¿Últimos días de Alligator Alcatraz? DHS dice que está siguiendo la orden de cierre de la jueza
Una semana después de que una jueza federal ordenara a los gobiernos estatal y federal comenzar a cerrar sus operaciones en Alligator Alcatraz, los trabajadores están siendo enviados a sus casas y los detenidos están siendo trasladados a otras instalaciones.
El gobernador Ron DeSantis, en una conferencia de prensa en el condado de Orange el miércoles, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional había "aumentado el ritmo de las deportaciones" desde el centro de detención. DeSantis distanció al estado de las decisiones sobre quién está detenido en el sitio, diciendo que "el estado no determina quién entra en la instalación".
"Y así, en última instancia, es decisión de DHS, dónde quieren procesar y colocar a los detenidos, y es su decisión sobre cuándo los quieren sacar", dijo DeSantis.
"Pero creo que han estado haciendo deportaciones rápidas desde Alligator Alcatraz, y creo que eso ha causado que el censo disminuya", dijo a los reporteros.
Sus comentarios siguen a un correo electrónico del 22 de agosto de Kevin Guthrie, el director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, que señalaba que el gobierno ya estaba cumpliendo con la orden de la jueza federal emitida el día anterior. En respuesta a una solicitud de un rabino para obtener servicios de capellanía, Guthrie dijo: "Probablemente vamos a llegar a 0 individuos en unos días".
DeSantis dijo a los reporteros que los comentarios de Guthrie se referían a la rapidez con la que el Departamento de Seguridad Nacional estaba deportando a los detenidos de la instalación improvisada.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la jueza del Distrito de EEUU Kathleen Williams, quien fue nombrada para el banquillo por el presidente Barack Obama, era una "jueza activista" y que su orden judicial preliminar "ignora el hecho de que este terreno ya ha sido desarrollado por una década".
"DHS está cumpliendo con esta orden y moviendo a los detenidos a otras instalaciones. Continuaremos luchando con uñas y dientes para sacar a lo peor de lo peor de las calles de América", dijo el funcionario de DHS en una declaración. "Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado".
Williams emitió una orden judicial preliminar la semana pasada, dándole una victoria a los grupos ambientales que afirmaban que el centro de detención temporal estaba causando un daño irreparable al medio ambiente y que fue construido sin una revisión ambiental adecuada conforme a la ley federal. La orden cierra gradualmente las operaciones en la instalación de detención en los Everglades, que ha sido empañada por varias demandas, protestas y quejas de violaciones de derechos civiles de detenidos y sus abogados.
Los correos electrónicos compartidos con el Herald también muestran que los contratistas en el sitio ya habían comenzado a poner en licencia a los empleados antes de la orden de Williams.
El 13 de agosto, después de que Williams emitiera una decisión inicial deteniendo los esfuerzos de expansión en Alligator Alcatraz, un correo electrónico de GardaWorld Federal Services explicó que la División de Manejo de Emergencias de Florida estaba "reduciendo el personal total alojado en los niveles del sitio". GardaWorld Federal Services recibió un contrato de $37 millones para proporcionar "servicios auxiliares TNT", según la base de datos de contratos del estado.
"Como resultado, aproximadamente 100 miembros del equipo serán licenciados, efectivo el 15 de agosto de 2025 o alrededor de esa fecha", decía el correo electrónico.
El 22 de agosto, después de la decisión de orden judicial preliminar de la jueza, la compañía envió otro correo electrónico, licenciando a más empleados y explicando que FDEM estaba "reduciendo el personal total".
"Como resultado, aproximadamente 322 miembros del equipo serán licenciados, efectivo el 23 de agosto de 2025 o alrededor de esa fecha", decía el correo electrónico.
GardaWorld Federal Services remitió al Herald a FDEM para cualquier comentario.
Ni la oficina del gobernador ni la División de Manejo de Emergencias de Florida comentaron sobre el número de detenidos actualmente en el sitio.
