¿Qué ocultan? Prohíben visita a Alligator Alcatraz a legisladores de Florida

En un acto sorprendente y posiblemente ilegal, a cinco legisladores estatales se les negó el jueves la entrada a un centro de detención de inmigrantes financiado con fondos públicos en las profundidades de los Everglades, lo que genera dudas sobre qué sucederá tras las cercas de alambre de púas que se están erigiendo alrededor de la controvertida instalación, que el estado ha bautizado como Alligator Alcatraz.

Armados únicamente con la ley estatal y una creciente lista de preocupaciones humanitarias, los senadores estatales Shevrin Jones y Carlos Guillermo Smith, junto con las representantes Anna V. Eskamani, Angie Nixon y Michele Rayner, llegaron a las puertas de la instalación para realizar lo que consideraron una inspección legalmente autorizada. Lo que encontraron fue silencio, puertas cerradas y un muro burocrático.

La cambiante justificación del estado para no dejarlos entrar —primero una negación rotunda, luego vagas “preocupaciones de seguridad”— solo alimentó las sospechas.

“Esto es un flagrante abuso de poder y un intento de ocultar violaciones de derechos humanos a la opinión pública”, declararon los legisladores en un comunicado conjunto. Si la instalación no es segura para que los funcionarios electos entren, ¿cómo puede serlo para quienes se encuentran detenidos dentro?

Apenas unas horas antes, funcionarios republicanos e incluso el expresidente Donald Trump habían visitado el mismo lugar sin problemas. Cuando los legisladores intentaron hablar por teléfono con funcionarios del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida, la llamada se cortó abruptamente.

Ahora, con informes de inundaciones, calor extremo y detenidos presuntamente retenidos sin el debido proceso, los legisladores afirman que la administración del gobernador Ron DeSantis opera una red de detención secreta, de $450 millones, sin supervisión y sin respeto por la ley.

La legisladora estatal Michele Rayner llegó al lugar para realizar lo que, según afirmaron, era una inspección legal bajo los Estatutos de Florida 944.23 y 951.225, que otorgan a los legisladores acceso a los centros de detención estatales sin previo aviso. En lugar de transparencia, se encontraron con puertas cerradas y silencio.

Según la ley de Florida, los miembros de la Legislatura tienen el derecho indiscutible de acceder a cualquier centro de detención estatal, incluyendo prisiones y cárceles, sin necesidad de aprobación ni notificación previa. Este mandato legal fue ignorado, según la representante Michele Rayner, abogada de derechos civiles que representa a partes de los condados de Pinellas y Hillsborough.

“Durante dos horas, esperamos. Citamos la ley. Citamos el comunicado de prensa que anunciaba nuestra visita. Aun así, nos lo denegaron”, dijo Rayner. “Alegaron ‘preocupaciones de seguridad’, a pesar de que apenas unas horas antes el presidente Trump y legisladores republicanos habían visitado el mismo centro”.

Rayner contó que cuando preguntó si podía visitar a un cliente detenido, se le negó nuevamente, contradiciendo las declaraciones que le habían hecho momentos antes funcionarios del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida. Cuando los legisladores intentaron aclarar la denegación con el asesor general y el director de asuntos legislativos de la agencia, la llamada se cortó abruptamente.

“Esto es Estados Unidos ahora mismo”, dijo Rayner. “Y todos deberían estar preocupados”.

La visita de la delegación se produjo tan solo un día después de que los inmigrantes fueran trasladados al centro de detención, a pesar de las inundaciones causadas por las persistentes tormentas de verano. Los legisladores afirman haber recibido informes de calor extremo, infraestructura deficiente y falta de protección contra mosquitos, condiciones que, según afirman, podrían poner en peligro la salud y la seguridad de los detenidos.

“Me picaron insectos nada más llegar. Se me empezaron a hinchar los labios. Y solo estuve afuera unos minutos”, dijo la representante Angie Nixon de Jacksonville. “Imagínense cómo será para la gente que está adentro, sin repelente de insectos ni ropa de cama limpia”.

Nixon expresó especial preocupación por los informes del Miami Herald que indicaban que mujeres embarazadas y niños podrían estar alojados en el centro. “Estamos gastando $450 millones en esto mientras nos negamos a ampliar Medicaid y cerramos las escuelas públicas del condado de Duval”, dijo. “No se trata de seguridad pública, sino de crueldad como teatro de campaña”.

Smith no se anduvo con rodeos, calificando el lugar como un “campo de detención improvisado para inmigrantes en medio del pantano de los Everglades”, construido mediante contratos sin licitación adjudicados a importantes donantes de la campaña republicana.

“No se trata de detener a delincuentes peligrosos”, dijo Smith. “Se trata de detener a personal de limpieza, cocineros e inmigrantes que tenían estatus legal hace cinco minutos, hasta que fue revocado por las políticas”.

Smith hizo referencia a un artículo del Miami Herald que revelaba que el estado podría traer a mujeres embarazadas y niños al centro, a pesar de las afirmaciones públicas de que la instalación estaba destinada a “lo peor de lo peor”. Los datos de ICE muestran que menos del 10 por ciento de los inmigrantes detenidos actualmente en Florida tienen antecedentes penales violentos, y la mayoría no tenía antecedentes penales.

“Estamos deteniendo a personas vulnerables para el espectáculo político”, dijo Smith. “Y no es casualidad que esta instalación se inaugurara pocos días después de que terminara nuestra sesión legislativa, evitando cualquier supervisión real”.

Jones agregó que la instalación, construida con $450 millones en fondos estatales, no califica para apoyo federal. “El gobierno federal ha dicho que esta instalación no califica para subvenciones”, dijo. “Eso significa que depende 100 por cietno de los contribuyentes de Florida, y se hizo sin una sola audiencia de comité ni debate en el pleno”.

Jones enfatizó que tanto los legisladores demócratas como los republicanos deberían estar preocupados. “Este no es un asunto partidista”, dijo. “Tenemos el deber de garantizar que las operaciones financiadas por el estado respeten los estándares básicos de decencia y legalidad”.

La representante Anna Eskamani, de Orlando, describió el centro de detención como una “maniobra política” orquestada por DeSantis. “Se están gastando cientos de millones de dólares de los contribuyentes para construir lo que es esencialmente un campo de concentración”, dijo. “Esto es un gobierno de conferencia de prensa y contrato sin licitación”.

Eskamani dijo que los informes indican que los primeros detenidos llegaron sin el debido proceso y que las inundaciones ya habían comprometido partes de las instalaciones. “Estamos aquí porque la gente de Florida merece transparencia. ¿Qué se esconde tras estos muros?”

Los cinco legisladores dijeron que planean buscar recursos legales e iniciar investigaciones legislativas sobre la construcción, contratación y operación de Alligator Alcatraz. También exigieron que la División de Gestión de Emergencias de Florida y la oficina del gobernador proporcionen un informe completo de quiénes están detenidos en el centro, las condiciones existentes en el interior y qué empresas recibieron contratos, en particular aquellas con vínculos políticos con la administración DeSantis.

“Esto no ha terminado”, dijo Smith. “Volveremos y no nos detendremos hasta obtener las respuestas que merecen los floridanos”.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de julio de 2025, 9:34 a. m..