Junta Escolar de Miami-Dade demandaría para recuperar $40 millones en déficits de impuestos
La Junta Escolar del Condado Miami-Dade está considerando presentar una acción legal cuyo objetivo es recuperar decenas de millones de dólares en cobros de impuestos a la propiedad en medio de un enredo cada vez más candente en el que están involucrados dos importantes gobiernos del sur de la Florida.
La junta también dio marcha atrás a un ambicioso plan para celebrar eventos con el fin de inscribir personas en la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, que comúnmente se conoce como Obamacare.
Las decisiones se tomaron el miércoles durante una reunión regular de la junta.
Los miembros de la junta votaron unánimemente “buscar una acción legal apropiada” y realizar cambios en las leyes estatales que ayuden a arreglar el problema del cobro de impuestos, que suma unos $40 millones en ingresos perdidos para el distrito escolar. Funcionarios escolares dijeron que el dinero se emplearía en las escuelas y en los salarios de los maestros.
Raquel Regalado, miembro de la Junta Escolar, fue quien propuso la acción.
“No se trata de culpar a nadie ni de buscar dónde están los errores, sino de solucionar un problema", dijo Regalado.
La junta estuvo cerca de unirse a una reciente demanda que presentó el Sindicato de Maestros de Miami-Dade contra el alcalde del condado Carlos Giménez. En una opinión legal que dio la junta se destacan problemas potenciales con la demanda del sindicato. En una moción para desestimar la demanda, abogados del condado señalaron que el sindicato demandó a la persona equivocada, toda vez que el alcalde no tiene ningún control sobre el cobro de impuestos. El condado mencionó leyes de la Florida que estipulan que el Departamento de Ingresos de la Florida tiene jurisdicción sobre el asunto, así como la comisión del condado, la Junta Escolar y la Legislatura estatal.
Michael Hernández, director de comunicaciones del alcalde habló en la reunión de ayer.
“Hay algunos que tratan de convertir todo esto en una batalla intergubernamental. Pero no lo es”, dijo Hernández. “Estamos juntos”.
El problema se centra en Value Adjustment Board, que se encarga de escuchar las apelaciones de impuestos a la propiedad. Una gran demora en las apelaciones equivale a que los gobiernos locales reciban menos fondos de los que se había previsto, algo que los gobiernos no saben hasta mucho después que se establece su presupuesto. En entidades tan grandes como el Condado Miami-Dade y la Junta Escolar, los déficits totalizaron cerca de $44 millones en Miami-Dade el año pasado, y $40 millones en el distrito este año.
Fedrick Ingram, presidente de United Teacher of Dade, dijo que el sindicato sigue con su demanda contra Giménez. Ingram dijo que su organización también entraría a considerar unirse al distrito en caso que el distrito presente una demanda.
“Estamos tratando de resolver este problema”, dijo Ingram.
En otros negocios, la junta no continuó apoyando una ambiciosa propuesta que buscaba ayudar a los padres a inscribirse para el seguro de salud bajo el Obamacare.
En su lugar, el distrito escolar simplemente revisará los términos legales, los problemas de privacidad y la forma apropiada de informar a los padres sobre “todas las opciones de seguro” que tienen disponibles. La propuesta se aprobó de forma unánime en la reunión del miércoles.
La miembro de la junta Dorothy Bendross-Mindingall recomendó asociarse con la organización no lucrativa Enroll America para celebrar eventos de inscripción con expertos certificados federalmente. La propuesta recibió poca atención en una reunión del comité cuando los miembros de la junta accedieron a aprobarla junto con la orden del día regular.
Sin embargo, en una discusión más extensa donde se reflejó la naturaleza política de la ley de cuidado de salud, los miembros de la junta expresaron, entre otros problemas, sus preocupaciones sobre la privacidad, dado que hace falta una información delicada para inscribirse en el Obamacare.
Pamela Roshell, directora regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de un área que abarca la Florida y otros siete estados, respondió a dichas preocupaciones en una entrevista con el Miami Herald. Roshell señaló que los llamados navegadores, personas que están certificadas para ayudar a otras inscribirse en el seguro de salud, “están capacitados para trabajar con cláusulas que protegen un tipo de información personalmente identificable”.
El distrito deberá actuar con rapidez en su revisión; la fecha límite para inscribirse en el seguro es el 15 de febrero.
Entretanto, Bendross-Mindingall prometió hacer lo que sea necesario para informarle a la población cómo inscribirse en el seguro. Su distrito incluye una gran población afroamericana, y entre las minorías la inscripción para el seguro se mueve con suma lentitud. Según un representante de Enroll America, hay 67,000 niños sin seguro en Miami-Dade.
“Tocaré puerta tras puerta. Haré lo que tenga que hacer”, dijo Bendross-Mindingall. “Tenemos que hacer todo lo absolutamente necesario para esas personas que tal vez no tengan acceso a la tecnología”.
En otra decisión, la Junta Escolar le dio la aprobación a nuevos reglamentos para asegurar que los negocios pertenecientes a minorías reciben una parte justa de los contratos del distrito, en tanto está pendiente una auditoría sobre un estudio del distrito sobre el asunto.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de enero de 2015 a las 11:42 a. m. con el titular "Junta Escolar de Miami-Dade demandaría para recuperar $40 millones en déficits de impuestos."