La lucha por mantener el sitio de detención abierto
Williams, el miércoles, nuevamente se puso del lado de los grupos ambientales y la Tribu Miccosukee, negando la moción expedita del gobierno para pausar su orden. En el fallo, Williams declaró que el argumento del gobierno era repetitivo, basado en las audiencias del caso, y que era probable que los grupos ambientales tuvieran éxito en su demanda presentada en junio, que afirmaba que el gobierno había eludido las regulaciones ambientales al apresurarse a construir el sitio.
"El Tribunal encontró que el interés de los Demandantes y del público en prevenir estos daños superaba el interés de los Demandados en continuar operando la instalación de detención mientras se lleva a cabo el proceso de revisión de la NEPA, dado que los Demandados 'ofrecieron poca o ninguna evidencia sobre por qué este campamento de detención, en esta ubicación particular, es especialmente adecuado y crítico' para la misión de aplicación de inmigración de los Demandados", afirmó Williams en el fallo del miércoles negando la moción expedita del gobierno.
El gobierno había pedido a la jueza que pausara su orden de orden judicial preliminar mientras se tomaba la decisión de su apelación en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional, en su solicitud, dijeron que la orden interrumpiría la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
Garrett Ripa, el director de la oficina de campo de Miami para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU dijo que el centro de detención había sido "instrumental" en ayudar a los esfuerzos masivos de deportación del gobierno y redujo el hacinamiento en las instalaciones de detención de ICE en Florida.
"Antes de su establecimiento, ERO Miami enfrentaba un hacinamiento significativo en sus instalaciones de detención, lo que colocó al gobierno en una posición desafiante para asegurar el cumplimiento de los estándares de detención de ICE", dijo la declaración de Ripa.
En su respuesta a la solicitud de pausar la orden, los abogados de los grupos ambientales y la Tribu Miccosukee afirmaron que el gobierno ya había comenzado a reducir su dependencia del centro de detención antes del fallo de orden judicial preliminar de la jueza. Dijeron que los argumentos del gobierno sobre la dependencia del sitio eran "falsos".
"Reducir las operaciones en el centro de detención de acuerdo con la orden judicial no causará ningún daño medible a los Demandados; simplemente continuará lo que los Demandados ya han estado haciendo durante semanas, y lo que se planeó todo el tiempo", dijeron los abogados en una moción de oposición presentada el lunes.
El representante de EEUU por Florida Maxwell Frost, en una declaración al tribunal en apoyo de los grupos ambientales, dijo que cuando visitó la instalación el 20 de agosto, había aproximadamente 350 detenidos en el sitio.
"En respuesta a mis preguntas sobre quién determina quién entra y sale del sitio, y cuánto tiempo se mantienen las personas allí, el comandante adjunto del incidente de FDEM dijo que 'ICE lo controla, no nosotros'. El empleado de CRS igualmente indicó que ICE decide todo", dijo la declaración de Frost en el tribunal.
En la orden judicial preliminar emitida la semana pasada, Williams exigió que los gobiernos estatal y federal detuvieran toda actividad que expandiera el sitio de detención, incluida la adición de nuevos pavimentos, iluminación industrial y tiendas de campaña o dormitorios. Williams dictaminó que no se trajera ningún nuevo detenido al sitio y esperaba que en 60 días, el sitio estuviera en gran medida desmantelado y cerrado.
El estado presentó un aviso de apelación inmediatamente después de la orden que limita sus operaciones en Alligator Alcatraz. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito ha asignado un número de expediente para el caso, y el estado tiene 14 días para presentar sus argumentos sobre los méritos de la apelación.
En la conferencia de prensa del miércoles, DeSantis declaró que había una demanda por instalaciones de detención adicionales. Dijo que el estado estaba trabajando para encontrar más, además de la Institución Correccional Baker en el norte de Florida, capaz de albergar hasta 2,000 detenidos.
"Nuestro papel es proporcionar más espacio para el procesamiento y la detención, lo que lleva a la deportación", dijo DeSantis. "DHS determina quién entra en esas instalaciones y quién sale de esas instalaciones".
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de agosto de 2025, 1:52 p. m. with the headline "¿Últimos días de Alligator Alcatraz? DHS dice que está siguiendo la orden de cierre de la jueza."