Protestan en Florida contra legisladores latinos que aprobaron ley contra ‘santuarios’
Inmigrantes y activistas protestaron este jueves frente a oficinas de legisladores hispanos que votaron a favor de una ley que castiga a las llamadas ciudades “santuario” por limitar su cooperación con las autoridades migratorias federales.
“Los (legisladores) hispanos votaron con su partido, no con su comunidad. El Partido Republicano está pasando por el momento Donald Trump, el elemento más antiinmigrante de su partido”, señaló a Efe Jonathan Fried, director de WeCount!, un grupo que representa a inmigrantes campesinos del sur de Florida.
Manifestantes de este y otros grupos proinmigrantes realizó hoy un recorrido en autobús por las oficinas de los representantes estatales de la región que apoyaron este miércoles una iniciativa considerada como “desastrosa” para los inmigrantes y su relación con los departamentos locales de policía.
El proyecto de ley HB 675 avanzó el miércoles en la Cámara baja, con una votación de 80 a 38, con la ayuda de una decena de representantes hispanos, y ahora prevé el trámite de una medida similar en el Senado, la SB 872, para generar entre ambas un proyecto final que deberá ser aprobado por el gobernador, Rick Scott.
“Esto es un mensaje a los políticos que votaron en contra de la comunidad: No nos olvidaremos a la hora de votar, especialmente en el condado de Miami-Dade, donde hay tantos inmigrantes, porque fue un voto al odio y a la persecución de inmigrantes”, señaló a Efe Lis-Marie Alvarado, del grupo American Friends Service Committee.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, por lo menos unos 30 condados en el estado han aprobado medidas que impiden a sus autoridades locales colaborar con las migratorias federales en actividades que son voluntarias, entre ellas Miami-Dade.
ACLU señaló que no se trata de jurisdicciones que, de plano, rechazan cooperar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha pronunciado en el mismo sentido, al señalar que ningún territorio en Florida es un verdadero “santuario” que categóricamente se oponga a colaborar con las autoridades federales.
Fried explicó que básicamente los condados se han rehusado especialmente a las “inconstitucionales” y polémicas “órdenes de detención” de ICE para mantener al indocumentado retenido más del tiempo debido sin la orden de un juez y dar tiempo así a decidir su posible deportación.
Los grupos proinmigrantes señalaron a Efe que la iniciativa representa un retroceso que puede echar a perder los logros alcanzados en los últimos años encaminados a restablecer la “confianza entre los indocumentados y las policías locales”.
“Ya habíamos logrado avanzar un gran trecho en los condados donde sabíamos que la Policía no iba a participar directamente con inmigración”, expresó hoy a Efe Nora Sándigo, presidenta de la organización Fraternidad Americana.
Sándigo lamentó que están “acorralando” a la comunidad inmigrante y que ponen de nuevo “en pánico a miles de niños que temen que en cualquier momento toquen a las puertas de su casa y dejarlos en sufrimiento por la separación de sus familia”.
La activista señaló que espera que los condados reaccionen como lo hizo el de Miami-Dade, que en enero pasado aprobó varias medidas contra esta ley y otras propuestas estatales que criminalizan a los indocumentados y limitan la ayuda oficial a sus familias.
Los comisionados de Miami-Dade señalaron en esa ocasión que no apoyarán leyes que obligan a la policía y los gobiernos locales a implementar las leyes de inmigración, situación que además les genera gastos que no son reembolsados por el Gobierno federal.
Desde 2014 el condado se rehúsa a las detenciones ordenadas por ICE con el fin de ahorrarse miles de dólares anuales debido a que se reduce la estadía de estos inmigrantes en las prisiones, especialmente aquellos detenidos por delitos menores.
Así, Miami-Dade sólo acata aquellos casos en los que logre un acuerdo por “escrito” con el Gobierno federal para que este último se haga cargo del coste extra.
En promedio, un detenido requerido por ICE permanecía unos treinta días más en una cárcel de Miami-Dade que alguien que no es solicitado por las autoridades migratorias, situación que puede volver a repetirse si el proyecto no encuentra oposición en el Senado.
“Es vergonzoso que los representante latinos estén a favor de leyes que criminalizan a nuestra comunidad”, expresó Levis Torres, de la organización WeCount!. EFEUSA
ims/abm
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|I:Previsión|
02/04/22-02/16
Esta historia fue publicada originalmente el 4 de febrero de 2016, 6:05 p. m. with the headline "Protestan en Florida contra legisladores latinos que aprobaron ley contra ‘santuarios’."