La ciudad de Miami deja de pagar los abogados de Joe Carollo en una demanda
El equipo legal que representa a Joe Carollo en una demanda que una compañía de seguros interpuso contra la ciudad de Miami dejó de representar al excomisionado del Distrito 3, después de que la ciudad decidió no hacerse cargo de los gastos de sus abogados.
En una moción presentada en nombre propio y de otros tres abogados del bufete Rivero Mestre, LLP —con sede en Coral Gables—, el letrado Jorge A. Mestre declaró que Carollo “ha incumplido sustancialmente una obligación contraída con el bufete”. Un juez accedió a la solicitud de los abogados de retirarse del caso.
Este cambio deja a Carollo sin representación en una demanda presentada hace casi dos años por QBE Specialty Insurance Company, la cual busca recuperar millones de dólares en honorarios legales que desembolsó para defender a Carollo en diversos litigios iniciados desde 2018. Estaba previsto que el caso fuera a juicio este mismo mes, pero el juez lo suspendió por un plazo de 30 días para dar tiempo a Carollo a encontrar un nuevo abogado.
Al ser contactado telefónicamente esta semana, Carollo afirmó que aún no había contratado nuevos asesores legales y que la ciudad no le informó con antelación que perdería su representación.
La retirada del equipo legal del caso constituye la novedad más reciente en la intrincada maraña de litigios que ha envuelto a la ciudad y a Carollo durante años, todos ellos derivados de las mismas acusaciones generales formuladas por los empresarios de La Pequeña Habana, Bill Fuller y Martin Pinilla.
Ambos obtuvieron una sentencia favorable de $63.5 millones contra Carollo en 2023, después de que un jurado determinó que Carollo había utilizado los recursos de la ciudad como arma en su contra y en la de sus negocios, en represalia por el apoyo que Fuller y Pinilla brindaron al oponente de Carollo en las elecciones de 2017.
En 2024, QBE demandó a la ciudad, a Carollo y a varios empleados municipales, así como a Fuller y a Pinilla. La aseguradora de la ciudad argumentó que no tiene la obligación de cubrir los gastos legales acumulados en los múltiples litigios presentados por Fuller y Pinilla en relación con la conducta de Carollo, citando, entre otros argumentos, una declaración del Tribunal Supremo de Florida según la cual “nadie debería poder asegurarse contra su propia conducta dolosa intencionada”.
QBE declaró que “Carollo —mediante sus propias acciones y reclutando a otros para que cumplieran sus órdenes— emprendió una campaña de represalias y acoso de años de duración, con el objetivo consciente de infligir daño a” Fuller y Pinilla, así como a sus negocios.
El abogado de la ciudad, George Wysong, comunicó al Miami Herald la semana pasada que, aunque la ciudad había estado cubriendo anteriormente los honorarios legales de Carollo en la demanda de QBE, paró de hacerlo después de que, en marzo, la Corte Suprema de EEUU desestimó la apelación de Carollo en el caso inicial que derivó en el veredicto de $63.5 millones en 2023. Dado que existen varios casos relacionados, dicha demanda —presentada por Fuller y Pinilla en 2018— se denomina en los documentos judiciales como “Fuller I”.
Wysong señaló que la ciudad continúa cubriendo los honorarios legales de Carollo en otra demanda distinta, interpuesta por el ex jefe de policía de Miami, Art Acevedo.
Entretanto, la ciudad acordó recientemente demandar a Carollo para reclamarle los honorarios legales que desembolsó para defenderlo en la demanda “Fuller I”, aunque los funcionarios municipales reconocieron que dicha medida es, en gran medida, simbólica.
Fuller y Pinilla aún no han logrado cobrar la indemnización de $63.5 millones que obtuvieron por sentencia judicial, dado que los tribunales han dictaminado que la residencia de Carollo en Coconut Grove y sus salarios están protegidos contra embargos. Wysong explicó a los comisionados que, incluso si un juez dictamina que Carollo adeuda a la ciudad los honorarios legales, esta se situaría, aun así, por detrás de Fuller y Pinilla en el orden de prioridad para el cobro de fondos por parte de Carollo.
Dado que Carollo declaró un patrimonio neto negativo de $62.8 millones en su última declaración financiera, Fuller y Pinilla han orientado sus esfuerzos a obtener el cobro de otras fuentes con mayor solvencia económica.
A principios de 2024, la pareja demandó a QBE, reclamando la suma de $18.6 millones, “más los intereses devengados tras la sentencia y los honorarios de abogados posteriores al fallo”. Sus argumentos avanzan ahora en calidad de reconvenciones, enmarcadas dentro del proceso judicial de la demanda contra QBE.
Posible acuerdo extrajudicial a la vista
Estaba previsto que la demanda contra QBE llegara a juicio el 20 de abril, sin embargo, el proceso se complicó cuando los abogados de Carollo renunciaron a su representación. Documentos judiciales recientes sugieren que podría haber un acuerdo extrajudicial en el horizonte. La semana pasada, QBE solicitó al juez que ordenara una “conferencia de conciliación global” ante un juez magistrado federal, argumentando que “las mediaciones anteriores con mediadores privados han resultado infructuosas y no han llegado a ningún acuerdo”.
QBE solicitó que dicha conferencia de conciliación confidencial se celebrara antes del 1ro. de junio, con antelación al juicio previsto para el otoño de 2026 en otra demanda relacionada con Carollo, conocida como “Fuller II”.
Las alegaciones formuladas en este caso guardan un estrecho paralelismo con las del litigio que culminó en la sentencia de $63.5 millones; en ambas causas, Fuller y Pinilla sostienen que Carollo movilizó una “maquinaria gubernamental” en su contra —así como contra un gran número de sus empresas— a modo de represalia política. La ciudad es el único demandado que permanece en dicho caso.
El abogado Jeff Gutchess, que representa a Fuller y Pinilla, declaró esta semana al Herald que hace varias semanas envió a la ciudad una oferta de acuerdo en relación con la demanda “Fuller II”, pero que la ciudad nunca respondió. Describió la situación como un “silencio total y absoluto” por parte de los abogados de la ciudad.
“No hablan con nosotros”, dijo Gutchess.
La ciudad de Miami declinó hacer comentarios para este reportaje.
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