ONG: Cuba alcanza récord con 1,260 presos políticos y denuncian graves amenazas
La organización Prisoners Defenders informó que Cuba alcanzó un nuevo récord con 1,260 presos políticos y documentó denuncias de violencia sexual en prisión, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte.
Entre los detenidos hay 23 nuevos presos políticos, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas, detalló la organización no gubernamental en su informe de abril divulgado el jueves.
“Los 23 nuevos presos políticos incorporados a la lista muestran una intensificación imparable de la represión en Cuba, caracterizada por detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, amenazas, campañas de descrédito y criminalización de cualquier forma de expresión crítica contra el régimen”, se señaló en el reporte.
Prisoners Defenders precisó que se ha incrementado “gravemente el clima de terror y amenazas” contra los presos políticos cubanos y sus familias.
Varios presos políticos, familiares y activistas han denunciado que funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado están advirtiendo a los reclusos que, en caso de una supuesta intervención o ataque militar de Estados Unidos contra Cuba, los presos políticos serían ejecutados, según la organización.
“Estas amenazas han sido reiteradas en distintos centros penitenciarios y contra casos específicos, generando un profundo pánico entre los presos de conciencia y sus familiares debido al historial represivo y criminal del régimen cubano”, indicó.
Entre quienes permanecen entre rejas, 449 presos políticos padecen enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación sistemática de atención médica.
Asimismo, 51 presos políticos con graves trastornos mentales permanecen encarcelados sin tratamiento psiquiátrico adecuado, en condiciones incompatibles con su estado de salud.
La lista incluye además a 35 menores de edad represaliados políticamente y a 142 mujeres encarceladas por motivos políticos.
Acusaciones de desorden público o sabotaje
El régimen cubano continúa recurriendo a acusaciones imprecisas como “desórdenes públicos”, “desacato” o “sabotaje”, sin pruebas conocidas ni garantías procesales, y mantienen a los detenidos en prisión provisional o bajo medidas cautelares arbitrarias, en todo caso siempre sin tutela judicial, se detalló en el informe.
En el reporte se detallaron algunos de los casos más representativos entre los 23 nuevos presos políticos como Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman” y campeón cubano de artes marciales mixtas.
El deportista fue detenido tras protagonizar una protesta pacífica e individual contra el régimen cubano, en abril en Marianao, La Habana, después de permanecer durante aproximadamente nueve días manifestándose desde el balcón de su vivienda con consignas críticas hacia el gobierno.
La detención fue ejecutada por agentes vestidos de civil mediante el uso de violencia física y sin orden de arresto ni tutela judicial. Lo trasladaron a Villa Marista, un conocido centro de torturas de la Seguridad del Estado, precisó la organización.
Durante el proceso, las autoridades intentaron desacreditarlo alegando supuestos trastornos mentales, extremo desmentido posteriormente por un examen médico oficial que confirmó que no presentaba alteraciones psiquiátricas.
Actualmente permanece en prisión provisional, sin tutela judicial, por un supuesto delito de “Desórdenes públicos”, sin que se hayan presentado públicamente pruebas ni cargos
Otros de los detenidos son Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte residente en Sagua de Tánamo, Holguín. Fue detenido a principios de abril de 2026 bajo la acusación de haber pintado supuestos carteles con mensajes contra el régimen.
Hasta el momento no se han hecho públicos cargos formales ni existe información oficial sobre su situación procesal o el lugar exacto donde permanece recluido.
Bárbaro de la Nuez Ramírez, sindicalista independiente de 60 años y hermano del también activista Juan Alberto de la Nuez, fue detenido arbitrariamente en la cuarta semana de abril de 2026 en Cienfuegos tras registros simultáneos en su vivienda y la de su madre.
Las autoridades lo mantuvieron bajo investigación por un presunto delito de “Sabotaje” relacionado con su activismo y publicaciones en redes sociales, en medio de un operativo represivo previo al 1 de mayo contra sindicalistas independientes. Aunque fue excarcelado semanas después, continúa sometido a vigilancia, interrogatorios y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado.
En un contexto similar, el periodista independiente y activista Luis Ángel Cuza Alfonso, miembro del MONR y del Movimiento Democracia, fue detenido violentamente a finales de abril de 2026 en La Habana mientras se encontraba junto a su hija menor de edad.
