La Comisión de Miami-Dade vota a favor de expropiar la terminal de combustible de PortMiami

El Condado Miami-Dade intentará expropiar la terminal de combustible de propiedad privada que mantiene en funciones a PortMiami, con la esperanza de que un jurado determine que la propiedad de 10 hectáreas, situada en la exclusiva Fisher Island, tiene un valor muy inferior a la oferta de adquisición de $400 millones presentada por los promotores inmobiliarios que actualmente poseen el terreno.

Con una votación de 11 contra uno, la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó la solicitud de la alcaldesa Daniella Levine Cava de iniciar un procedimiento de expropiación forzosa contra la terminal de combustible. Este proceso implica que Miami-Dade se declare propietaria del inmueble, deposite una suma correspondiente a una parte del valor estimado del terreno y acuda a los tribunales para formalizar la venta forzosa. En dicho juicio, un jurado decidiría cuánto debe pagar Miami-Dade por una propiedad que los promotores adquirieron el año pasado por unos 180 millones de dólares.

“No voy a permitir que compren una propiedad por $180 millones para luego revenderla en cuestión de meses por 400 millones”, declaró a la prensa el comisionado Oliver Gilbert, impulsor de la medida que respalda la estrategia legal de Levine Cava, tras la votación. “Es una locura”.

Solo una comisionada, Raquel Regalado, votó en contra de la propuesta de Gilbert (el comisionado René García no asistió a la reunión). Regalado afirmó que Miami-Dade se estaba precipitando hacia una batalla legal arriesgada. “Es una decisión que afectará a este condado durante los próximos 50 años y no debe tomarse a la ligera”, señaló. “Cada vez que surge una crisis aquí, corremos hacia un edificio en llamas sin tener todos los datos”.

La votación permite a Levine Cava avanzar en su plan para resolver una de las mayores controversias que ha enfrentado desde que asumió el cargo en noviembre de 2020.

“La situación actual y futura de nuestro puerto es precaria”, dijo Jason Liberty, director ejecutivo y presidente de Royal Caribbean, ante la comisión, acompañado por otros ejecutivos del sector. Liberty instó a los comisionados a aprobar la medida de Gilbert.

Hace dos años, la administración de la alcaldesa no logró comprar la terminal de combustible cuando su propietario la puso a la venta en el mercado abierto. La situación pronto se convirtió en un paso en falso cuando los nuevos propietarios —un grupo que incluye a destacados promotores inmobiliarios de Miami, como Russell Galbut y Related Group— anunciaron planes para cerrar la terminal y construir allí un complejo de condominios de lujo.

Aunque los propietarios heredaron un acuerdo que obliga a mantener la venta de combustible hasta mayo de 2027, los planes de desarrollo dejarían a PortMiami sin forma de abastecer de combustible a los barcos una vez vencido ese plazo. Esto llevó a la administración de Levine Cava a intentar negociar la compra del terreno a los nuevos propietarios bajo la supervisión de un mediador. Tras nueve meses, surgió un acuerdo confidencial —cuyo costo se estima en $400 millones—, mediante el cual el condado utilizaría los ingresos por ventas de combustible y tasas portuarias para sufragar el gasto a lo largo de 20 años.

Dado que los ingresos y gastos de PortMiami se gestionan de forma independiente al presupuesto general de Miami-Dade, la operación no implicaría el uso de fondos públicos provenientes de impuestos.

Y aunque altos funcionarios formaban parte del equipo negociador, Levine Cava consideró excesivo el precio acordado por la administración. Destituyó a los dos funcionarios que lideraban las negociaciones —el director de operaciones, Jimmy Morales, y a la directora del puerto, Hydi Webb— y anunció planes para emprender una batalla legal con el objetivo de reducir el costo para el puerto.

El martes, los líderes del condado señalaron una disposición legal que, según afirman, será de gran ayuda en esta disputa. En la década del 70, según el vicealcalde Roy Coley, el condado estableció una cláusula vinculante sobre cuatro hectáreas del terreno que obligaba a mantenerlo como instalación de combustible. La medida formaba parte de un cambio de zonificación solicitado por los propietarios de la instalación en aquel entonces. Coley afirmó que solo la Comisión del Condado, que tiene autoridad sobre la zonificación de Fisher Island, posee la facultad de modificar dicha cláusula.

La cláusula de 1978 establece que el uso de la propiedad “se limitará” al transporte y almacenamiento de petróleo y otros tipos de combustible, según una copia del documento facilitada por la oficina de Levine Cava.

En declaraciones a la prensa tras la votación, Levine Cava señaló que, aunque el equipo negociador la había mantenido informada sobre las conversaciones, no tuvo conocimiento de la existencia de dicha cláusula hasta último momento.

“Me mantuvieron informada en todo momento, pero hubo algunos detalles de los que no estaba al tanto”, dijo Levine Cava. “Ciertamente, como el asunto de la cláusula”.

En un comunicado, los promotores, HRP Fisher Island, restaron importancia a la restricción que afecta a esa parte del depósito de combustible, señalando que dicho terreno no es necesario para construir el complejo de condominios, cuya previsión de ventas asciende a 2,500 millones de dólares. “Las cláusulas restrictivas de esta índole suelen cancelarse habitualmente durante el proceso de obtención de permisos de uso del suelo”, indicaba el comunicado. “Durante la venta pública, la destacada firma de corretaje nacional CBRE comercializó el terreno como una parcela urbanizable, y no como una terminal industrial de combustible”.

Con ambas partes adoptando posturas públicas de cara a la inminente batalla legal, hay mucho en juego. Si el Condado Miami-Dade no logra adquirir la terminal de combustible que ha operado en Fisher Island desde la década del 20, el puerto tendrá que buscar alternativas a toda prisa; entre ellas, la posibilidad de anclar una barcaza de combustible frente a PortMiami para mantener operativos los cruceros, o que el condado abandone los planes actuales de expansión portuaria para liberar terreno destinado a una instalación de combustible.

Una cuestión clave en el conflicto es cuánto ordenaría un jurado que Miami-Dade pagara por la terminal de combustible. En un memorando, Levine Cava indicó que el condado obtuvo tres tasaciones del terreno.

La más baja deba por sentado que el sitio solo podía seguir funcionando como terminal de combustible y valoraba el terreno en $25 millones. Una segunda tasación se situó en torno a los 180 millones, mientras que la tercera contemplaba la posibilidad de un desarrollo residencial en la zona y valoraba el terreno en 430 millones. Coley afirmó que la administración determinará el valor final del terreno basándose en dichas tasaciones. La normativa aprobada el martes autoriza a la administración a realizar una oferta final por el terreno hasta un 15 % por encima del valor tasado por el condado para la terminal de combustible.

La administración no ofreció justificación alguna por no haber intentado comprar la terminal cuando salió a la venta, más allá de señalar que los responsables del puerto asumieron que quienquiera que la adquiriera continuaría suministrando combustible a PortMiami. Varios comisionados expresaron su descontento porque la administración permitió que promotores inmobiliarios compraran la terminal, aunque reconocieron no ver otra alternativa que luchar por adquirirla ahora.

“Lamentablemente, se han cometido errores en el proceso y es probable que no hicimos lo que debíamos haber hecho”, declaró la comisionada Vicki López, cuyo distrito abarca Fisher Island y PortMiami. “Pero eso ocurrió en el pasado. Ahora estamos aquí. Debemos actuar con responsabilidad y tomar una decisión responsable en beneficio del interés público”.