Abogadas del sur de la Florida ayudaron a centroamericanos
Ya que los inmigrantes centroamericanos continúan cruzando la frontera, cada vez más abogados ofrecen sus servicios para representar legalmente a los niños y familias que buscan refugio de la violencia en sus países.
Entre los cientos de abogados que han viajado a las instalaciones donde han estado detenidos los inmigrantes, estaban cinco basados en el sur de la Florida que fueron entrevistadas esta semana sobre sus experiencias.
Hablaron de largas horas de trabajo— a menudo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.— para asistir a los inmigrantes con solicitudes de asilo, compareciencias ante la Corte de Inmigración y preparación de sus casos.
Los centroamericanos — en su mayoría niños y sus madres procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras— huyen de la violencia de pandillas. Vienen a Estados Unidos, debido a que es el único país de la región donde se sienten seguros y también porque muchos tienen familiares en las grandes ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.
Si bien hubo un aumento en el flujo de centroamericanos, en su mayoría menores de edad, en el 2014, los inmigrantes han seguido llegando a la frontera.
Algunas de estas familias, en su mayoría mujeres con hijos pequeños, han sido recluidos en centros de detención al norte de la frontera con México. Dos abogadas viajaron en la última semana de diciembre a un centro de detención en Dilley, Texas, al norte de Laredo y otras tres viajaron en el 2014 a un centro de detención en Artesia, Nuevo México, al norte de El Paso, que ahora está cerrado.
Los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes exigen el cierre de todos los centros de detención en el país, con el argumento de que encerrar a los indocumentados mientras resuelven sus casos de inmigración en las Cortes o esperan ser deportados equivale a una pena de cárcel.
Abogados de inmigración de todo el país han acudido a los centros de detención para ayudar a los inmigrantes que llegan en virtud de un proyecto patrocinado por la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA).
El proyecto está dirigido por una coalición conocida como Proyecto CARA que incluye a AILA, al Consejo de Inmigración Americano (AIC), la Red Católica de Inmigración Legal y el Centro de Inmigrantes Refugiados de Educación y Servicios Legales.
Claudia Del Castillo-Hronsky, una de las abogadas, viajó a Dilley en diciembre durante la semana de Navidad.
“Mi función era preparar a las mujeres,” dijo. “En primer lugar darles una charla y luego me reunía con cada mujer individualmente y me contaban sus historias”.
Del Castillo-Hronsky dijo que se dio cuenta de que además de huir de la violencia de pandillas, algunas de las mujeres también habían huido de la violencia doméstica.
El propósito de extraer las historias de las mujeres era para que entendieran la necesidad de contarlas con el mayor detalle posible a los funcionarios de asilo del gobierno por que así tenían una mejor oportunidad de poder ser aprobadas en las entrevistas de miedo creíble.
Las abogadas también acompañaban a las mujeres a sus audiencias iniciales en la corte de inmigración, dijo.
Del-Castillo-Hronsky también viajó previamente al centro de detención de Artesia en el 2014, donde realizó servicios jurídicos similares para las mujeres recluidas allí.
Artesia fue cerrado tras protestas por parte de las organizaciones de activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.
Algunos de los detenidos en Artesia más tarde fueron trasladados a Dilley, que los defensores de los inmigrantes también quieren cerrar.
Florence Chamberlin fue a Dilley la semana antes de la víspera de Año Nuevo.
“Participé en las charlas de orientación, las entrevistas posteriores antes de representarlas en los procedimientos judiciales y las audiencias para fianza”, dijo Chamberlin. “Me sorprendió que al entrevistar a las mujeres y preguntarles que si temían a la persecución, contestaban que ‘no’ ”.
Chamberlin dijo que esto sucedió tan a menudo que se dio cuenta de que las mujeres no entendían lo que significaba persecución.
Eso daba a entender que cuando las mujeres respondían que no temían a la persecución daban la impresión a los funcionarios de asilo que podían deportarlas. Miedo a la persecución es un umbral crucial para determinar si un extranjero puede calificar para asilo.
“Ese detalle para un funcionario de asilo es crucial”, dijo Chamberlin.
Laura Kelley viajó a Artesia en el 2014. Lo que recuerda fue el esfuerzo coordinado por parte de todos los abogados de inmigración en ayudar a los detenidos a entender la importancia de contar con lujo de detalles toda su historia a los funcionarios de asilo.
“Mucho de lo teníamos que hacer era ganar la confianza de las mujeres”, dijo Kelley. “Era muy difícil para estas personas que habían sido víctimas de violencia, ya sea doméstica o de pandillas, tener confianza en la gente que acaban de conocer”.
Mayerlín Almonte, que también visitó Artesia, estuvo ahí por una semana en el 2014 – el promedio de estadía para los abogados voluntarios que venía del sur de la Florida.
Por su parte, María Isabel Casablanca recordó las largas horas de trabajo.
El día comenzaba a las 6:00 a.m. cuando los abogados abordaban un vehículo del gobierno que los transportaba al centro de detención.
“Entonces, entre 7:30 u 8:00 a.m. empezaban a llamar a personas que deseaban asilo,” dijo.
Los abogados terminaban su trabajo en la instalación como a las 5:30 p.m., pero eso no ponía fin a las labores del día.
Después de cenar, entre 7:00 a 9:00 o 10 p.m., el grupo se reunía alrededor de una mesa en el hotel y discutían los casos que tenían.
“Dormíamos por cuatro o cinco horas y comenzabamos de nuevo al día siguiente”, apuntó.
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Esta historia fue publicada originalmente el 19 de enero de 2016, 8:49 p. m. with the headline "Abogadas del sur de la Florida ayudaron a centroamericanos."