Un representante estatal cedería el control del Coconut Grove Playhouse a una pequeña localidad a 18 millas de distancia
En uno de los giros más sorprendentes de la larga saga sobre el destino del cerrado Coconut Grove Playhouse, un representante estatal de la Florida está intentando arrebatarle el control del histórico teatro al Condado Miami-Dade y entregárselo a la pequeña localidad de Bay Harbor Islands.
La inusual propuesta se presenta en un proyecto de ley presentado esta semana por el representante estatal Fabián Basabe, cuyo distrito incluye Miami Beach y Bay Harbor, pero no Coconut Grove. El pueblo de Bay Harbor, con una población de aproximadamente 6,000 habitantes, se encuentra a unas 18 millas al noreste del teatro y del barrio de Coconut Grove en Miami.
En un comunicado de prensa que contiene varias imprecisiones evidentes, Basabe afirmó que su objetivo era garantizar la adecuada preservación y restauración del teatro de 1927, un importante hito cultural y arquitectónico del sur de la Florida que ha estado cerrado desde 2006.
El proyecto de ley de Basabe sugiere que Bay Harbor, conocido a nivel nacional en parte por su firme oposición a la preservación histórica, proporcionaría una mejor “gestión” del Coconut Grove Playhouse, de propiedad pública, que la que le da el condado, que tomó el control de la propiedad en 2014 mediante un complejo contrato de arrendamiento con el estado para restaurar y reabrir el deteriorado teatro después de que quebró la organización sin fines de lucro que lo administraba.
Sin embargo, no está claro qué efecto práctico tendría el proyecto de ley de Basabe, ni cómo la pequeña localidad de Bay Harbor podría reunir los recursos o la capacidad para gestionar un proyecto de restauración y construcción de un nuevo teatro a millas de distancia, cuyo costo se estima en decenas de millones de dólares.
Un contratista del condado terminó recientemente de demoler el auditorio del teatro en preparación para la construcción de un nuevo teatro independiente de 23 millones de dólares detrás del histórico, pero muy deteriorado, edificio frontal del teatro, que sería completamente restaurado como parte de un ambicioso y controvertido plan para renovar ampliamente la propiedad.
Ese plan se retrasó durante años debido a litigios por parte de defensores del patrimonio y disputas legales y políticas con funcionarios electos de Miami, incluido el ahora ex alcalde Francis Suárez, que intentó bloquear la demolición. Pero el condado recibió las aprobaciones necesarias de la ciudad y siguió adelante el año pasado después de que los tribunales de primera instancia y de apelación fallaran consistentemente a su favor.
Basabe rechazó las solicitudes de entrevista que le hizo el Miami Herald, citando la cobertura desfavorable anterior del periódico, pero respondió algunas preguntas por correo electrónico. Sugirió que el estado, que no ha ejercido su autoridad para bloquear o solicitar cambios significativos en el plan del condado, necesita tomar medidas enérgicas contra el condado, aunque no especificó cómo. Dijo que el proyecto de ley no busca bloquear el progreso de las obras ni restaurar la sección demolida.
“Este proyecto de ley no se trata de reabrir litigios pasados, cuestionar permisos locales ni deshacer el trabajo que ya se ha completado”, escribió Basabe. “Se trata de la supervisión legislativa y la aplicación de medidas de preservación para una propiedad histórica de propiedad estatal, y las responsabilidades continuas del estado según la ley vigente”.
Basabe no respondió a las preguntas sobre por qué eligió Bay Harbor.
“Bay Harbor Islands se menciona como un posible socio de administración o gestión pública dentro de un marco que permite alternativas si los acuerdos existentes no cumplen con las obligaciones de preservación y de interés público”, escribió. “Bay Harbor, en mi opinión, es una entidad pública en la que se puede confiar como administrador neutral”.
En una breve llamada telefónica con el Herald, el alcalde de Bay Harbor, Isaac Salver, solicitó un correo electrónico con información sobre el tema. No respondió a dos correos electrónicos el miércoles ni a un mensaje de voz el jueves solicitando una entrevista sobre la propuesta del teatro.
La comisionada de Miami-Dade, Raquel Regalado, cuyo distrito incluye Coconut Grove y que ha sido la persona de contacto del condado para el proyecto del teatro, calificó el proyecto de ley de Basabe como una “maniobra publicitaria” y dijo que la propuesta de Bay Harbor le resultaba desconcertante. Dijo que no hay base legal y cree que no hay apoyo político para el proyecto de ley, señalando que no tiene un proyecto de ley equivalente en el Senado.
“No sé por qué esa ciudad en particular. Ni siquiera hay una conexión con el teatro”, apuntó Regalado, y agregó que se había reunido con Basabe para abordar sus inquietudes. “Creo que tiene un problema con este proyecto y solo quiere salir en las noticias”.
Regalado también dijo que los funcionarios estatales de preservación han sido informados periódicamente sobre el progreso del plan del condado, y que visitaron la propiedad y recibieron una presentación sobre los planes de diseño el año pasado, antes de la demolición. No presentaron objeciones, dijo Regalado.
Una portavoz del Departamento de Estado de la Florida, que supervisa el programa estatal de preservación, no respondió a las solicitudes de aclaración sobre la posición de los funcionarios con respecto al teatro.
El plan del condado para el Coconut Grove Playhouse
El proyecto de ley de Basabe llega unos seis meses después de que el condado finalmente puso en marcha su plan para renovar el teatro, que en su día fue el principal teatro en vivo de la región y considerado un ejemplo de la arquitectura de inspiración mediterránea de la década del 20.
