Residentes de La Pequeña Habana piden auxilio urgente ante planes urbanísticos que los desplazan
Un tamborilero golpeaba un bidón de agua vacío y las voces clamaban: “Raquel, escucha, estamos en plena “lucha”.
Así coreaban el miércoles por la tarde casi dos docenas de residentes del parque de casas móviles Silver Court, en La Pequeña Habana, junto a sus partidarios, frente a la oficina de la comisionada del Condado Miami-Dade, Raquel Regalado, para pedir ayuda a la representante de su distrito (el Distrito 7).
En marzo, las más de 200 familias que residen en Silver Court se enteraron de que el parque cerraría y de que disponían de seis meses para desalojarlo. La empresa propietaria, 1989 Sunny Court LLC —filial de la firma inmobiliaria Marquis Property Company, con sede en California—, ha manifestado su intención de transformar el parque en un proyecto aún no especificado que “aporte valor” al sur de la Florida.
La propiedad ofreció 10,000 dólares a quienes se marcharan antes del 31 de mayo. Quienes se vayan antes del 15 de julio recibirán 5,000 dólares, mientras que aquellos que desalojen para finales de agosto podrán esperar $2,500; todo ello sumado a una compensación estatal de entre $1,375 y 6,000, según el tamaño de la casa móvil y si el propietario decide trasladarla a otro lugar.
Tales ofertas resultaron insuficientes para el pequeño grupo de residentes que se ha negado a marcharse. Sus casas móviles —que en la mayoría de los casos están fijadas al suelo con cemento y cuyo traslado conlleva un gasto de cinco cifras— constituyen su principal patrimonio. Exigen más a la empresa propietaria: concretamente, más tiempo y más dinero.
“Tres años y $60,000. Hasta que no lo consigamos, no nos iremos a ninguna parte”, coreaba Cristina Rodríguez, residente del parque desde hace 14 años. Se bajó el sombrero para cubrirse los ojos. El sol del mediodía era implacable, la acera de la avenida 37 carecía de sombra y, para la una de la tarde —hora de inicio de la protesta—, la temperatura en Coconut Grove se acercaba a los 90 grados Fahrenheit. Aun así, Rodríguez, de 78 años, se mostraba contenta de estar allí.
“Tengo confianza, mucha confianza”, afirmó respecto al movimiento de los residentes. Queda por ver qué podría o querría hacer el condado para ayudar a los residentes que aún permanecen en el parque. Contactada por teléfono el miércoles, Regalado dijo al Miami Herald que, a lo largo de los años, ha trabajado para proporcionar alimentos y otro tipo de asistencia a los residentes de Silver Court.
Sin embargo, señaló que, en última instancia, la situación actual es un asunto de la ciudad de Miami, no del condado. Recientemente, los residentes se manifestaron frente a la oficina del comisionado de la ciudad de Miami, Ralph Rosado, cuyo distrito también abarca Silver Court.
Algunos residentes están impugnando judicialmente los términos de su desalojo. El mes pasado, la asociación de propietarios de Silver Court solicitó una suspensión de las órdenes de desalojo, argumentando que el dueño de la propiedad no cumplió con las leyes de la Florida al cerrar el parque. “Creemos que el parque se está cerrando de una manera que elude las protecciones que la Ley de Casas Móviles de la Florida le otorga a los propietarios”, afirmó Carrie Feit, abogada de Community Justice Project que representa a la asociación de propietarios.
En una declaración al Herald, el abogado Jorge Piedra, representante del dueño de la propiedad, indicó que su cliente busca desestimar la demanda, la cual, según él, “carece de fundamento”.
El cierre del parque y el proceso de reubicación de los residentes “se están llevando a cabo en estricto cumplimiento de la ley”, aseguró. Cerca del 85 por ciento de los inquilinos se han mudado “voluntariamente, recibiendo generosos pagos en efectivo”, según Piedra.
“Los inquilinos que permanecen allí se están perjudicando a sí mismos al retrasar el proceso”, añadió, señalando que “su compensación económica disminuye cuanto más tiempo esperan”.
Pero mientras el asunto sigue su curso en los tribunales, los residentes del parque esperan que las autoridades locales puedan brindarles apoyo.
Esto podría implicar ayuda para identificar terrenos del condado que se destinen a viviendas, dijo Ahmed Mori, organizador voluntario e investigador especializado en parques de casas móviles que colabora con los residentes de Silver Court. También podría significar instar a la Comisión del Condado a debatir qué medidas tomar para ayudar a otros residentes de Miami-Dade afectados por el cierre de parques de casas móviles, agregó.
“No estamos pidiendo limosna”, dijo Rodríguez, “solo que [Regalado] nos dé un pequeño empujón y nos ayude a encontrar asistencia para no terminar en la calle”.
Este reportaje se realizó con el apoyo financiero de colaboradores, entre ellos The Green Family Foundation Trust y Ken O’Keefe, en asociación con Journalism Funding Partners. El Miami Herald mantiene el control editorial absoluto de este trabajo.
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