La policía de Miami traicionó a las madres de adolescentes asesinados y luego les envió una factura de 1,831 dólares, según una demanda
Dos madres que sufrieron durante años por el asesinato sin resolver ocurrido en Liberty City de sus hijos adolescentes en 2009, están demandando al Departamento de Policía de Miami por no haberles informado que el asesino había confesado en secreto y se le había concedido inmunidad judicial.
Para colmo de males, afirman, el departamento se niega a entregarles el expediente del caso a menos que paguen 1,831 dólares.
Lasonja “Sonja” Mills y Tangela Johnson presentaron una demanda el jueves por la mañana alegando retención ilegal de registros públicos, retención de mala fe, cobro de tarifas excesivas y violación de sus derechos como víctimas de delitos, amparadas por la Ley Marsy (Marsy’s Law). Solicitan la entrega de nueve cajas de material del caso en poder de la policía de Miami, con el fin de comprender por qué los detectives y los fiscales estatales llegaron a ese acuerdo.
Un portavoz del departamento de policía declaró que la agencia no hace comentarios sobre litigios en curso.
En el 2024, las madres se enteraron a través del Miami Herald, de que al asesino, William “Little Bill” Brown, se le había concedido impunidad por múltiples tiroteos, entre otros el que cobró la vida de sus hijos adolescentes. Aquella noche del 23 de enero de 2009, Brown y otro joven —ya fallecido— dispararon ráfagas de balas contra un grupo de adolescentes en Liberty City, matando a Derrick Lamont Gloster Jr., de 18 años, y a Brandon Rashad Mills, de 16. Otros siete jóvenes resultaron heridos.
Brown fue condenado a 25 años de cárcel por dos asesinatos distintos, pero no cumplió ni un solo día de cárcel por los otros homicidios que confesó haber cometido. Según sus propias admisiones, estuvo implicado en los tiroteos que afectaron a 15 personas, seis de las cuales resultaron muertas.
“Nos trataron como si nuestros hijos hubieran sido los homicidas”, declaró el miércoles por la noche Mills, madre de Brandon. “Y desde hace muchos años, ahora que nuestros hijos ya no están, tratan a nuestras familias como si nosotros fuéramos los criminales. Mientras tanto, al verdadero asesino lo han tratado como a un rey durante 17 años”.
Tras la publicación de la serie de investigación del Herald titulada Deal with the Devil (Pacto con el diablo), Brown fue trasladado a una prisión estatal. Hasta entonces, había permanecido recluido durante años en la cárcel del condado, recopilando información para la policía y los fiscales.
La relación poco ortodoxa entre Michael Von Zamft, fiscal de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade, y Brown condujo el año pasado a la liberación de un recluso que cumplía cuatro cadenas perpetuas —Taji Pearson— y contribuyó a que se retirara la pena de muerte, también el año pasado, para otro recluso: Corey Smith. La abogada de Pearson, Michele Borchew —quien fue la primera en descubrir pruebas del acuerdo indebido con Brown— representa ahora a Mills y a Johnson en su demanda contra el Departamento de Policía de Miami.
Johnson, madre de Derrick, declaró que buscan obtener “claridad y rendición de cuentas”.
“Sinceramente, nos preocupa que la investigación haya sido incompleta, sesgada o gestionada de manera inapropiada”, afirmó. “... Nuestra esperanza es que, a través de la transparencia, podamos comprender mejor las decisiones que se tomaron e identificar cualquier laguna que pudiera haber impedido un resultado justo”, añadió.
Mientras Mills y Johnson permanecían ajenas a todo, Von Zamft ayudó a reubicar a la madre del asesino bajo el programa de reubicación para la protección de testigos. Posteriormente, la policía se hizo cargo del pago de su alquiler, según revelan los registros del caso de Pearson.
Von Zamft, que se jubiló y se mudó fuera del estado, continúa bajo investigación por parte del Colegio de Abogados de la Florida (Florida Bar), según informó el jueves una portavoz.
En la demanda, las madres señalan que llevan dos años solicitando los expedientes a través de su abogada, Borchew. Aun si pagaran los 1,831 dólares, la policía no ofrece entregar la totalidad de los registros del caso. El departamento alega que el caso sigue abierto y que, por tanto, no pueden divulgar “detalles específicos sobre la investigación”, tal como consta en uno de los documentos adjuntos a la demanda.
Tras la publicación de la serie de reportajes del Herald, el departamento de policía reactivó la investigación; sin embargo, esta no derivó en ninguna detención.
En su demanda, las madres argumentan que no existe posibilidad alguna de que se inicie un proceso penal, por lo que los materiales del caso deberían hacerse públicos. Sostienen que, en virtud de la Ley de Marsy —que entró en vigor en la Florida hace siete años—, tienen derecho a ser informadas sobre el caso. Aunque dicha ley aún no existía en el momento en que se alcanzó el acuerdo extrajudicial, la demanda argumenta que la “ocultación continuada de estos hechos” constituye una violación de sus derechos. Asimismo, alegan que, en su calidad de familiares directos de las víctimas, deberían tener derecho a recibir los documentos del caso “sin tener que pagar tasas irrazonables”.
“El verdadero propósito de retener los registros —afirma la demanda— es ocultar la conducta indebida de la fiscalía y el acuerdo secreto de inmunidad que permitió a un asesino en masa confeso quedar en libertad, y no proteger una investigación en curso”.
