Legisladores floridanos proponen más protección a estudiantes de college
Después de un año de repetidos escándalos en instituciones universitarias con fines de lucro —como el reciente cierre del Dade Medical College— legisladores de la Florida se aprestan a estudiar nuevas normas más duras para esas escuelas.
El cambio sigue a varios años en que los legisladores hicieron menos estrictas las normas y asignaron más fondos a instituciones universitarias con fines de lucro. Por el momento, de lo que se habla es de una mayor protección al consumidor en las escuelas, que dependen significativamente de dinero de los contribuyentes pero el gobierno las supervisa sin mucho rigor.
Este tipo de institución matricula a casi uno de cuatro estudiantes de college en la Florida, casi 300,000 estudiantes en total.
Aunque los legisladores están hablando de imponer normas más estrictas, las propuestas hasta el momento no son tan fuertes como las que han tomado otros estados para proteger a los alumnos. Y algunos legisladores floridanos pudieran vacilar al tomar medidas contra una industria que dona generosamente a las campañas políticas y tiene aliados poderosos.
Eso es particularmente cierto en la Cámara de Representantes estatal, controlada por los republicanos. Dos representantes que presiden importantes comisiones relacionadas con la educación han sido galardonados como “legislador del año” por el sector de instituciones universitarias con fines de lucro.
El período ordinario de sesiones del 2016 comienza el 12 de enero y las reuniones de las comisiones ya han empezado.
Un proyecto de ley que se está debatiendo contempla cerrar escuelas en que el 40 por ciento de los alumnos no pague a tiempo sus préstamos estudiantiles, lo que resultaría en la clausura de un puñado de escuelas de belleza y estilistas. La propuesta fue aprobada con facilidad en su primera comisión en el Senado a mediados de noviembre.
Otras propuestas están directamente relacionadas con las consecuencias de la clausura del Dade Medical College el 30 de octubre.
Esa institución, con sede en Coral Gables, dejó a unos 2,000 alumnos en el aire cuando cerró repentinamente. Esos estudiantes tienen miles de dólares en deuda de préstamos estudiantiles por créditos académicos que no pueden llevar a escuelas tradicionales. La agencia floridana que supervisa a esas instituciones, la Comisión de Educación Independiente (CIE), tiene un “Fondo de Protección al Estudiante” que debe ayudar a los alumnos afectados por el cierre de escuelas al pagar el resto de sus estudios en otra parte. Pero se aplica solamente a colleges con fines de lucro que ofrecen programas de certificado o diploma, como las escuelas de barbero.
Las instituciones que ofrecen títulos de técnico universitario y licenciatura, como el Dade Medical, no son elegibles. Los programas más largos son más caros, de manera que la protección de los alumnos no cubre a los que más lo necesitan.
Los estudiantes de Dade Medical también se quejan de que la CIE no ha hecho lo suficiente para guiarlos en el caótico cierre de la institución. Ashley Báez, ex alumna de enfermería, dijo que la agencia envió a los estudiantes transcripciones de notas de Dade Medical y correos electrónicos con una lista otras escuelas. Eso fue todo.
“No nos dan respuesta”, dijo Báez, de 19 años. “Nada de eso no resultó útil”.
Una reciente investigación del Miami Herald mostró cómo la CIE, por diseño, está dominada por las mismas escuelas con fines de lucro que debe supervisar, porque cuatro de los siete miembros de su junta directiva son ejecutivos de esos colleges. Ernesto Pérez, dueño de Dade Medical —quien recientemente se declaró culpable de entregar más de $159,000 en contribuciones de campaña— fue miembro de la directiva de la CIE.
La agencia desestima rutinariamente quejas de los alumnos, incluidas alegaciones de fraude o actividad ilegal por parte de los operadores de las escuelas.
Un proyecto de ley presentado por Jeff Brandes, republicano por St. Petersburg, contempla algunos cambios en la CIE. Por ejemplo, la propuesta agrega colleges con fines de lucro que ofrecen títulos al fondo de protección de la CIE. El proyecto de ley también exige a las escuelas nuevas que paguen un bono de por lo menos $100,000, para crear un fondo que pueda usarse para ayudar a estudiantes desplazados.
“Eso se convierte en otro mecanismo de supervisión”, dijo Brandes.
En el proyecto de ley de Brandes, los colleges con fines de lucro siguen controlando la junta directiva de la CIE. Los cambios son menos abarcadores que los que impuso Kentucky en el 2012, cuando el estado abolió su agencia de supervisión y creó otra en que los representantes de escuelas con fines de lucro ya no eran la mayoría.
La propuesta de Brandes todavía no tiene una contraparte en la Cámara estatal, pero cuenta con el apoyo del Departamento de Educación de la Florida, que supervisa a la CIE.
Otro proyecto de ley presentado en el Senado por Oscar Braynon, demócrata por Miami Gardens, contempla derogar una controvertida ley del 2013 que legalizó los programas de asistentes de terapia física no acreditados.
Ningún otro estado permite programas no acreditados en este campo. La ley del 2013 fue impulsada por Dade Medical y patrocinada por un legislador, Carlos Trujillo, republicano por Miami, cuya cuñada recibió matrícula gratis en esa institución con fines de lucro.
Dade Medical cobraba $40,050 por su programa no acreditado de asistente de terapia física, y ganó millones de dólares con los cientos de estudiantes que matriculó.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de noviembre de 2015, 8:19 p. m. with the headline "Legisladores floridanos proponen más protección a estudiantes de college."