Víctima de narcotraficantes logra que se haga debida justicia en Miami

Como senador, embajador a las Naciones Unidas y presidente del poderoso Partido Liberal, Carlos Caballero, tenía un papel importante en la política colombiana.

Cuando cadáver fue encontrado a un lado de la carretera con cinco agujeros de bala en la nuca, el 15 de agosto de 1999 –luego de haber permanecido secuestrado durante seis meses– se desató la ira nacional.

Pero en la cúspide de la guerra civil de Colombia que había durado 50 años, los asesinatos en masa, el secuestro y los asesinatos por motivos políticos eran algo común y el país eventualmente se enfocó en la indignación por incidentes más recientes.

Ahora, el caso de Caballero está de vuelta a la palestra, ya que un juez del sur de la Florida determinó que tres grupos distintos –incluidos los traficantes y guerrillas más notorios– conspiraron para secuestrar y asesinar a Caballero porque necesitaban su propiedad para transportar drogas hacia la costa del Caribe y finalmente hacia Florida.

La Corte del Circuito de Miami-Dade le otorgó al hijo de Caballero, que vive en el sur de la Florida, $191.4 millones, y permitirá que su equipo legal que persiga propiedades que han sido decomisadas a un buen número de individuos y organizaciones que incluyen oficiales del gobierno venezolano, carteles mexicanos de compañías falsas.

La corte dictaminó que los dos grupos guerrilleros más grandes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaban con el Cartel Norte del Valle para contrabandear cocaína por el Rio Magdalena hacia la costa de Colombia y hacia Estados Unidos.

La corte encontró culpables a los implicados de chantaje, tortura, asesinato extrajudicial y muchos otros crímenes. Debido a que ninguno de los defendidos respondió a la acusación, el dictamen fue tomado sin un jurado bajo juicio sumario.

Para Antonio, que recibió asilo en los Estados Unidos luego de que la policía colombiana le dijera que no podían garantizar su seguridad, el dictamen ofrece cierto sentido de justicia.

“Esto pone todo el dolor, el drama y la barbarie en contexto”, dijo. “Estábamos solos peleando contra el mundo tratando de salvar a un ser amado… No le desearía esto a nadie”.

El caso gira en torno a dos granjas que eran propiedad del político y que su hijo ayudaba a administrar en el norte de Colombia, en una zona famosa por la violencia, conocida como El Valle del Río Magdalena. Las propiedades habían pertenecido a la familia durante cuatro generaciones pero a partir de fines de los noventa, se convirtieron en una vía estratégica para llevar la cocaína que era transportada a pistas aéreas y a puertos fluviales secretos, según determinó el dictamen.

Fue en una época en la que el cartel del Norte del Valle estaba en auge –luego del desmantelamiento del cartel de Cali– y abría rutas a lo largo de la costa del Atlántico para llevar drogas a través del sur de la Florida y de ahí a la costa este de Estados Unidos. De acuerdo con el dictamen, las FARC y el ELN –considerados grupos terroristas por Estados Unidos y Colombia– hacían el trabajo del cartel y manejaban su logística.

Esa determinación es contradictoria ya que el cartel ha sido acusado desde hace mucho tiempo de estar vinculado con los paramilitares de AUC que peleó contra las guerrillas –algunas veces en enfrentamiento con las fuerzas armadas. Y las guerrillas siempre han negado que tengan intereses de negocios en común con sus enemigos paramilitares. Además, las FARC y el ELN con frecuencia se enfrentaban, particularmente durante los años noventa.

Aun así, el gobierno ha asegurado desde hace mucho tiempo que los intereses de la guerrilla y del narcotráfico están entremezclados. (Solicitudes para ofrecer comentarios enviadas a cuentas de correo electrónico de ambos grupos guerrilleros no recibieron respuesta de manera inmediata).

Los Caballero ya habían huido de la propiedad debido a amenazas de la guerrilla pero el político continuó criticando a los grupos de manera abierta.

Luego de una serie de panfletos amenazantes de las FARC empezaron a circular a finales de 1998 – donde nombraban a Caballero como partidario de las pandillas de derecha – el político fue detenido en una alcabala de la guerrilla y sacado de su auto cerca del pueblo de Pivijay en febrero de 1999.

