Sur de la Florida

Analistas estatales predicen cuánto perjudicarían a los gobiernos locales los recortes a impuestos sobre la propiedad

Vista del Capitolio de la Florida el miércoles 5 de marzo de 2025, en Tallahassee, Florida.
Vista del Capitolio de la Florida el miércoles 5 de marzo de 2025, en Tallahassee, Florida. mocner@miamiherald.com

Si los votantes aprueban el recorte del impuesto sobre la propiedad en la boleta electoral de noviembre, las ciudades, los condados y los distritos fiscales especiales perderán casi 5,000 millones de dólares el primer año y cerca de 12,000 millones en el quinto año, según proyecciones elaboradas el viernes por economistas estatales.

Los propietarios de viviendas principales (homesteads) serán los beneficiarios iniciales de la enmienda, pero aquellos que poseen propiedades que no son su residencia principal —incluidas empresas y dueños de casas de vacaciones o condominios— también obtendrán beneficios en años futuros.

De acuerdo con las estimaciones aprobadas por la Oficina Legislativa de Investigación Económica y Demográfica, los gobiernos locales sufrirán un impacto de $5,000 millones en el año fiscal 2027-2028, seguido de una reducción de casi 8,800 millones al año siguiente.

En el tercer y cuarto año tras la aprobación de la enmienda, los gobiernos locales experimentarán recortes de 9,700 millones y 10,750 millones de dólares, respectivamente.

La enmienda necesita el apoyo del 60 por ciento de los votantes para ser aprobada. Los legisladores tomaron la medida redactada por la oficina del gobernador Ron DeSantis y la modificaron para excluir los impuestos escolares del aumento en la exención por vivienda principal, la cual pasará de 50,000 a 150,000 dólares en 2027 y a 250,000 dólares en 2028.

Otro aspecto de la propuesta reduce el límite máximo de los aumentos anuales en la valoración fiscal de propiedades que no son residencia principal. El límite actual es del 10 por ciento y la enmienda lo reduciría al cinco por ciento.

Asimismo, para beneficiarse del incremento en la exención por vivienda principal, la persona debe ser residente de Florida para el 31 de diciembre de 2026. Si alguien se muda al estado después de esa fecha y adquiere una vivienda principal, deberá esperar cinco años para acceder a la exención más elevada.

DeSantis ha impulsado los recortes del impuesto sobre la propiedad, subrayando la necesidad de ofrecer alivio a los propietarios ante el aumento de los costos y la disparada en el valor de las viviendas, factores que han elevado considerablemente las facturas de impuestos en los últimos seis años.

“La propuesta aumentará la protección constitucional contra los impuestos para las viviendas principales y supondrá el mayor recorte del impuesto sobre la propiedad en la historia de Florida”, publicó DeSantis en X a principios de este mes. “Los floridanos que buscan ayuda para aliviar los costos de vida tendrán una gran oportunidad de votar a favor de ello”.

Sin embargo, los funcionarios de los gobiernos locales han advertido que los recortes drásticos afectarán su capacidad para prestar servicios básicos.

Los legisladores intentaron abordar esa preocupación exigiendo que los ingresos por impuestos a la propiedad se destinen únicamente a “servicios esenciales”, tales como seguridad pública, educación y proyectos de infraestructura y medio ambiente. No obstante, dicha disposición no resuelve la principal inquietud de los funcionarios municipales y de los condados: que habrá muchos menos fondos para financiar esos servicios.

Los condados y municipios pequeños y rurales, cuya base impositiva incluye un alto porcentaje de viviendas que gozan de la exención por residencia principal, están especialmente preocupados por el impacto que la medida podría tener en sus finanzas.

Un grupo activista y dos exfuncionarios locales electos han presentado una demanda contra el Estado en relación con esta medida electoral, alegando que resulta engañosa.

Aunque los tribunales fallaran en contra del Estado, eso no eliminaría automáticamente la medida de la boleta electoral. Según la legislación estatal, el fiscal general James Uthmeier estaría obligado a modificar el resumen de la medida si se determinara que tiene fallos.

Jp
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