Fin del parole humanitario deja a nicaragüenses atrapados entre la angustia y el miedo
La revocatoria del programa de parole humanitario sembró un profundo temor en la comunidad nicaragüense. Este programa permitió a más de 93,000 personas del país centroamericano viajar legalmente a Estados Unidos y se convirtió en una esperanza para muchos. Ahora los deja atrapados entre el miedo y la desesperación por su futuro.
La administración del presidente Donald Trump publicó este martes en el Registro Federal el anuncio de eliminar el programa implementado en octubre de 2022 primero para los venezolanos, y en enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses a fin de enfrentar la avalancha de migrantes de esos países que se registró en la frontera sur y en el sur de la Florida.
La decisión afectará a unas 531,000 personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, bajo un patrocinador que se comprometía a brindarles respaldo financiero y los beneficiarios se sometieron a procesos rigurosos de control de tipo biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública.
Beneficiados del programa, analistas y activistas pro derechos de los migrantes manifestaron a el Nuevo Herald que la medida tendrá un fuerte impacto para los nicaragüenses que no procedieron a realizar un ajuste de estatus y tendrían que regresar a un país regido por “la dictadura” de Daniel Ortega, donde podrían ser encarcelados si los acepta.
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“Todos estamos con temor de ser deportados y aunque yo tengo un proceso de asilo, siento que el gobierno no está respetando ni los derechos ni las leyes migratorias que tiene este país. No entiendo como EEUU, que debería ser la tierra del derecho, esté violando el debido proceso y que sea el gobierno el violador”, dijo un nicaragüense que pidió no ser identificado por temor a las autoridades estadounidenses y de su país.
El hombre, de 43 años de edad y de Managua, llegó a Miami en marzo de 2024 patrocionado por una tía materna y diez meses después presentó una solicitud de asilo.
El parole humanitario se concedió por un plazo de dos años permitiendo a las personas trabajar y residir legalmente en el país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que los beneficiados con el parole humanitario perderán su estatus legal el 24 de abril o 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
“Estoy de acuerdo en que el gobierno tiene la potestad de sacar a las personas que han cometido delitos o que no tienen documentos, pero las que están trabajando y están haciendo las cosas correctamente por qué le van a violar sus derechos. Hay temor y zozobra en las personas que estamos bajo este programa”, dijo el nicaragüense.
A.S, otro nicaragüense que llegó al país tras ser patrocinado por un familiar en 2024, también teme ser deportado a Nicaragua donde asegura que el régimen de Ortega no está permitiendo regresar a algunos de sus ciudadanos.
“Se han publicado casos de personas que viven aquí y han regresado y no las dejan entrar. El que salga a otro país, España o el que sea, no lo dejan entrar a Nicaragua”, dijo el nicaragüense de 37 años de edad quien pidió ser identificado solo por las siglas de su nombre.
Considera que bajo esas circunstancias no tienen opciones y se preguntó “qué país nos dará asilo. Estaremos en una situación bien problemática.”
“Son miles de nicaragüenses que hemos entrado con ese programa escapando de la dictadura de Ortega. No tenemos alternativa”, expresó.
‘Un gran impacto’
La decisión de revocar el parole humanitario tiene un gran impacto especialmente para los nicaragüenses y venezolanos porque probablemente no hicieron ajuste de estatus migratorio, dijo Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Inter-American Dialogue.
Estima que, según su análisis, de los 93,000 nicaragüenses con parole humanitario, 60,000 no realizaron un ajuste de estatus como, por ejemplo, solicitar asilo, por lo que deben regresar o se quedan indocumentados con riesgo de ser deportados.
“El riesgo de deportación es más alto porque son ‘ubicables’, son personas que dejaron una dirección fija, a menos que se hayan mudado y no lo informaron al Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó en una entrevista con el Nuevo Herald.
Precisó que las personas que habían llegado entre enero y marzo 2023 o debieron haber retornado a sus países o hacer ajuste migratorio o ya encontraban con estatus irregular porque el programa estaba vigente por dos años.
De acuerdo con cifras de Orozco a cerca de 51,112 nicaragüenses se les otorgó el parole humanitario en 2024 y de estos 20,238 habrían solicitado asilo, mientras que de los 38,154 beneficiados en 2023 unos 9,707 iniciarion un proceso de asilo.
La situación en el caso de quienes recibieron el parole en 2024 la clasificó como un golpe inesperado para muchas personas porque aún no tienen los dos años.
“Creo que nadie creía que esto iba a pasar”, dijo Orozco, “Es una situación bastante angustiosa porque eso realmente es un ultimátum. Un ultimátum para miles de nicaragüenses y también es un recordatorio para los que están en estado irregular”.
Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), con sede en Washington, dijo que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional es muy impactante y ha generado mucho temor, pesar y frustración entre los nicaragüenses.
“Sin duda que es un golpe duro, tanto por el hecho de que se está acortando el plazo, el permiso que se había otorgado y también por el corto tiempo para poder realizar cualquier maniobra, ya sea de buscar otro estatus o poder regresar a Nicaragua”, comentó.
Rocha, quien es abogado, dijo que se cree que hay unos 30,000 beneficiados que han solicitado asilo, pero están en riesgo unos 60,000 que no lo han hecho, coincidiendo con la cifra suministrada por Orozco.
Campaña y tribunales
El NALDEF analiza la posibilidad de realizar una campaña dirigida al gobierno estadounidense para que entienda que dar un mes de plazo a las personas para que salgan de EEUU es insuficiente, especialmente cuando muchas de ellas contrajeron deudas para poder sufragar el viaje y apenas están pagándolas por lo que no tendrían dinero para regresar.
Rocha también está pendiente de lo que pueda suceder con una demanda contra la eliminación del parole humanitario presentada en un tribunal de Massachusetts por las organizaciones Human Action Center y Human Rights First. Una audiencia del caso se realizó este lunes.
Karen Tumlin, fundadora y directora de Human Action Center, ha dicho que la eliminación del parole humanitario causará un “caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país. Es imprudente, cruel y contraproducente”.
Rocha comentó que hay otra demanda presentada en 2023 por 20 fiscales generales en Texas que alegaban que el Ejecutivo no tiene autoridad constitucional para promulgar programas de parole humanitario y en primera instancia un juez la desestimó.
Ahora está en un tribunal de Nueva Orleans en proceso de apelación.
“Se espera que eso salga pronto y eso podría tener un impacto directo con el caso de Massachusetts y aunque no tendría una aplicación nacional, probablemente se preste para que el caso luego pueda ir a la Corte Suprema”, dijo.
Un juez en marzo de 2024 determinó que Texas no había demostrado haber sufrido perjuicios debido al programa de parole humanitario y, por lo tanto, carecía de legitimidad para presentar sus demandas, de acuerdo con Human Action Center.
Días después Texas y otros 20 estados demandantes presentaron una apelación ante el Quinto Circuito de Nueva Orleans.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2025, 2:40 p. m..