Caballero, de 76 años, padre de 10 hijos, sufría de hipertensión y era pre diabético. Pero de acuerdo a documentos de la corte, fue llevado a través de la selva por días, obligado a dormir en cuevas y en huecos y con frecuencia le negaron comida, agua y medicamentos durante los 184 días de su cautiverio.

Los rebeldes pidieron $6 millones como rescate pero el gobierno congeló las cuentas bancarias de la familia como parte de su política de no negociación con terroristas. Aun así, los familiares reunieron el dinero para calmar a los raptores de Caballero a medida que sus llamadas telefónicas se volvían más desesperadas.

“El estaba absolutamente desesperado y nos pidió que hiciéramos lo que fuera para liberarlo”, recuerda Antonio. “Estaba viviendo un infierno en la Tierra”.

Las guerrillas tomaron el rescate pero ejecutó a Caballero.

Los reportes de los periódicos en el momento culparon al ELN. En el dictamen, la corte determinó que “un asesinato de tan alto perfil” no habría podido llevarse a cabo sin el conocimiento y aprobación de todas las partes.

“Esto no es simplemente un caso de muerte indebida sino algo mucho más profundo”, explicó el dictamen citando la angustia mental y el desorden post traumático de Antonio. “Este es un caso que justifica un dictamen extraordinario”.

Incluso así, cobrarles a los carteles desmantelados y a la guerrilla activa es un desafío.

El dictamen lista a cientos de individuos y organizaciones designadas como narcotraficantes por el gobierno estadounidense que podrían ver sus propiedades en los EE.UU. bloqueadas por la parte acusadora debido a sus vínculos con los tres grupos. Entre ellos se encuentran notorios carteles mexicanos, grupos paramilitares de derecha y las subsiguientes pandillas criminales, así como cientos de compañías y negocios falsos.

Hugo Carvajal, el antiguo director de inteligencia militar en Venezuela es uno de esos traficantes de narcóticos designados por el gobierno de los Estados Unidos. A principios de este año hubo un intento de extraditar a Carvajal desde Aruba.

Las leyes antinarcóticos y antiterrorismo de los Estados Unidos “tiene el propósito de maximizar los derechos de la víctima”, dijo Joseph Zumpano de la firma Zumpano Patricios & Winker, de Coral Gables que maneja el caso.　

Como resultado, “no necesitas ser defendido para que un valor se considere susceptible”, dijo.

“Incluso luego del hecho y años después puede ser susceptible a cobrar… Hay un precio que pagas bajo la ley estadounidense por ayudar y colaborar a organizaciones terroristas”.

“En la medida en que los bienes están disponibles para cobrar, tomaremos todas las acciones a nuestra disposición para cobrarlos”, dijo Zumpano.

Zumpano ha hecho su carrera manejando este tipo de casos internaciones de alto perfil.

En 2003, la firma cobró 23.7 millones en compensación de daños por la muerte de un piloto de la CIA que fue capturado durante la invasión de la Bahía de los Cochinos. Zumpano también ayudó a desmantelar un fondo de las Bahamas para cobrar millones para otro cliente y actualmente tiene un caso ante la segunda corte más alta que permitiría a su cliente – un antiguo prisionero político que fue infectado con hepatitis C a propósito – para cobrar por daños al atacar a marcas y patentes cubanas.

La demanda de Caballero viene en un momento sensible en Colombia. Negociadores de las FARC y el gobierno han pasado más de dos años en la Habana tratando de llegar a un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto civil de 50 años. Entre los temas se discutirá la justicia transicional – donde las guerrillas podrían ver sus sentencias reducidas por sus crímenes.

Zumpano dijo que no esperaba que las negociaciones tengan un impacto en la capacidad de su firma para cobrar.

Antonio dijo que es preocupante ver que algunos de los defendidos en el caso incluían comandantes de las FARC que jugaban a hacer pacificadores en la Habana. Negociaciones previas –por ejemplo, cuando las guerrillas M-19 o los grupos paramilitares fueron desbandados – dan motivo para ser cínicos, dijo.

“Hay un denominador común en todos esos procesos”, dijo. “Las víctimas se quedan con su dolor y sus muertos y los victimarios se quedan con el dinero y los beneficios”.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de diciembre de 2014, 10:18 p. m. with the headline "Víctima de narcotraficantes logra que se haga debida justicia en Miami."