El fiscal general de la Florida rechaza la presión de los alguaciles para facilitar las deportaciones
El martes, James Uthmeier, fiscal general de Florida, rechazó el esfuerzo de algunos de los principales alguaciles del estado para suavizar la aplicación de las leyes de inmigración, diciendo que no apoyaría su plan de solicitarle formalmente al Congreso a hacer menos severas la política federal de deportación.
En una conferencia de prensa en Orlando, Uthmeier trazó una línea firme contra una postura recientemente emergente de los miembros del Consejo Estatal de Control de Inmigración de Florida, quienes ayer rompieron con el enfoque tradicionalmente duro del estado y pidieron más indulgencia hacia los inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales.
“Yo no escribo la ley, la hago cumplir”, dijo Uthmeier. “Si hay personas aquí ilegalmente, entonces están infringiendo la ley y vamos a hacerla cumplir”.
Los comentarios pusieron a Uthmeier en total desacuerdo con el alguacil del Condado Polk, Grady Judd, y otros miembros del consejo, quienes sugirieron el lunes que a algunos inmigrantes indocumentados, sobre todo aquellos que trabajan, crían familias y no tienen historial delictivo, se les debería permitir permanecer en el país bajo ciertas condiciones.
Judd, antiguo aliado del gobernador Ron DeSantis y un arquitecto clave de la agresiva postura migratoria de Florida, Judd propuso redactar una carta al presidente Donald Trump y a los líderes del Congreso instando a un enfoque más específico para las deportaciones.
Uthmeier dejó claro el martes que no está de acuerdo y dijo que “no apoyaría la carta”.
La respuesta subraya una marcada e inusual división dentro de las filas republicanas de las fuerzas del orden de la Florida. Durante años, los líderes estatales bajo el gobierno de DeSantis han impulsado una amplia cooperación con las autoridades federales de inmigración, con políticas basadas en la idea de que cualquier inmigrante indocumentado en el país viola la ley y está sujeto a expulsión.
Pero varios alguaciles del consejo estatal argumentaron en una reunión el lunes que el enfoque actual puede ser demasiado amplio, advirtiendo que los esfuerzos de deportación masiva están arrasando con personas que son miembros contribuyentes de sus comunidades.
Uthmeier, sin embargo, rechazó esa distinción, señalando casos en los que inmigrantes indocumentados cometieron delitos graves y argumentando que las violaciones de inmigración en sí mismas conllevan riesgos para la seguridad pública.
También atribuyó a la agresiva estrategia de aplicación de la ley de la Florida avances más amplios en materia de seguridad pública, citando la disminución de las tasas de delincuencia y criminalidad y una caída significativa en las muertes relacionadas con el fentanilo.
“Somos el estado grande más seguro del país para formar una familia y vamos a seguir así”, dijo.
El fiscal general también reiteró que los gobiernos locales no tienen discreción para optar por no aplicar la ley de inmigración, haciendo referencia a los recientes acercamientos estatales a ciudades como Tampa. Según la ley de la Florida, dijo, los funcionarios locales deben hacer sus “mejores esfuerzos” para ayudar a las autoridades federales.
“Esto no es opcional”, dijo Uthmeier. “No vamos a tener jurisdicciones santuario en Florida”.
