Demandan al Distrito Escolar de Miami-Dade por presunto abuso sexual en una escuela de Homestead
Dos ex alumnas de una escuela K-8 en Homestead han demandado a las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, a un maestro, a un administrador y a un consejero escolar por la forma en que la escuela manejó los casos de abuso sexual que presuntamente sufrieron cuando tenían 12 y 13 años, respectivamente.
Las estudiantes, hermanas que presentaron la demanda en el Distrito Sur de la Florida bajo los seudónimos de “Jane Doe” debido a su edad en aquel entonces, alegan en la demanda que el consejero escolar y el director del Campbell Drive K-8 Center no respondieron adecuadamente cuando ellas les informaron que un maestro de educación física estaba abusando de ellas.
La demanda también alega que los funcionarios escolares sugirieron que las estudiantes no decían la verdad, recomendaron que grabaran el presunto abuso y, finalmente, les indicaron que no regresaran a la escuela. Las estudiantes presentaron inicialmente su demanda a finales de abril, pero interpusieron una denuncia modificada el 8 de junio.
El maestro, Joseph Edward Tolliver, acusado de abusar sexualmente de las chicas, se ha declarado inocente de los cargos y el caso sigue pendiente, con un juicio programado para este mes de septiembre. Tolliver fue arrestado en 2023 por un incidente separado en el que presuntamente agredió sexualmente a una menor de 14 años. Tras el incidente de 2023 Tolliver fue despedido y no podrá volver a trabajar para el Distrito Escolar, según un informe del Miami Herald.
Las acusaciones de las demandantes contra Tolliver incluyen tocamientos indebidos y otros actos de abuso sexual, así como la exposición a pornografía y marihuana.
En la agenda de la reunión de la Junta Escolar de la próxima semana figura una recomendación del asesor jurídico general del distrito para proporcionar o asegurar representación legal para la defensa de los dos empleados mencionados.
Esos dos empleados son María Vidales, “especialista en enlace comunitario”, y Peter Gutiérrez, ex subdirector de la escuela. En la demanda se les identifica como consejero escolar y director, cargos que los abogados del distrito escolar afirman que son incorrectos.
Las demandantes sostienen que los funcionarios escolares actuaron con negligencia y discriminación, y que les causaron angustia emocional mediante sus respuestas a los relatos de las estudiantes. También alegan que Tolliver violó sus derechos civiles debido al presunto abuso.
En su respuesta a la demanda, el Distrito Escolar afirma que las autoridades no fueron informadas de las quejas de las demandantes sobre Tolliver hasta después de su arresto en 2023 por presunto abuso sexual a una menor de 14 años. La demanda de las afectadas sostiene lo contrario.
“Las denuncias realizadas por las demandantes nunca fueron investigadas. En cambio, la escuela las tildó de ‘problemáticas’ y, por tanto, de no ser dignas de crédito. Tolliver no recibió ninguna sanción disciplinaria significativa ni fue sometido a una supervisión más estricta”, escribió en la demanda la abogada de Boca Raton Krisel McSweeney.
McSweeney añadió que la madre de las demandantes —identificada como “Mother Doe”— comunicó “acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada” a Vidales; este, presuntamente, “disuadió a la madre de seguir adelante con el asunto, diciéndole que no se creería a las chicas y recomendándoles que grabaran a Tolliver durante las agresiones sexuales, pues de lo contrario nadie les creería”.
Tolliver, quien se representa a sí mismo en su respuesta a las acusaciones, negó haber abusado de las demandantes.
Según los registros estatales, en 2012 Tolliver recibió una amonestación de la Comisión de Prácticas Educativas del estado y fue puesto a prueba durante dos años en el ejercicio de la docencia. La carta que acompañaba a la amonestación no especificaba el motivo, pero señalaba que sus acciones “menoscabaron la reputación de todos los que ejercen nuestra profesión”.
Al solicitarle comentarios, un portavoz del Distrito Escolar declaró por escrito que “las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade no hacen comentarios sobre litigios en curso”.
La respuesta del Distrito Escolar
El Distrito Escolar ha refutado varias de las afirmaciones, concretamente la de que las autoridades del centro Campbell Drive K-8 Center fueron informadas de la denuncia antes del arresto de Tolliver en 2023.
Señala que la madre de las demandantes no comunicó las acusaciones contra Tolliver hasta después de que este fuera detenido por un incidente distinto.
“La demanda modificada reconoce que la madre de las demandantes no se puso en contacto con la policía hasta ese momento. Las acciones de los demandados solo pueden basarse en lo que sabían en aquel entonces, que era nada”, escribieron los abogados del distrito escolar.
Asimismo, describieron a Tolliver como un “actor solitario”.
“Los demandados afirman no haber incurrido en ninguna conducta que haya causado directamente o contribuido a las supuestas lesiones y daños de los demandantes. Tolliver actuó por cuenta propia, fuera del curso y del ámbito de sus funciones laborales”, escribieron los abogados del distrito.
Además de cuestionar la forma en que los demandantes presentan los hechos, los abogados del distrito escolar sostienen que la demanda se interpuso una vez vencido el plazo de prescripción establecido por la legislación de la Florida, la cual otorga a los demandantes un periodo de tres años para emprender acciones legales contra organismos públicos como el Distrito Escolar y la Junta Escolar.
La junta votará sobre si proporcionará representación legal a los empleados escolares mencionados en la demanda durante su reunión del 22 de julio, según el orden del día publicado antes de la sesión. La respuesta del distrito a la demanda, presentada a principios de este mes, identifica al asesor jurídico general como el abogado de dichos empleados.