CIDH preocupada por un efecto dominó de la política migratoria de Trump en la región
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación ante el riesgo de que otros países de la región repliquen la política migratoria de Estados Unidos y ejecuten deportaciones masivas sin garantizar el debido proceso.
Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, se pronunció sobre este tema tras ser consultada sobre inmigración y trata de personas en una reunión con periodistas en la sede de la Universidad de Miami (UM), donde se realiza el 194° Período de Sesiones del organismo.
La funcionaria aclaró que la CIDH evita abordar la inmigración y la trata de personas como un mismo fenómeno, ya que la primera responde a decisiones individuales de movilidad, mientras que la segunda constituye un delito.
Aclarado ese punto, señaló que la CIDH está preocupada por la política migratoria implementada por la administración del presidente Donald Trump desde que asumió el poder en enero pasado.
“Nos preocupa que esas políticas donde no hay debido proceso puedan ser emuladas en otros países de la región. Y si bien es verdad que la CIDH reconoce que todos los países tienen la facultad de definir sus políticas públicas conforme a su soberanía, sí queremos invitar a que esa política pública de inmigración tenga un enfoque de derechos humanos”, expresó.
Un enfoque —detalló— en el que se trate a las personas con dignidad, compasión y con pleno respeto al debido proceso.
En febrero pasado, el organismo interamericano ya había manifestado su preocupación por las políticas migratorias y de asilo adoptadas mediante órdenes ejecutivas en Estados Unidos, debido al impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad humana.
En esa ocasión instó a las autoridades estadounidenses a priorizar los derechos humanos en sus prácticas migratorias y de asilo.
También advirtió que la suspensión del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) podría poner en riesgo a refugiados que ya habían sido aprobados por razones humanitarias, y alertó sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, entre otras medidas.
Ataques de EEUU en el Caribe
Los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico y que, según Amnistía Internacional, han dejado al menos 83 muertos, fueron otro de los temas planteados a los funcionarios de la CIDH.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, dijo que el organismo está al tanto de la situación, pero declinó pronunciarse, explicando que se trata de un asunto que requiere tiempo y plazos para recopilar información.
“Hay también un trabajo detrás de escena respecto a lo que hace la Comisión para tener el retrato completo”, señaló.
Reneaum Panszi agregó que la Comisión debe pronunciarse como un cuerpo colegiado y, por tanto, debe aplicar un test de convencionalidad: “lo que está pasando, cómo dialoga o no con el derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho humanitario”.
“Y este test de convencionalidad lo estamos haciendo a partir de evidencias, de testimonios, de acciones concretas, pero pronunciarnos hoy sería faltar a la colegialidad”, afirmó.
Situación en Venezuela
Caballero afirmó que el “silencio” del régimen de Nicolás Maduro frente a las medidas que adopta la Comisión en casos de violaciones a los derechos humanos no detiene su labor ni su mandato.
“La Comisión ve a las víctimas, las reivindica, trata de activar la protección y la cooperación internacional y de estar del lado de la sociedad civil que denuncia la situación”, precisó.
Aunque el régimen venezolano no reconoce la jurisdicción de la CIDH desde 2013, Caballero informó que este año hubo un cambio jurídico relevante, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió una sentencia en la que reconoce que los órganos del sistema interamericano tienen competencia sobre Venezuela.
Por su parte, Reneaum Panszi indicó que están recolectando testimonios y que esperan que todo el material y las medidas cautelares otorgadas sirvan para futuros procesos de justicia transicional.
Venezuela lleva entre 14 y 15 años en el capítulo IV.B del reglamento de la Comisión, considerado el nivel de mayor preocupación cuando se está fracturando el orden democrático de un Estado.
Uno de los temas que se abordarán en las audiencias públicas en Miami será el caso de Venezuela, en particular el seguimiento de las medidas cautelares de personas detenidas y con paradero desconocido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Caballero señaló que esta audiencia permitirá escuchar de forma directa a los representantes de los detenidos.
La CIDH sesionará en la sede de la Universidad de Miami hasta el 21 de noviembre, reuniendo a víctimas, defensores de derechos humanos y representantes gubernamentales de varios países de Latinoamérica y el Caribe.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de noviembre de 2025, 7:00 a. m..
