El estado presiona a las oficinas electorales de la Florida para que revisen las peticiones de enmienda sobre la marihuana
El estado está presionando a las oficinas electorales de la Florida para que revisen las peticiones de la enmienda sobre la marihuana
Mientras la campaña para legalizar la marihuana recreativa en la Florida intenta nuevamente llegar a los votantes, el estado ha ejercido presión sobre los supervisores electorales locales, levándolos, según dijo un funcionario, “a una guerra política”.
Este escrutinio se intensificó esta semana, cuando la Oficina Estatal de Delitos Electorales y Seguridad informó a los supervisores electorales de los condados Orange, Hillsborough y Pinellas que realizaría auditorías de ciertas peticiones verificadas.
No está claro si otros condados también serán auditados. Las oficinas electorales de Broward y Miami-Dade informaron al Herald/Times que no han sido contactadas por el estado.
El gobernador Ron DeSantis se opone firmemente a la marihuana recreativa. En 2024, su administración utilizó el poder estatal y millones de dólares de los contribuyentes para combatir una propuesta de legalización patrocinada por el grupo Smart & Safe Florida.
Este comité intenta otra vez impulsar una iniciativa de legalización y, en demandas judiciales, ha acusado a la administración de DeSantis de retrasos y de emitir directivas destinadas a detenerlos.
Gretl Plessinger, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la “Oficina de Delitos Electorales y Seguridad está realizando auditorías para garantizar que todas las firmas sean legítimas y se hayan recopilado de acuerdo con las leyes estatales”.
Plessinger dijo que en los últimos tres meses, la oficina de delitos electorales ha recibido más de 1,700 avisos de votantes que afirman que sus firmas fueron falsificadas o tergiversadas en las peticiones. (Según la base de datos estatal, hasta el momento se han verificado alrededor de 675,000 peticiones).
Sin embargo, David Ramba, director ejecutivo del grupo Florida Supervisors of Elections, que representa a los 67 funcionarios electorales de todo el estado, dijo que los supervisores de los condados están “atrapados en una guerra política”.
De igual modo, Ramba dijo que los funcionarios electorales de los condados no están ocultando nada en la forma en que manejan las peticiones y que el estado puede revisarlas. Pero agregó que los obstáculos que impone el estado dificultan el trabajo de los supervisores electorales.
En los últimos meses, la administración de DeSantis envió a las oficinas electorales de los condados varios memorandos indicándoles que desecharan algunas peticiones ya validadas o que cambiaran su proceso. En al menos un caso, un funcionario electoral de un condado se opuso a la justificación del estado. Queda menos de un mes para que la enmienda califique para la boleta electoral de 2026. La directora de la División Electoral del estado envió copias de al menos dos de las directivas a la Oficina del Fiscal General, una decisión que, según Ramba, le causaba “muy poca paciencia”.
Una directiva de esta semana indicaba a los supervisores que invalidaran las peticiones recolectadas por 25 recolectores de firmas a quienes se les había revocado el registro. También indicaba que se reevaluaran las firmas recolectadas mientras el registro de los recolectores aún era válido.
El 12 de enero, Maria Matthews, directora de la División Electoral del estado, envió un correo electrónico a por lo menos tres supervisores —Julie Marcus en el Condado Pinellas, Craig Latimer en el Condado Hillsborough y Karen Castor Dentel en el Condado Orange— informándoles que pronto se realizarían auditorías presenciales de las peticiones afectadas.
Castor Dentel confirmó la próxima auditoría cuando fue contactada por teléfono. De acuerdo con los registros públicos, Jillian Pratt, directora de la oficina de delitos electorales, informó a los funcionarios de Pinellas que probablemente los auditores visitarían la oficina la próxima semana.
La semana pasada, Matthews envió un aviso diferente a los supervisores electorales. Parte de una nueva ley exige que los condados envíen notificaciones a los votantes “tan pronto como sea posible” una vez que se haya verificado su petición. La notificación permite al votante marcar su formulario como falsificado, invalidándolo.
