Debaten veto de Giménez sobre regla de envolver maletas

La Comisión de Miami-Dade debatirá este martes si ratifica o rechaza el veto del alcalde condal Carlos Giménez contra un plan para regular las operaciones de envoltura plástica de equipajes del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

El primer veto del alcalde en los casi dos últimos años, no solo abrió un enfrentamiento entre Giménez con la mayoría de miembros de la comisión sino que ha puesto bajo la lupa a Safe Wrap, empresa que el año pasado fue demandada por fraude por uno de sus socios en una corte civil de Miami-Dade.

El empresario Enrique Ramos acusó a su entonces socio, Radamés Villalón, fundador de Safe Wrap, de apropiarse de ganancias de la compañía y de no reportar al fisco miles de dólares que eran presuntamente ingresados en efectivo a Estados Unidos por sus empleados, según la demanda.

“Yo tengo una integridad muy amplia y si ponen una demanda, en papel, al final del día tienen que probarla”, dijo Villalón a el Nuevo Herald. “De ser cierto, el IRS [Servicio de Recaudación de Impuestos] ya me estuviera investigando. [...] Pero eso nada tiene que ver con lo que está pasando en la comisión”.

La vocera del IRS, Alejandra Castro-Núñez, dijo que bajo las leyes federales esa entidad tiene prohibido comentar sobre un contribuyente.

En el 2013, tras una licitación pública, Safe Wrap obtuvo la concesión para plastificar las maletas en el MIA. A cambio, la empresa se comprometió a pagarle anualmente al aeropuerto un mínimo de $9.6 millones o una comisión del 52 por ciento de cada dólar, si es que el volumen del negocio superaba el pago mínimo.

Pero en la práctica, el negocio se transformó en una guerra comercial entre Safe Wrap y varias pequeñas empresas que operan en los alrededores del aeropuerto, de donde solo el año pasado salieron casi 20.5 millones de pasajeros.

Quienes viajan a Cuba y Venezuela, suelen contratar ese servicio para evitar el robo de sus equipajes. Pero mientras el servicio de Safe Wrap cuesta unos $20 por maleta el de otras compañías -cuyas camionetas incluso acuden a domicilio para plastificar las maletas- cuesta $7.

Al respecto, Villalón ha criticado la mala calidad del plástico utilizado por la competencia y problemas que generaría en las operaciones de embarque. Sin embargo, ese argumento ha sido desestimado por el propio director del MIA, Emilio González.

El 6 de octubre, una propuesta del comisionado Juan Carlos Zapata fue aprobada por 10 votos contra 2. La medida plantea que todos los equipajes envueltos cumplan con los estándares de Safe Wrap. Esa compañía donó cerca de $55,000 en los dos últimos años para las reelecciones de varios comisionados. Zapata no devolvió llamadas de el Nuevo Herald para comentar sobre su iniciativa.

Durante una reunión realizada la tarde del lunes entre Giménez y representantes de Safe Wrap, en la sede del gobierno condal en el downtown de Miami, las críticas contra la empresa escalaron debido, entre otros temas, a que ésta habría rechazado que se le realice una auditoría contable por parte de las autoridades aeroportuarias.

El vocero condal Michael Hernández dijo que la administración de Giménez no duda que Safe Wrap ofrezca un buen servicio a los usuarios, pero enfatizó que el veto fue aplicado porque no era cierto que el plástico que usan otras empresas haya creado problemas en el MIA.

“Si se quiere renegociar el contrato actual el alcalde Giménez está dispuesto a hacerlo, incluso si eso significa que el aeropuerto gane menos”, dijo Hernández a el Nuevo Herald. “Pero lo que sí evitaremos es que el nuevo plan nos obligue a contratar 100 nuevos empleados que sirvan como los ‘policías del plástico’ [para vigilar a los competidores de Safe Wrap]”.

La demanda

Hace más de 20 años, Ramos y Villalón crearon Global Baggage Protection Systems Inc. y acordaron que este último se encargaría de las operaciones diarias. Global mantiene operaciones en varios aeropuertos de Latinoamérica y Europa, de acuerdo con la demanda civil presentada por Ramos ante la corte de Miami-Dade.

De acuerdo con la acusación, las ganancias generadas por el Grupo Internacional Ramos-Villalón -creada por los socios para operar en México- eran enviadas no a la cuenta de esa empresa, sino desviadas mediante transferencias a familiares de Villalón.

Marcelo Molina, administrador por ocho años de la empresa que operaba en 21 aeropuertos de México, declaró bajo juramento que generaban casi $4 millones anualmente y que varios empleados traían el dinero a Estados Unidos bajo la táctica del fraccionamiento, es decir, sumas menores a $9,500 para no reportarlas ante las autoridades.

Molina rehusó ofrecer declaraciones públicas sobre este tema. Pero en la demanda dijo que: “todo el dinero se lo daba a Radamés Villalón. Y el señor Villalón se rehusaba a darnos algún recibo”.

Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Ramos no pudo ser ubicado para este reportaje. Lo cierto es que, de acuerdo con registros públicos, Villalón le vendió a Ramos una residencia en Miami de casi 6,500 pies cuadrados valorada en más de $1 millón, de acuerdo con registros públicos. Esta operación fue registrada en octubre del año pasado.

Sobre estas acusaciones, Villalón dijo a el Nuevo Herald: “Al final yo le compré las acciones a mi ex socio [Ramos] y ahora soy el dueño del 100 por ciento de la compañía”.

Pero más allá de los líos internos, pasajeros entrevistados el lunes en el MIA coincidieron en que esperaban que la competencia entre empresas se reflejara en un precio más barato para los usuarios.

“Yo pago para envolver en plástico mis maletas por un tema de seguridad, incluso hace poco le robaron las maletas a los jugadores de la selección de fútbol de Venezuela”, dijo Jacobo Trigo, un español que reside en Caracas. “Uno no espera que en Estados Unidos se proteja un monopolio en vez de promover el mercado libre”.

La comisión condal empezará a sesionar este martes a partir de las 9:30 a.m.

Esta historia fue publicada originalmente el 19 de octubre de 2015, 8:22 p. m. with the headline "Debaten veto de Giménez sobre regla de envolver maletas."