Comité de Ética del Congreso acusa a demócrata de Florida de 25 cargos de conducta indebida
El Comité de Ética de la Cámara de Representantes declaró que 25 cargos de conducta indebida imputados a la congresista del sur de la Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, han sido “probados mediante pruebas claras y convincentes”, tras una votación a puerta cerrada celebrada en la madrugada del viernes y una inusual audiencia televisada la noche del jueves.
El personal del Comité de Ética había acusado a la demócrata de 27 cargos de conducta indebida. Muchos de los cargos estaban relacionados con millones de dólares pagados a la empresa de atención médica de su familia en virtud de contratos estatales vinculados al COVID-19, fondos que terminaron ingresando en las arcas de su campaña electoral especial de 2021.
Su abogado argumentó el jueves que la totalidad de esos fondos le pertenecían legítimamente y que ella ejerció el derecho que asiste a cualquier miembro del Congreso de utilizar una cantidad ilimitada de su propio dinero para intentar ser elegida. El Comité de Ética de la Cámara no compartió este criterio.
Asimismo, según el comité, se consideraron “probadas” las alegaciones relativas a reiteradas infracciones de las normas de financiación de campañas, así como la concesión de favores especiales en relación con la asignación de fondos congresuales a proyectos locales.
Existían, además, alegaciones adicionales que sostenían que la congresista aceptó donaciones corporativas indebidas provenientes de una compañía petrolera con sede en Florida, denominada PetroGaz-Haiti, para financiar su campaña de reelección de 2022.
El comité la declaró culpable de aceptar “fondos canalizados” procedentes de dicha empresa, al desviar de manera indebida donaciones corporativas hacia su campaña a través de entidades interpuestas; no obstante, el comité se abstuvo de respaldar la postura de su propio personal, que calificaba tales acciones como “lavado de dinero”.
La acusación de lavado de dinero en relación con los fondos de PetroGaz-Haiti constituyó uno de los dos únicos cargos que el comité no consideró probados. El segundo cargo desestimado fue el de falta de franqueza durante el transcurso de la investigación llevada a cabo por el Comité de Ética.
El Comité de Ética celebrará ahora una reunión para deliberar sobre las posibles consecuencias disciplinarias; asimismo, el asunto podría someterse a una votación plenaria de la Cámara de Representantes de EEUU para decidir sobre la censura o la expulsión de la congresista.
“Poco después de que la Cámara regrese de su receso de abril, el Comité en pleno celebrará una audiencia para determinar qué sanción —si es que alguna resulta pertinente— sería apropiado recomendar”, rezaba el comunicado emitido por el Comité de Ética el viernes.
La legisladora demócrata enfrenta también cargos penales en los que se le acusa de haber sustraído fondos de ayuda para el COVID-19, tras un error de pago en exceso por valor de $5 millones cometido por el Estado a favor de la empresa de atención médica de su familia. Tanto el Departamento de Justicia como el Comité de Ética de la Cámara la han acusado de haber desviado parte de esos fondos hacia su campaña electoral. Ella se ha declarado inocente.
La reportera del Miami Herald Jacqueline Charles contribuyó a este informe.