Comienza juicio colectivo para cientos de propietarios de casas móviles que enfrentan desalojo en Miami-Dade
Vestidos de blanco, cientos de residentes del parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater se presentaron en el juzgado del Condado Miami-Dade, en el downtown de Miami, el jueves por la mañana.
Todos se encuentran entre los aproximadamente 210 acusados que CREI Holdings, propietaria del parque de casas móviles y demandante en el caso, busca desalojar.
En noviembre, los casi 3,000 residentes de Li’l Abner recibieron notificaciones para desalojar sus casas móviles antes del 19 de mayo. CREI Holdings, que planea urbanizar el terreno donde se levantan las casas móviles para construir un complejo de viviendas multifamiliares, ofreció una indemnización de $14,000 a quienes abandonaran el parque antes de finales de enero. Quienes se marcharon antes de abril o mayo tenían derecho a $7,000 y $3,000, respectivamente. Los propietarios de casas móviles, muchos de los cuales pagaron varias veces la cifra máxima de compra por sus remolques —que están anclados en el suelo y no son precisamente móviles—, argumentan que esas sumas y el tiempo que se les dio para encontrar una vivienda alternativa son insuficientes.
Como representación de los residentes restantes en una demanda colectiva, los abogados David Winker y Erik Wesoloski argumentan que la propiedad del parque no cumplió con las leyes de la Florida que rigen los desalojos de parques de casas móviles. Los propietarios del parque refutan esta idea.
La audiencia masiva del jueves, ante un panel de cinco jueces, es la primera de lo que podría ser una serie que determinará el destino de los cientos de residentes restantes del parque.
Antes de esas audiencias, los abogados defensores esperan obtener una suspensión para sus clientes, y le solicitaron al tribunal que suspenda cualquier desalojo posterior. Un fallo podría tardar varios meses, señaló Winker. Si los propietarios de las casas móviles son desalojados antes de que se emita un veredicto, incluso si es a su favor, se produciría un daño irreparable, argumentó.
El panel no se pronunció sobre la suspensión durante la audiencia del jueves, aplazando el asunto a una fecha futura aún por determinar.
Los propietarios de las casas móviles esperan presentar su caso ante un jurado, mientras que los propietarios del parque prefieren un juicio sin jurado, donde uno o más jueces tomarían la decisión. Debatirán esa cuestión el 28 de agosto.
Lo que dicen los residentes
Yolanda López, con las manos juntas, se paseaba entre un grupo de vecinos que opinaban sobre los procedimientos de la mañana. Estaba un poco nerviosa en la sesión informativa, comentó, pero al mediodía se sentía optimista. Este juicio podría traer “justicia”, declaró. Tiene que ser así.
Enrique Zelaya estuvo de acuerdo. “Quiero luchar por la justicia”, dijo.
Zelaya estaba indignado. Declaró haber pagado $170,000 por su casa rodante de doble ancho tan solo cuatro meses antes de recibir la orden de desalojo. La oferta de $14,000 —menos de una décima parte de lo que pagó por su unidad, que según él era demasiado vieja para mudarse— simplemente no le bastó.
“Solo quiero que me devuelvan mi dinero”, se lamentó Zelaya.
Zelaya, que trabaja como guardia de seguridad, tiene 67 años, y está a punto de jubilarse. La orden de desalojo ha sumido su futuro en la incertidumbre.
“Creo que me moriré trabajando”, rió entre dientes con ironía.
Traducción de Jorge Posada
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de agosto de 2025, 0:56 p. m..