Piden cerrar las cárceles de inmigrantes pero el gobierno EEUU se niega

Celina Gutiérrez, de 22 años, dijo que nunca pensó que ella y su hija de 6 años terminarían encerradas en un centro de detención en Texas, tras huir de una situación de violencia en Honduras.

Pero desde que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos en enero, ambas han permanecido detenidas en el South Texas Family Residential Center, en la ciudad de Dilley.

“No me imaginaba esto, porque yo estoy pidiendo asilo por el peligro allá”, dijo Gutiérrez en una entrevista telefónica la semana pasada. De acuerdo con su testimonio, ella fue acosada por pandilleros de un pequeño pueblo al norte de Honduras, para que se convirtiera en contrabandista de drogas. Al negarse, la habrían golpeado y amenazado con matarla.

“Yo se que crucé la frontera sin papeles y eso va contra las leyes de aquí, pero yo tenia que hacerlo por mi vida”.

Al igual que Gutiérrez, miles de personas permanecen encerradas en centros de detención para inmigrantes indocumentados, desde que el año pasado un número récord de menores solos o con sus madres cruzaran ilegalmente la frontera a EEUU. La mayoría de los casos son similares a los de Gutiérrez: familias que alegan que huyen de la violencia y pobreza de México y países centroamericanos.

Desde la oleada de inmigrantes, activistas y organizaciones de derechos civiles han exigido el cierre de los centros y cuestionado la legalidad de las detenciones, sobre todo de los menores de edad. Ese reclamo ha tomado mas fuerza recientemente y un grupo de congresistas ha pedido al gobierno el cierre de los centros de detención para familias – dos de los cuales se encuentran en Texas, y otro en Pennsylvania.

A los reclamos se han unido activistas que exigen el cierre de todos los centros de detención a nivel nacional, bajo el argumento de que la inmigración ilegal no es un crimen que debe ser penado con cárcel, y que encerrar a los indocumentados mientras resuelven sus casos de inmigración en las cortes o esperan sus deportaciones, equivale a un castigo para criminales.

‘Criminalizar a los indocumentados’

“A nuestra comunidad se le está tratando de criminalizar por el simple hecho de no tener un permiso de trabajo, o papeles para permanecer en el país”, dijo Sarai Portillo, una activista local. “En lugar de proteger el derecho humano básico de la movilidad, estamos criminalizando a estas personas. En vez de protegerlos de lo que han huido como la pobreza, discriminación por genero, violencia doméstica, los estamos encerrando y lucrando de su encierro”.

Tras una demanda presentada por estos grupos a finales del año pasado, la jueza Dolly Gee, de la Corte Federal del Distrito Central de California, dictaminó en julio que el encierro de menores es ilegal, ya que viola un tratado judicial alcanzado en 1997, que prohíbe la detención de menores. La jueza también ordenó la liberación de las madres.

La semana pasada el Departamento de Justicia presentó argumentos a la jueza para que esta reconsidere su fallo. El gobierno sostiene que las detenciones son un método disuasivo para las personas que estén considerando cruzar la frontera de manera ilegal. Al mismo tiempo las autoridades se comprometieron a acortar los plazos de las detenciones a partir de julio.

Sin embargo, nada de esto ha ayudado a familias como la de Gutiérrez, que ha permanecido encerrada en Dilley por más de medio año.

“Hemos visto muchas gentes que salen de aquí, las sacan o las deportan, y mi hija me pregunta por qué nosotros no nos vamos también. No sé que contestarle”, dijo Gutiérrez, cuya petición de asilo se encuentra en proceso.

La madre soltera, que había intentando en el 2013 entrar a EEUU y fue devuelta de la frontera, dijo que no sobreviviría si regresara a Honduras.

La permanencia de Gutiérrez y su hija en el centro de detención ha costado más de $100,000 a los contribuyentes. La compañía Correction Corporation of America, la contratista de cárceles privadas más grande de Estados Unidos y propietaria del centro en Dilley, estima un costo de $296 por día por cada detenido.

‘Un negocio lucrativo’

Los defensores de los indocumentados sostienen que la detención de inmigrantes ha representado un negocio lucrativo para las compañías de cárceles privadas, y han criticado al gobierno del presidente Barack Obama por firmar contratos con las empresas que garantizan una cifra mínima de detenidos diariamente en algunos centros de detención.

Dos de esos centros se encuentran en el sur de Florida: Krome Detention Center, en Miami-Dade y con una garantía mínima de 450 detenidos, y Broward Transitional Center, en Broward, con garantía de 500 detenidos, de acuerdo con el reporte Banking on Detention, publicado en junio por los grupos Detention Watch Network y el Centro de Derechos Constitucionales.

El reporte argumenta que la práctica de garantizar un mínimo de detenidos por día fomenta que las autoridades migratorias arresten a mas indocumentados y llenen las arcas de las corporaciones carcelarias.

Los activistas y las personas que han estado detenidas también critican el sistema de empleos para detenidos en las instalaciones, al cual califican como un “sistema de explotación”. Los centros emplean a algunos detenidos para labores administrativas o de mantenimiento, y para trabajar en la cocina por la paga de $1 al día.

“En cierta forma están explotando la mano de obra inmigrante dentro de un centro carcelario que es privado y violan derechos laborales, como el sueldo mínimo, prácticas que en este país no están permitidas”, dijo Portillo. “Los detenidos muchas veces lo hacen para mantenerse ocupados... para poder pasar el día, ellos saben perfectamente que es un nuevo tipo de esclavitud, pero lo deben hacer para mantener una sanidad mental”.

Víctor Salazar, de 41 años, es un inmigrante mexicano que estuvo detenido un año en Broward Transitional Center.

Allí, como muchos otros, trabajó en jardinería, mantenimiento, lavandería, o pintando paredes.

“El dólar que te pagan no alcanza ni para comprar un jabón o un champú porque todo, todo, todo es carísimo. Una soda puede costar hasta $3.00. Las llamadas telefónicas son un lujo”, dijo Salazar, quien fue liberado en marzo y vive en Nueva York mientras espera que su petición de asilo sea procesada. “Pero si uno no hace algo se desquicia, es una tortura mental”.

Salazar, quien es locutor y DJ, dijo que decidió cruzar la frontera luego de recibir amenazas de grupos de crimen organizado por su trabajo de fotoreportero en Michoacán. Menos de un mes después de dejar el área, su colega Gregorio Jiménez fue secuestrado y asesinado. Salazar ya había permanecido en Estados Unidos sin documentos en los 1990, y vivió en Naples, donde fue presentador de radio. En aquel entonces abandonó el país por voluntad propia.

“Yo la verdad no entiendo la razón de ser de esas cárceles de inmigrantes”, dijo Salazar. “Después de pasar tanto trabajo para llegar a este país, nadie se va a ir corriendo. Yo se que no pueden recibir a todo el mundo en este país. Entonces que manden a los que no califican y que le den asilo a los que califiquen, pero mantener a la gente encerrada mientras deciden es una injusticia”.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de agosto de 2015, 9:47 p. m. with the headline "Piden cerrar las cárceles de inmigrantes pero el gobierno EEUU se niega."