Juez federal bloquea partes de ley de aborto de Florida

Un juez federal bloqueó partes de una nueva ley que restringe las clínicas de abortos en la Florida.

La decisión, dada conocer el jueves en la noche por el juez de distrito Robert Hinkle, le ordena al estado que mantenga los contratos para cuidados preventivos con las clínicas de abortos, incluyendo a Planned Parenthood, y evita la entrada en vigencia de una nueva regla que requeriría que 50 por ciento de todos los récords de las clínicas de abortos sean revisados por el estado cada año.

La decisión de Hinkle bloquea estas disposiciones de la ley y evita su entrada en vigencia mientras el caso no sea argumentado en corte o al menos que una corte superior de marcha atrás a su decisión. En el documento, el magistrado dijo que espera que la eliminación de fondos y la inspección de recórds sean declarados como inconstitucionales.

La oficina de la fiscal general Pa,m Bondi no pudo ser contactada para que hiciera comentarios sobre si planea apelar la decisión.

Dirigentes de Planned Parenthood, que demandaron al estado por la aprobación de la ley, dijeron estar satisfechos con la determinación del juez Hinkle.

“Esta decisión debería ser elogiada por todos los floridanos, pero especialmente por los miles de hombre y mujeres en el estado a quienes se les habría cortado el acceso a cuidados de salud reproductiva incluyendo estudios para detección de cáncer, control de la natalidad, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y más si se hubiera permitido que la ley HB 1411 siguiera en pie”, dijo Barbara Zdravecky, presidenta de Planned Parenthood para el suroeste y el centro de la Florida.

La demanda de Planned Parenthood era sobre tres cláusulas de la ley, firmada por el gobernador Rick Scott esta primavera:

▪  Impedir la asignación de fondos del contribuyente a clínicas de abortos para cubrir servicios no relacionados con el aborto. Este programa cuenta con un total de $500,000, según Planned Parenthood, e incluye fondos del Medicaid para servicios preventivos como pruebas para la detección de cáncer y VIH, así como para un programa de servicios para adolescentes que abandonan la escuela en el Condado Palm Beach.

▪  Exigir que la mitad de todos los registros de abortos en el estado —probablemente al menos 30,000 casos— sean inspeccionados todos los años por autoridades normativas estatales.

▪  Definir los trimestres del embarazo, lo que según Planned Parenthood pudiera limitar a algunas clínicas al reducir el período en que puede practicarse un aborto. Denise Harle, procuradora adjunta de Justicia, dijo que la Agencia para la Administración de Servicios Médicos no interpreta la ley de esa forma.

Hinkle dio a conocer su decisión horas antes de que ley entrara en vigor el viernes.

En su alegación a nombre del estado, Harle dijo en una audiencia el miércoles que bloquear la ley sería una decisión extraordinaria porque no parece ser inconstitucional. Los estados están autorizados a regular los abortos mientras no implementen obstáculos extraordinarios para que las mujeres puedan practicárselos.

“El estado no intenta impedir [que Planned Parenthood] practique abortos”, dijo.

La decisión de Hinkle fue solamente sobre una orden judicial para impedir que la ley entre en vigor, no determinar si es constitucional.

Carrie Flaxman, abogada de Planned Parenthood, dijo que la ley esencialmente obliga a la organización a reducir sus servicios, o dejar de practicar abortos, algo que no planea hacer.

“La eliminación de fondos hará que los demandantes tengan que poner fin a estos programas, cerrar el centro de salud y reducir el personal”, dijo “La eliminación de los abortos no es un interés legítimo para ello”.

La reducción en los fondos del gobierno —aunque pequeña en comparación con los aproximadamente $22 millones que Planned Parenthood gastó en la Florida el año pasado— pudiera afectar a 15,000 pacientes en todo el estado, dijo el grupo. Pero Harle afirmó que las agencias estatales ya han encontrado nuevos proveedores con quienes trabajar si la ley entra en vigor el viernes.

Hinkle, nombrado a la judicatura federal por el presidente Bill Clinton en 1996, planteó otras preocupaciones sobre el mayor volumen de hojas clínicas que los inspectores de registros estatales deben revisar a tenor con la nueva ley. Planned Parenthood alega que es una norma más onerosa que las que enfrentan otros tipos de instalaciones médicas y que ello infringiría la privacidad de las pacientes.

Pero el estado afirma que necesita supervisar de cerca a las clínicas de aborto para asegurar que cumplen varias leyes aprobadas en años recientes y que “mejoran la salud y la seguridad de las pacientes” en las instalaciones, dijo Harle.

Los abogados de Planned Parenthood esperan que esas aseveraciones se estudien en detalle, especialmente a la luz de la decisión de la Corte Suprema federal del lunes, que derogó restricciones a clínicas de aborto en Texas. En ese fallo, el magistrado Stephen Breyer escribió que los tribunales deben pesar los beneficios médicos de las reglas sobre el aborto, en vez de creer a las legislaturas estatales cuando dicen que la salud y la seguridad es su principal preocupación.

“Estas restricciones no tienen razones médicas”, dijo Laura Goodhue, directora ejecutiva de Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates.

Una cláusula adicional de la nueva ley floridana, que Planned Parenthood no ha impugnado hasta ahora, exige que los médicos que practiquen abortos tengan privilegios de admisión en un hospital cercano. Flaxman dijo que el grupo está estudiando sus opciones a la luz de la decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional una cláusula similar en la ley de Texas.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de julio de 2016, 9:35 a. m. with the headline "Juez federal bloquea partes de ley de aborto de Florida."