenido esos documentos a través de una citación judicial antes de firmar la declaración jurada de arresto, pero argumentó que de todos modos había caracterizado erróneamente la naturaleza de la participación de Riley con la corporación en la declaración jurada.
White, el agente de al FDLE que firmó la declaración jurada, le dijo a la defensa durante su declaración de septiembre que no recordaba que Ross hubiera compartido esa información con él y dijo que si lo hubiera sabido, no habría firmado esa parte de la declaración jurada.
Un informe de investigación de la FDLE muestra que Ross consultó y revisó la evidencia con los fiscales y el FDLE en múltiples ocasiones antes de finalizar la declaración jurada de arresto. Después que Ross completó la declaración jurada, la firmaran White y un segundo agente de la FDLE, y la aprobara el juez de la O el 13 de septiembre de 2023, Díaz de la Portilla y Riley fueron arrestados por cargos de corrupción, que incluyen conspiración, soborno, mala conducta oficial y lavado de dinero.
Ya en octubre de 2022, una fiscal de Broward que manejaba el caso en ese momento, Catherine Maus, “expresó que opinaba que había causa probable para acusar a Díaz De La Portilla” y posiblemente a Riley, según el informe de investigación de la FDLE.
En la reciente moción, el abogado de Riley señaló que debido a que Riley “reveló” los documentos de constitución de la LLC y la fuente de financiación al banco, los fiscales no pudieron probar que Riley “ocultó” los orígenes de las donaciones de campaña de los Centner en apoyo a los comités conectados con Díaz de la Portilla ni demostrar que eran “el producto de alguna forma de actividad ilegal”.
Para combatir la acusación de los fiscales de que Riley había lavado dinero, su abogado escribió en la moción de desestimación que David Centner “testificó inequívocamente que el Sr. Riley no tenía voz ni voto en los destinatarios ni en los montos de las contribuciones políticas que hicieron los Centner”, y Leila Centner dijo en una declaración que el Sr. Riley no tenía “ninguna discreción ni control sobre los fondos en la cuenta de Pristine”.
En su memorando desestimando el caso de corrupción, los fiscales de la Fiscalía Estatal de Broward parecieron estar de acuerdo con el argumento de la defensa.
“La teoría del estado se basó en el supuesto de que los fondos eran producto de sobornos o compensaciones ilegales, acusaciones que ahora no están respaldadas por la evidencia”, escribieron Bramnick y González.
“Los registros bancarios mostraron transferencias transparentes entre los Centner, Pristine DE y los PAC [comités de acción política]”, añadieron los fiscales. “El uso de Pristine DE fue únicamente con fines logísticos y no implicó esfuerzos por ocultar las transacciones”.
Preguntas sobre un plan competitivo para terrenos de propiedad municipal
Los Centner estaban interesados en construir un complejo deportivo que pudiera ser utilizado por los estudiantes de la escuela que lleva su nombre, así como por miembros del público, en un terreno propiedad de la ciudad llamado Biscayne Park, que está al otro lado de la calle de una de las sedes de la Centner Academy.
Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade inicialmente habían estado interesadas en el terreno y habían estado trabajando en un plan durante años en colaboración con la ciudad de Miami y la Agencia de Reurbanización Comunitaria Omni (CRA), financiada por los contribuyentes, que Díaz de la Portilla presidía. El plan para reubicar una escuela pública llamada iPrep Academy en Biscayne Park habría duplicado la cantidad de cupos para estudiantes y creado viviendas para trabajadores en el sitio.
En cambio, la Comisión municipal aprobó el plan de Centner en abril de 2022, con Díaz de la Portilla y los otros cuatro comisionados a favor. La supuesta marginación del plan iPrep por parte de Díaz de la Portilla, mientras recibía el apoyo financiero de los Centner a través de los comités políticos, fue un punto central en la declaración jurada de arresto inicial.
