La Florida podría prohibir a estudiantes indocumentados el acceso a universidades públicas
Una propuesta del Departamento de Educación de la Florida podría prohibir a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país matricularse en las universidades públicas del estado, y otorgaría a las instituciones una mayor discreción para considerar los historiales disciplinarios de los solicitantes. La medida administrativa se produce tras una serie de intentos legislativos fallidos para restringir la matriculación de no ciudadanos.
La medida, sujeta a una audiencia pública el 14 de mayo en el Miami-Dade College (MDC), exigiría a las juntas directivas de todo el Sistema Universitario de la Florida verificar que cada estudiante admitido sea ciudadano estadounidense o se encuentre legalmente en el país. Los solicitantes tendrían que presentar documentación “clara y convincente” que acredite su estatus antes de ser aprobados.
Dicha prueba tendría que cumplir con un alto umbral probatorio: documentación que sea “creíble, precisa y contundente”, de acuerdo con la propuesta.
La norma también permitiría explícitamente a las universidades tomar en cuenta la mala conducta pasada de los solicitantes, ampliando potencialmente la forma en que las instituciones evalúan a los futuros estudiantes más allá de su rendimiento académico.
La norma propuesta se aplicaría a las 28 universidades estatales —incluyendo el MDC y el Broward College— pero no a las 12 universidades públicas de la Florida, como la Universidad de Florida (UF) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU), que se rigen por una junta directiva independiente.
De aprobarse, la medida podría restringir significativamente el acceso al sistema universitario estatal para los estudiantes sin estatus migratorio legal, aunque aún no está claro cuántos se verían afectados.
El Departamento de Educación no respondió a las solicitudes de comentarios.
La Florida ya ha tomado medidas para endurecer las políticas que afectan a los estudiantes inmigrantes y a la conducta dentro de los recintos. El año pasado, los legisladores revocaron la elegibilidad para la matrícula con tarifa de residente estatal a cerca de 6,500 estudiantes que fueron traídos a los EEUU siendo niños y sin estatus legal, lo que provocó que sus cuotas anuales de matrícula se dispararan hasta un 300 por ciento y llevó a algunos de los estudiantes afectados a abandonar sus estudios.
Durante la pasada sesión legislativa, los legisladores republicanos intentaron en múltiples ocasiones imponer restricciones similares a la admisión universitaria para personas indocumentadas y no residentes de la Florida.
La representante estatal Jennifer Kincart-Johnson, republicana por Lakeland, patrocinó un proyecto de ley que, en un momento dado, incluía un tope del cinco por ciento para la admisión de estudiantes de pregrado no residentes; sin embargo, la disposición fue eliminada por el Senado antes de que la medida llegara al escritorio del gobernador. Otro proyecto de ley, impulsado por el representante estatal Berny Jacques —republicano por Seminole—, buscaba limitar la matriculación de ciudadanos extranjeros y no residentes permanentes, pero nunca llegó a debatirse en el pleno de la Cámara de Representantes.
La senadora estatal Erin Grall (republicana por Vero Beach) presentó una propuesta independiente que habría prohibido a cualquier institución pública de educación superior admitir a estudiantes sin estatus migratorio legal, pero la proposición no recibió una audiencia en comité este año.
