Crece el misterio sobre el suicidio de un sospechoso de pornografía infantil
La extraña historia de Jonathan Kent Lee comenzó cuando una amante dijo a la policía que el empresario le mostraba con entusiasmo perturbadores videos de niños que participaban en actos sexuales. Dos días después que la policía hizo un registro en el apartamento de Lee, él se lanzó a la muerte desde la parte de arriba del garaje de un condominio en el downtown.
Dos años después del suicidio de Lee, la extensión de sus crímenes permanece frustrantemente desconocida para la policía y los fiscales.
Los detectives encontraron en una laptop 3,000 imágenes de pornografía infantil, más fotos sugestivas de muchachas jóvenes locales que podrían haber sido abusadas por Lee, de 50 años. Los investigadores creen que puede haber más víctimas locales, pero sus imágenes están escondidas en dos discos duros externos y encriptados de una computadora.
Después de meses de esfuerzo, investigadores federales y estatales de crímenes cibernéticos no han podido descifrar los discos duros – un dispositivo popular que se compra en cualquier tienda de electrónicos. Western Digital, la compañía de California que manufacturó uno de los discos duros, no hizo comentarios para ayudar a la policía y a los fiscales, quienes eventualmente abandonaron sus esfuerzos con la compañía.
En una era de una gran sensibilidad sobre la seguridad cibernética, el caso de Lee es uno de varios en todo el país que han destacado los crecientes retos para hacer cumplir la ley. Los investigadores son a menudo incapaces de acceder a los cada vez más encriptados aparatos electrónicos, y reciben enérgicos rechazos de las compañías tecnológicas, cada vez más preocupadas con la intrusión del gobierno.
“Es realmente frustrante que la posibilidad de identificar víctimas resida dentro de esos discos duros y seamos incapaces de entrar”, dijo Jenny Velázquez, detective de Miami Beach y la principal investigadora del caso, quien trabaja en crímenes contra los niños como parte de un grupo operativo especial.
Western Digital declinó comentar sobre el caso, pero destacó que “no tiene un método para desencriptar datos que han sido encriptados en nuestros discos duros”.
Más recientemente, Apple se resistió célebremente al intento del gobierno federal de ordenar a la compañía que ayudara a desbloquear un iPhone propiedad de un hombre armado inspirado en el Estado Islámico que el año pasado mató a 14 personas en San Bernardino, California. La compañía insistió en que no podía entrar al teléfono encriptado. El gobierno retiró eventualmente su batalla en las cortes después que una tercera parte, no dada, a conocer pudo entrar en el teléfono.
Pero el caso de San Bernardino no fue nuevo, la fiscalía del distrito de Nueva York ha citado que tiene pruebas en más de 200 aparatos electrónicos “a prueba de requerimientos judiciales”, encriptados e incapaces de ser accedidos por los investigadores.
“Hay cientos de casos que entran en esta categoría”, dijo Jim Lewis, un experto en seguridad cibernética del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales. “San Bernardino recibió mucha atención en todo el país, pero la policía local puede penetrar cada vez más en los dispositivos encriptados, y la mayoría de los casos son de pornografía infantil, asesinato y gestiones con drogas.
En un mundo cada vez más confiable en los servicios digitales, el almacenamiento en nubes y poderosas redes de computación, la seguridad de los datos se ha convertido en fundamental para el gobierno, las compañías y los consumidores. Los programas de encripción, que mezclan los datos hasta que se suministra una contraseña, se hicieron disponibles al público a finales de los años 1990 y se han empleado particularmente para proteger los bancos y las cuentas financieras en internet.
Los defensores de la privacidad digital se han resistido a los intentos del gobierno de obligar a las compañías a crear entradas de “puertas traseras” a la encripción. De acuerdo con Electronic Grontier Foundation, tales esfuerzos son de todas formas imposibles – cualquier entrada digital disponible a la policía puede ser usada igualmente de fácil por los piratas cibernéticos y criminales, con lo que se frustra todo el propósito del encriptamiento.
“Incluir una trampilla para el cumplimiento de la ley no es algo que hayamos tenido en este país, y la idea de que debemos cruzar esa línea y comenzar a forzar a compañías estadounidenses a socavar sus productos es realmente horrorosa y anti estadounidense”, dijo Nate Cardozo, un abogado con la Fundación basada en San Francisco.
Y después que el informante interno Edward Snowden reveló en el 2013 la extensión de los programas gubernamentales de supervisión, que incluían interceptar las redes digitales nacionales, algunas compañías tecnológicas lo han rechazado. Justo en abril, Microsoft demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un esfuerzo por cambiar una ley federal que prohíbe a las compañías dar a conocer a los clientes cuando los agentes revisan sus informaciones.
En el 2014, Apple y Google rediseñaron sus sistemas operativos telefónicos para hacer que sus aparatos encriptaran automáticamente. Ahora las compañías dicen que no pueden descifrar sus propios teléfonos.
Eso ha llevado a críticas de los fiscales, la policía y algunos legisladores, quienes dicen que pruebas clave se quedan dentro de los teléfonos confiscados en casos federales. Entre ellos se incluye a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, quien en una carta enviada a una Comisión Judicial del Senado federal dijo que “los criminales saldrán libres y la seguridad de todos nuestros ciudadanos se reducirá”.
“Mientras comprendo y aprecio el tremendo valor de la privacidad, es necesario considerar también el terrible costo que las acciones de Apple y Google tendrán sobre el cumplimiento de la ley estatal y local, y sobre las víctimas de crímenes en todo el país”, escribió Fernández Rundle en julio del 2015.
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de julio de 2016, 5:04 p. m. with the headline "Crece el misterio sobre el suicidio de un sospechoso de pornografía infantil."