Organizaciones de Miami respaldan demanda contra eliminación del TPS a venezolanos
Dos organizaciones de Miami presentaron un amicus curiae en respaldo a la demanda contra la decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos argumentando que la medida es ilegal y arbitraria.
La Alianza Nacional TPS (NTPSA), junto con otras organizaciones, interpuso la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que eliminó el TPS designado en 2023 para aproximadamente 348,000 venezolanos el pasado 20 de febrero, con una terminación programada para el 2 de abril de 2025.
Un juez de California realizará una audiencia el 24 de marzo.
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Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) señalaron que en el amicus curiae argumentan que la terminación del TPS contraviene principios humanitarios establecidos en la ley de inmigración de Estados Unidos y en normas internacionales de derechos humanos.
El recurso fue presentado ante la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), anunciaron ambas organizaciones este martes.
“AMAVEX y VEPPEX luchan por la justicia y la protección de quienes han encontrado refugio en este país. Instamos a la ACLU a preservar el TPS como un salvavidas humanitario esencial,” dijo Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX.
Las organizaciones advirtieron que la deportación de beneficiarios del TPS expondría a los venezolanos a graves riesgos en su país de origen, donde persisten la represión política, el colapso económico y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, según informes recientes del Departamento de Estado de EEUU y Human Rights Watch.
“La terminación del TPS no solo pone en peligro la vida de miles de venezolanos que huyeron de la persecución, sino que también destroza familias estadounidenses y debilita comunidades enteras”, afirmó José Antonio Colina, presidente de VEPPEX.
En el documento, argumentan que la decisión del DHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones actuales en Venezuela y precedentes judiciales como Ramos v. Nielsen (2018) y Saget v. Trump (2019), que exigen una justificación basada en evidencia para terminar protecciones humanitarias.
Además, resaltaron lo que calificaron como “incongruencia” de esta medida al emitirse sanciones previas de EEUU contra el régimen de Nicolás Maduro y la reciente extensión del TPS en enero de 2025 por la administración Biden.
Asimismo, resaltaron las significativas contribuciones de los inmigrantes venezolanos a la economía estadounidense, particularmente en estados como Florida, Texas y Nueva York.
Con una tasa de participación laboral del 74% y un 57% de adultos con títulos universitarios, los venezolanos han impulsado sectores clave como la salud, la construcción y la hospitalidad. Su deportación generaría pérdidas económicas, escasez de mano de obra y un aumento en la dependencia de programas de asistencia pública, dijeron.
Los fiscales generales de 18 estados y el Distrito de Columbia presentaron un amicus curiae ante una corte de California donde se interpuso la demanda, abogando por la continuidad del TPS para los venezolanos, a inicios de marzo.
El término amicus curiae, que en latín significa “amigo de la corte”, hace referencia a documentos o argumentos presentados por terceros ajenos a un litigio, pero con interés en el caso. Su objetivo es brindar información jurídica relevante, exponer su impacto o alertar sobre las posibles consecuencias de una decisión judicial.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de marzo de 2025, 3:30 p. m..