En su memorando, la directora dijo que la frase “tan pronto como sea posible” significaba el mismo día en que se verificaba un formulario. Señaló que los funcionarios electorales “deben asegurarse” de que la notificación de verificación se envíe por correo al votante antes de informar al estado sobre la petición validada.
El supervisor electoral del Condado Lake, Alan Hays, respondió rápidamente con preocupación.
“¿Está eso en alguna lista de definiciones estatutarias?”, dijo Hays en su correo electrónico. “NUNCA he sabido que el término ‘tan pronto como sea posible’ signifique o implique el mismo día en que se completa una acción”.
Ramba dijo que la directiva de Matthews no es lo que pretendía la ley, y que si el estado quiere notificaciones el mismo día, puede desarrollar una norma que lo establezca.
“Les dije a mis empleados que no se preocuparan si era al día siguiente porque están cumpliendo con la ley”, declaró Ramba. “Ellos no pueden definir ‘tan pronto como sea posible’”.
La campaña Smart & Safe Florida declaró en un comunicado que el estado está “utilizando todos los medios necesarios para silenciar las voces de más de un millón de votantes de la Florida que han firmado peticiones de manera lícita y legal”. “Parece que no hay nada que impida que la administración evite que estos votantes expresen su opinión”, dijo un portavoz de la campaña.
El año pasado, la División de Elecciones emitió otras dos directivas que desde entonces han sido impugnadas en los tribunales. Una de ellas ordenaba a los supervisores que eliminaran unas 200,000 peticiones que se habían enviado a los votantes por correo directo, una decisión que un juez confirmó el viernes anterior al Día de Acción de Gracias.
Cuando los supervisores no eliminaban esas peticiones con la suficiente rapidez, la administración intervino.
El 2 de diciembre, aproximadamente una semana después de la decisión, Ramba envió un correo electrónico a los supervisores electorales indicando que el secretario de Estado de la Florida y su personal lo habían llamado. En su correo electrónico, Ramba dijo que se le había “dejado claro que esto debe ser una prioridad máxima” y que estaba “trabajando para corregir la idea errónea” de que los supervisores no estaban cumpliendo con la ley.
El supervisor de elecciones del Condado Duval, Jerry Holland, dijo que en los últimos meses, los supervisores han recibido memorandos del estado con el mensaje de: “Hagan esto o aténganse a las consecuencias”.
“Es muy inusual recibir lo que se podría llamar amenazas veladas si no se hace algo”, dijo.
Existe un caso judicial en curso sobre otra directiva estatal del otoño pasado, que ordenaba a los supervisores que eliminaran unas 30,000 peticiones recolectadas por personas que no residen en Florida y unas 42,000 peticiones firmadas por votantes inactivos.
El supervisor de elecciones del Condado Leon, Mark Earley, dijo que las solicitudes del estado para invalidar peticiones ya validadas “aumentan la carga de trabajo”, ya que los supervisores intentan revisar miles de peticiones antes de la fecha límite del 1ro. de febrero.
Earley discrepó en particular con la insistencia del estado en no incluir las peticiones de votantes inactivos, que no han interactuado con el sistema electoral durante un cierto período de tiempo, pero que aún tienen derecho a votar. En un documento judicial presentado en una demanda que Smart & Safe Florida interpuso para impugnar esa directiva, Earley dijo que le pidió a Matthews que reconsiderara el asunto.
Pero Earley dijo en el documento que, dado que no había recibido respuesta de Matthews, ha estado anulando esas verificaciones de peticiones según la solicitud del estado.
Para poder figurar en la boleta electoral de 2026, la campaña a favor de la legalización de la marihuana necesita unas 880,000 peticiones verificadas antes del 1ro. de febrero. Si supera esa cifra, su próximo desafío será obtener la aprobación del Tribunal Supremo estatal.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de enero de 2026, 9:49 a. m..