Pero en lo que caracterizaron como un hallazgo significativo, los fiscales Bramnick y González escribieron que el plan de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade fue “abandonado años antes” de la elección de Díaz de la Portilla para la comisión en 2019. (El memorando de cierre indica más adelante que el proyecto fue abandonado “meses” antes. Una portavoz de la Fiscalía Estatal de Broward no respondió directamente a una pregunta sobre la discrepancia, y solo dijo: “Tenemos que remitirlo al memorando de cierre y a las declaraciones”).
El memorando de cierre afirma que las discusiones sobre el plan de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade “nunca avanzaron más allá de un borrador de memorando de entendimiento (‘MOU’), que nunca se ejecutó” y señaló que la propuesta de los Centner fue “apoyada independientemente por otros funcionarios de la ciudad” en 2022.
Los fiscales concluyeron que, por lo tanto, la propuesta de la Academia iPrep nunca compitió directamente con el plan de los Centner y que Díaz de la Portilla no pudo haber “dejado de lado” el plan iPrep mientras lideraba el camino para la propuesta de los Centner.
Sin embargo, su afirmación contradice las declaraciones del propio distrito escolar, que le dijo al Herald a principios de este año que tuvo una reunión informativa con Díaz de la Portilla sobre el plan de la escuela pública en enero de 2021 y que “los esfuerzos para comunicarse sobre el asunto continuaron” hasta que el acuerdo Centner fue finalmente aprobado en una reunión de la Comisión de la Ciudad en abril de 2022. Un portavoz del distrito escolar reconfirmó esos hechos el viernes.
En respuesta a la publicación del memorando de cierre, el ex comisionado municipal Ken Russell le dijo al Herald que el plan de la Junta Escolar “todavía estaba en juego” años después de la elección de Díaz de la Portilla, incluso en el momento de esa reunión crítica de 2022.
“El memorando de cierre es inexacto si implica que el acuerdo con la Junta Escolar estaba muerto”, dijo Russell. Russell era presidente de Omni CRA inmediatamente antes de que Díaz de la Portilla asumiera el control de la agencia y estaba en la Comisión de la Ciudad en el momento de la votación de abril de 2022.
De todas formas, dijo Russell, el estado del proyecto de la Junta Escolar era “irrelevante para el verdadero caso de lo que motivó los votos del Comisionado Díaz la Portilla a favor del acuerdo con Centner”.
Y los documentos incluidos en el propio expediente de descubrimiento del estado para el caso muestran que la propuesta de iPrep de hecho seguía en curso después de la elección de Díaz de la Portilla en 2019. Por ejemplo, un plan de reurbanización del área con fecha del 27 de abril de 2020, después de que Díaz de la Portilla fuera nombrado presidente de Omni CRA, hace referencia a una propuesta de “reubicación y expansión de iPrep” en el sitio de Biscayne Park.
La Fiscalía Estatal de Broward no respondió directamente a una pregunta sobre cómo consideró que el plan del distrito escolar había sido “abandonado” antes de la elección de Díaz de la Portilla, y en su lugar remitió al Herald al memorando de cierre.
Problemas con testigos clave
Como parte de la justificación para desestimar el caso, los fiscales de Broward se refirieron a “problemas con la credibilidad de los testigos” y enumeraron a tres personas cuyo testimonio anterior, según dijeron, fue “socavado” durante las declaraciones de la defensa: Ross, Russell y Walker, el ex director ejecutivo de Omni CRA, una agencia de la ciudad que estaba trabajando con la Junta Escolar en el plan de expansión de iPrep.
Los fiscales escribieron que “Ross admitió tener un conocimiento limitado de las leyes pertinentes y no verificó de forma independiente las acusaciones clave, como la existencia de la propuesta [iPrep de la escuela pública]”.
También dijeron que Walker “se retractó de sus declaraciones iniciales, reconociendo que el proyecto [de la Junta Escolar] se estancó debido a prioridades no relacionadas y no por las acciones [de Díaz de la Portilla]”.
