Sur de la Florida

Aumentan los gastos legales de Scott


El gobernador de Florida, Rick Scott.
El gobernador de Florida, Rick Scott. Getty Images

Los costos de la defensa jurídica del gobernador Rick Scott aumentaron el miércoles, cuando el despacho del mandatario estatal dio a conocer documentos que muestran que ha acordado pagar a abogados $300,000 por defenderlo en dos casos de transparencia gubernamental en que se llegó a un acuerdo.

Estos honorarios legales se agregan al cerca del $1 millón que los contribuyentes ya han pagado por la defensa del gobernador y miembros del su gabinete en esos los casos, y los acuerdos de pago para solucionarlos.

Este mes, Scott acordó pagar a Steven R. Andrews, abogado de Tallahassee, $700,000 para poner fin a una demanda que alegaba que el gobernador y varios miembros de su personal infringieron las leyes estatales cuando crearon cuentas privadas de correo electrónico para proteger sus comunicaciones del público y entonces ocultaron los documentos.

En junio, Scott y el gabinete acordaron pagar $55,000 a Matthew Weidner, abogado de St. Petersburg, así como a defensores de transparencia gubernamental y organizaciones de medios, incluidos el Miami Herald y el Tampa Bay Times, para saldar la demanda. Los grupos alegaron que Scott y el gabinete infringieron las leyes de reuniones abiertas del estado cuando sacaron a Gerald Baily, quien era comisionado del Departamento de Policía de la Florida, de su cargo sin discusiones públicas ni votaciones.

El despacho del gobernador declinó comentar el jueves sobre los honorarios legales y cuando se le pidió que explicara por qué el arreglo es un uso apropiado del “fideicomiso de donaciones”, no pudo ofrecer una respuesta.

“El gobernador y entidades estatales reciben fondos para cubrir gastos”, dijo la portavoz de Scott, Jackie Schutz.

En un memorando interno, solicitado y obtenido por el Herald/Times, el despacho del gobernador justificó el pago a Andrews por considerarlo necesario “para evitar los costos y gastos relacionados con un inevitable litigio prolongado”.

Documentos muestran que el gobernador ha acordado pagar a abogados privados $164,999 para defenderlo en el caso de Andrews, incluidos $10,000 para a varios miembros de su personal quienes fueron demandados individualmente por Andrews cuando la oficina del gobernador se negó a entregar documentos durante la campaña de reelección de Scott en 2014.

El gobernador ha acordado pagar otros $139,249 a otro abogado privado en el caso Weidner. Los otros funcionarios del gabinete han revelado que han gastado un total de $225,000 en honorarios legales en ese caso.

The Herald/Times solicitaron originalmente los documentos el 17 de junio, pero la oficina del gobernador no los entregó hasta el miércoles por la noche, el mismo día que los dos medios noticiosos reportaron una nueva norma del la oficina de transparencia del gobernador de incluir todas las solicitudes de registros oficiales a la rama ejecutiva en la página de Internet de la oficina de transparencia del gobernador.

Los dos arreglos fueron los primeros en que un gobernador titular ha usado dinero de los contribuyentes para saldar casos legales de transparencia presentados en su contra. La decisión ha enfurecido a defensores de la transparencia en el gobierno y otros.

“Me parece absolutamente indignante”, dijo Barbara Petersen, presidenta de la Fundación de la Primera Enmienda, que defiende las leyes de transparencia gubernamental en el estado. “El gobernador Scott juró el cargo, dos veces, y prometió defender nuestra Constitución. Y nosotros los floridanos pagamos bien caro cuando él infringe nuestro derecho constitucional al acceso a la información del gobierno. Los electores deberían estar muy molestos”.

Andrews demandó primero al gobernador y al gabinete en el 2012 por infringir un contrato que tenía para comprar un edificio en el que está ubicado su bufete. El gobernador quería comprar el terreno para crear un parque alrededor de la mansión gubernamental.

En el proceso de tratar de obtener correos electrónicos y documentos relacionados con el caso, Andrews descubrió pruebas de que el gobernador y su personal habían creado varias cuentas privadas de correo electrónico en Google y las usaron para tratar asuntos oficiales.

Después de numerosos intentos de obtener detalles de los correos electrónicos sobre su caso, Andrews alegó que Scott no sólo retuvo documentos, sino que participó en “ocultarlos activamente” y “se confabuló con otros” para ocultarlos.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de agosto de 2015, 7:57 p. m. with the headline "Aumentan los gastos legales de Scott."

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