Trabajadora social a la cárcel por extorsionar a familias de inmigrantes

Como nueva empleada de una agencia de servicios sociales de Miami, el trabajo de Leslie Rubero Padilla consistía en reunir refugiados menores de edad no acompañados con sus padres o tutores legales en Estados Unidos.

Se suponía que ella cobrara solamente a las familias por el transporte, como por ejemplo los pasajes de avión. Pero las autoridades afirman que Rubero presionó a más de una docena de familias insistiendo que tenían que enviarle dinero adicional o la reunificación con sus hijos sería demorada, o, lo que sería aún peor, ellos serían deportados de regreso a sus países de origen en Centroamérica.

“Este caso es muy chocante, porque la acusada se estaba aprovechando de las personas más vulnerables”, dijo el fiscal federal Daniel Bernstein en la audiencia de sentencia de Rubero. “¿Por qué es esto tan ofensivo? Porque ella sacó la cuenta de que estas eran personas a las que podía extorsionar, porque no iban a reportarlo”.

El fiscal pidió al juez de distrito federal Darrin Gayles que condenara a Rubero, quien se declaró culpable de fraude de transferencia bancaria en septiembre, a cuatro años de cárcel. Bernstein señaló que ella no sólo explotó a los pobres padres y tutores por un total de $11,100, sino que, agregó, “Ella tenía la custodia legal de los hijos de ellos”.

Gayles, sin embargo, mostró cierta clemencia luego que Rubero lloró repetidas veces en el tribunal federal de Miami y declaró: “Yo no soy una mala persona, aunque hice algo malo”.

El juez la sentenció a 1 1/2 años de cárcel, aunque Gayles admitió que al inicio de la audiencia que se inclinaba a darle una sentencia más larga, aunque no tan larga como quería el fiscal.

Gayles dijo que él consideraba a las víctimas de Rubero “particularmente vulnerables” porque eran nuevos inmigrantes sin estatus legal, y ella se aprovechó de ellos diciéndoles que “no verían a sus hijos por algún tiempo” a menos que le pagaran. Pero el juez tuvo también en cuenta que Rubero, puertorriqueña, de 27 años, no tenía historial delictivo anterior, iba a devolver el dinero a sus víctimas y probablemente nunca volvería a cometer un delito.

Rubero, quien deberá entregarse a funcionarios de la cárcel el próximo 4 de enero, tenía la esperanza de recibir prisión domiciliaria en vez de ir a la cárcel. “Estas víctimas sanarán de nuevo”, dijo en el tribunal su abogado defensor Nayib Hassan.

Rubero fue contratada como trabajadora social en el año 2014 en His House Children’s Home, en Miami, con un sueldo anual de $35,000. La agencia trabajaba bajo contrato con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la cual es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal.

La oficina es responsable de proveer vivienda y otros servicios para los llamados Menores Extranjeros No Acompañados (Unaccompanied Alien Children, UAC), que emigran a Estados Unidos sin sus padres u otros tutores legales. La oficina se ocupa además de localizar a la familia de estos menores refugiados de modo que puedan ser reunidos. El flujo de niños, que carecen de estatus legal, se hizo particularmente agudo el año pasado cuando miles salieron de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia la frontera de EEUU.

A Rubero, quien trabajaba como administradora de casos, le fueron asignados estos deberes, incluyendo contactar a los padres o tutores en Estados Unidos y exigirles que pagaran por el transporte del menor así como un acompañante si el chico tenía menos de 14 años.

“El padre o tutor no tiene que hacer ningún otro pago a las agencias de servicios humanos contratadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR)”, según una declaración firmada por Rubero junto con su acuerdo extrajudicial.

Pero entre noviembre del año pasado y marzo del presente, Rubero presionó a las familias de 18 menores refugiados para que le hicieran pagos adicionales aparte de los costos de transporte o acompañamiento, pagos que fueron de $200 a $1,500 cada uno, de acuerdo con investigadores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“La acusada dijo a los padres o tutores legales que ellos tenían que enviarle este dinero a ella o sus UAC serían pasados por un proceso diferente, y que ese proceso tomaría más tiempo para que el UAC pudiera reunirse con su padre o tutor”, rezó la declaración de Rubero.

Según documentos judiciales, una madre salvadoreña que vive en Massachusetts fue contactada en marzo por Rubero, quien le exigió un pago adicional de $1,000 para soltar a sus dos hijas refugiadas. La madre, identificada como MCP en documentos judiciales, envió el dinero por MoneyGram a nombre de Rubero. Pero la madre se dio cuenta de que estaba siendo victimizada y contactó a otro trabajador social en su estado.

“Cuando [Rubero] se enteró de que estaba a punto de ser descubierta, amenazó a MCP y le dijo que iba a decir que ella era una madre incompetente porque una vez había tratado de suicidarse”, escribió el fiscal Bernstein en el acta de sentencia. Rubero dijo además a la madre que “si seguía hablando de eso, ellos podrían quitarme a mis hijas y yo tendría problemas”.

En una carta traducida presentada al tribunal federal, la madre acusó a Rubero de explotar la vulnerabilidad de su situación.

“Leslie Rubero conocía mi historia y los traumas que yo había experimentado en El Salvador”, escribió la madre al juez Gayles en septiembre. “Ella sabía que mis hijas estaban huyendo de la violencia y de amenazas de muerte en El Salvador. Ellas se reunieron con un psicólogo en el refugio, y mis hijas le dijeron todo al psicólogo”.

“Leslie tenía toda esa información. Ella usó la información para asustarme, y para que yo pagara más dinero para asegurarme de que mis hijas estuvieran a salvo y que no fueran devueltas a El Salvador.”

Esta historia fue publicada originalmente el 16 de noviembre de 2015, 5:11 p. m. with the headline "Trabajadora social a la cárcel por extorsionar a familias de inmigrantes."