Cuando se lo contactó por teléfono, Walker no estuvo de acuerdo con esa caracterización.
“No me retracté de nada”, afirmó Walker.
Walker dijo que la Fiscalía del Estado estaba utilizando a los testigos como “chivos expiatorios”.
En el caso de Russell, el ex comisionado de la ciudad, los fiscales escribieron en el memorando de cierre que “hizo declaraciones contradictorias y luego admitió que no tenía conocimiento de primera mano sobre el progreso de la propuesta de Centner después de dejar el cargo” a fines de 2022.
En una declaración escrita, Russell dijo: “Decir que no tenía conocimiento de primera mano de cómo evolucionaron los asuntos después de que dejé el cargo no es contradictorio. Tiene todo el sentido. Una vez que dejé el cargo, ya no participé. Eso es coherente con mi testimonio anterior, pero irrelevante para el caso”.
En una llamada telefónica posterior, Russell dijo que el hecho de que los fiscales “dejen a los testigos abandonados a su suerte debido a inconsistencias [triviales] es una pista falsa”.
Dos ex fiscales opinan
Michael R. Band, un abogado defensor veterano que fue asistente principal en la Fiscalía Estatal de Miami-Dade en la década de 1990, dijo que tiene dos opiniones sobre la decisión de los fiscales de Broward de desestimar los cargos de corrupción contra Díaz de la Portilla y Riley.
“Los felicito por haber tomado una decisión tan acertada sobre la falta de pruebas suficientes para sustentar su caso”, dijo Band. “Pero moderaría esa postura y los criticaría por no haber examinado adecuadamente el caso antes de presentar los cargos en primer lugar”.
En este caso, la decisión de presentar cargos no se basó en que un agente de la ley encontrara una causa probable en la escena del crimen, dijo. Fue a discreción de los fiscales de Broward, quienes tuvieron el tiempo y presumiblemente la experiencia para revisar las pruebas, examinar a los testigos y apreciar y aplicar la ley antes de tomar la decisión de seguir adelante, dijo.
“El poder del estado para presentar cargos es una enorme responsabilidad”, dijo Band. “No hay segundas oportunidades. Habrá vidas que se verán trastocadas”.
No es inusual que los fiscales estatales cambien de opinión sobre la viabilidad de un caso antes del juicio y opten por desestimar los cargos. Lo sorprendente de la decisión del fiscal estatal de Broward es que los fiscales decidieron hacerlo un día después de que la defensa presentara una moción para desestimar el caso sin ninguna revisión judicial de sus alegaciones.
“Es raro, pero no inaudito, que se retiren los cargos”, dijo Weinstein, el abogado defensor que anteriormente se desempeñó como fiscal estatal y federal de Miami-Dade. “Con el estado, sucede más a menudo de lo que uno piensa, pero no suele recibir la misma atención que cuando se presentan los cargos por primera vez”.
Weinstein dijo que, a partir del memorando de cierre de los fiscales, resulta evidente que tenían serias dudas sobre la “intención corrupta” detrás de los cargos iniciales después de revaluar ciertas declaraciones de testigos, incluidas las de investigadores y funcionarios.
Pero Band dijo que la tardía decisión de cambiar de rumbo y retirar los cargos tuvo un gran costo para los dos acusados.
Band dijo que desde el arrestos de Díaz de la Portilla y Riley, la reputación de ambos se ha visto empañada, ya que uno perdió su cargo electo y el otro perdió su medio de vida. También han tenido que hacer frente a importantes gastos financieros para contratar abogados y defenderse.
“Cuando se presentan cargos contra funcionarios públicos o cualquier persona, se arruina la reputación de las personas”, dijo Band. “Viven con una nube sobre sus cabezas debido a la acción del estado”.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de noviembre de 2024, 5:25 p. m. with the headline "Cómo se desmoronó el caso de soborno de los fiscales contra un ex comisionado de Miami."