Los defensores del patrimonio presentaron una última impugnación para intentar bloquear el uso por parte del condado de $15 millones provenientes de bonos para financiar el proyecto, alegando que el gasto contraviene el texto de la papeleta electoral que autorizó el programa de financiación cultural y que prometía una “reconstrucción” del teatro.
El juez del caso desestimó la solicitud de los demandantes de bloquear la demolición parcial del teatro. El juicio está programado para junio, aunque el condado le solicitó al juez que desestimara el caso.
El plan del condado contempla la demolición del auditorio del teatro, una obra que ya se ha completado, y su reemplazo por un nuevo teatro independiente con una capacidad significativamente menor. Según este plan, el emblemático edificio frontal de estilo mediterráneo del teatro será completamente restaurado. Este edificio de tres pisos ha sido estabilizado con soportes temporales desde que parte del techo interior se derrumbó el verano pasado durante los trabajos preparatorios. Los planos de construcción finales para el nuevo teatro ya están listos y se presentarán próximamente al departamento de construcción de la ciudad, según informaron los responsables del proyecto.
Mientras tanto, la autoridad de estacionamiento semiautónoma de la ciudad construiría un nuevo estacionamiento en el terreno adyacente. Los ingresos del estacionamiento, que incluirá locales comerciales y oficinas, ayudarían a financiar la renovación del edificio frontal y las operaciones del teatro, que serán gestionadas por la compañía teatral GableStage. El estado de esta parte del plan no está claro.
Funcionarios y consultores del condado, señalando que la organización sin fines de lucro que anteriormente gestionaba el teatro fracasó en gran parte porque no podía llenar sus 1,100 asientos, han afirmado que el nuevo teatro de 300 asientos será mucho más sostenible financiera y artísticamente.
Los defensores del patrimonio y algunos amantes del teatro habían presionado para que se conservara todo el teatro, incluido el auditorio, y para que tuviera una mayor capacidad, de alrededor de 700 asientos. También se han quejado de que el espacio comercial previsto equivale a convertir el teatro en un “centro comercial”.
El proyecto de ley de Basabe
Basabe cita una carta de 2019 de funcionarios estatales de preservación histórica que expresaron su preocupación de que los cambios previstos en el teatro pudieran poner en peligro su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2018, una lista mayormente honorífica que no confiere ninguna protección. Esa carta, de hace siete años, es de dominio público desde hace tiempo. También sugirió que los funcionarios han expresado recientemente su preocupación por el estado del edificio frontal que aún se conserva, pero no proporcionó ninguna documentación al respecto, y pidió al Herald que presentara una solicitud de acceso a la información pública.
Algunas afirmaciones de su comunicado de prensa parecen ser inexactas. Basabe afirma que el plan del condado viola las regulaciones estatales y locales de preservación histórica porque la ciudad de Miami designó toda la estructura como monumento histórico protegido en 2005.
Pero, de hecho, el interior, incluido el auditorio, nunca se incluyó en la designación, solo el edificio frontal y la superficie del edificio, para que la junta de preservación histórica de la ciudad pudiera tener voz y voto en cualquier renovación futura. La junta municipal, que tiene autoridad sobre las designaciones y las nuevas construcciones en sitios históricos, finalmente aprobó la demolición del auditorio tras determinar que no era lo suficientemente importante como para conservarlo, una posición que fue confirmada por decisiones judiciales.
Basabe también dijo que Miami-Dade está violando “una orden judicial vigente que exige que se detengan las actividades de demolición hasta que se cumplan ciertas condiciones legales”. Pero no parece existir tal orden judicial. Regalado dijo que no existe ninguna. El abogado David Winker, que ha representado a defensores del patrimonio en varias demandas judiciales, incluido el caso pendiente, dijo que no tiene conocimiento de ninguna orden de este tipo.
Regalado dijo que cualquier trabajo de demolición interior que se esté realizando actualmente tiene como objetivo preparar el edificio frontal para un refuerzo estructural planificado.
El proyecto de ley de Basabe exige que Bay Harbor consulte con la ciudad de Miami y con el estado de la Florida para llevar a cabo “alternativas factibles y prudentes a la demolición o alteración del teatro, y sobre cada renovación que planee realizar para proteger el valor histórico y cultural de la propiedad”.
También exige que Bay Harbor utilice “fondos públicos y otros fondos reservados para el teatro”, aunque el dinero asignado para el proyecto proviene de fondos del condado, complementados por una subvención de la Fundación Knight. En su respuesta por correo electrónico a las preguntas, Basabe afirmó que el propósito del proyecto de ley —aunque no se especifica en el texto— es reafirmar la autoridad estatal sobre el proyecto del teatro. Sostiene que el estado, como propietario y arrendador, tiene la responsabilidad última del destino del teatro, independientemente de las decisiones judiciales, del condado o de la ciudad que permitan que el proyecto siga adelante.
“Esta legislación tiene como objetivo lograr claridad y rendición de cuentas, exigiendo que el Estado determine si se está cumpliendo con el contrato de arrendamiento y si se requieren medidas coercitivas antes de que se produzcan daños irreversibles”, escribió. “No reabre antiguas disputas ni busca culpables, sino que establece un camino claro y legal que respeta la legislación sobre preservación del patrimonio, las sentencias judiciales y la confianza pública”.
“El proyecto de ley no pretende revertir la demolición ya realizada, detener los trabajos de refuerzo ni bloquear la construcción de un nuevo teatro”, añadió. “Su propósito es impulsar una supervisión activa en el futuro, no una acción retroactiva. Esta legislación no es en contra del teatro, ni contra el condado ni contra la ciudad. Es a favor del proceso, a favor de la preservación y se enfoca en la rendición de cuentas respecto a un bien histórico de propiedad estatal”.