Su caso se enmarca igualmente en la ola de arrestos preventivos y represión contra activistas y periodistas independientes antes de las movilizaciones oficiales del 1 de mayo.
14 menores de edad encarcelados en Cuba
Entre los nuevos casos documentados en 2026 figuran además cuatro menores recientemente encarcelados en el contexto de las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, desencadenadas por la grave crisis social y la falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua y alimentos.
Todos fueron detenidos sin garantías judiciales efectivas, permanecen en prisión provisional y han sido acusados de delitos graves, bajo procedimientos opacos y con denuncias de tortura, malos tratos y aislamiento, se destacó en el informe.
Uno de los casos más conocidos y visibles internacionalmente es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años de edad, cuya situación ha sido ampliamente denunciada por medios de comunicación. El menor fue acusado de “sabotaje” tras ser citado a una estación policial en el contexto de las protestas de marzo de 2026 en Morón, Ciego de Ávila, y posteriormente trasladado a la prisión de Canaleta, una prisión de máxima severidad para adultos.
Su familia ha denunciado reiteradamente condiciones inhumanas de reclusión, falta de atención médica adecuada y constantes presiones psicológicas, así como intentos de manipulación propagandística por parte del régimen para ocultar su verdadero estado.
“La situación del menor es extremadamente alarmante: Jonathan presenta antecedentes médicos graves, padece dishidrosis severa y tiene el sistema inmunológico debilitado tras sufrir infecciones bacterianas de alta gravedad, por lo que requiere tratamiento médico urgente que se le está negando en la mazmorra infernal donde se encuentra”, se precisó.
Ante la gravedad del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor mediante la Resolución 30/2026, al considerar que su vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo grave e irreparable mientras permanece detenido.
Otro de los menores encarcelados es Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años de edad, detenido igualmente en el contexto de las protestas de Morón y posteriormente trasladado a prisión junto a Jonathan David Muir Burgos. Ambos menores permanecen recluidos en la prisión de máxima severidad para adultos de Canaleta, en Ciego de Ávila, “en condiciones deplorables y sometidos a amenazas y presiones para firmar declaraciones inculpatorias falsas sobre delitos que no han cometido”.
“Ambos jóvenes están incluidos en nuestra lista de presos extremadamente vulnerables y en grave riesgo, y reclamamos su liberación inmediata”, dijo la organización.
Además de los cuatro menores recientemente encarcelados en 2026, han documentado otros diez menores de edad que aún permanecen privados de libertad por motivos políticos en Cuba desde años anteriores.
La mayoría fueron detenidos siendo adolescentes de 16 o 17 años en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 y acusados principalmente de delitos como sedición, desórdenes públicos, sabotaje, atentado o hurto.
Las condenas impuestas o solicitadas contra estos menores alcanzaron penas extremadamente severas, con una media aproximada de 5 años de privación de libertad, aunque en varios casos las peticiones fiscales iniciales oscilaron entre 10 y 20 años de privación de libertad.
Estos casos se suman a las reiteradas denuncias internacionales sobre la situación de los menores privados de libertad en Cuba.
Violencia sexual como castigo
Diversos testimonios y denuncias públicas apuntan a un patrón de utilización de presos comunes violentos como mecanismo de castigo, intimidación y represalia contra los presos políticos, especialmente manifestantes del 11J, según el informe.
Uno de los casos más graves denunciados salió a la luz el 26 de abril de 2026, es de un joven preso político encarcelado por las protestas del 11 de julio que habría sido víctima de una agresión sexual dentro de la prisión de Guanajay, en Artemisa, con la “complicidad y bajo órdenes de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado”.
La víctima, cuya identidad no se revela por razones de seguridad, quedó ingresada en el área médica de la prisión en estado de shock y con graves afectaciones físicas y psicológicas.
La denuncia señala además como presunto agresor al recluso Roberto Valdés Alonso, conocido como el “Gago de San José”, un preso común con antecedentes de extrema violencia y acusado previamente de agresiones sexuales dentro del penal, de acuerdo con el reporte.
“La utilización de este recluso contra presos políticos no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón represivo dentro de Guanajay, y en numerosas prisiones del país contra presos políticos”, dijo la organización.
