Protestaron contra la policía de inmigración y dicen que ahora sufren las consecuencias
Por años, los activistas de inmigración Bud Conlin y Tomas Kennedy han visitado centros de detención de inmigrantes como el Krome Detention Center, como parte de la organización pro inmigrantes Friends of Miami-Dade Detainees.
Durante las visitas, Conlin, Kennedy y decenas de voluntarios hablan con los detenidos para conocer sus historias. La organización también dona recargas telefónicas para que los inmigrantes puedan hablar con sus familiares y representantes legales.
Pero en una visita el 14 de septiembre, a Conlin no le permitieron entrar al centro de detención Krome. La única explicación que recibio de parte de uno de los guardias de seguridad fue que la policía de inmigración y aduanas ICE había prohibido la entrada de Conlin y Kennedy.
Dos meses antes, Conlin, Kennedy y otras 15 personas habían sido arrestadas por la policía de Miramar, tras bloquear una calle cercana al edificio de inmigración durante una protesta para denunciar supuestos malos tratos a los inmigrantes que acuden a esa oficina.
El jueves, los activistas realizaron una conferencia de prensa afuera del mismo edificio, en la SW 145 Avenue, para denunciar lo que ellos consideran una represalia por parte de ICE por su participación en la protesta. Según ellos, la agencia federal está violando sus derechos a la libre expresión y a la libertad de asamblea pacifica, al prohibir su entrada a los centros de detención tras la manifestación.
“Queremos que ICE asegure que los miembros de esta comunidad no van a perder sus derechos a la libertad de expresión, protegidos por la constitución, a cambio de poder entrar a una instalación de inmigración”, dijo Conlin el jueves.
Kennedy, por su parte, argumentó que ICE no tienen justificación para bloquear su entrada a los centros de detención, ya que los cargos del arresto por la protesta de julio fueron desestimados, y ni él ni Conlin tienen historial delictivo.
“Básicamente es una actitud de represalia. Lo que están diciendo es: ‘ah, se van a meter con nosotros, pues no los vamos a dejar entrar a visitar y ayudar a los inmigrantes presos’”, se quejó Kennedy.
En una declaración enviada a el Nuevo Herald, el vocero de ICE en Miami, Néstor Yglesias, dijo que la agencia puede negar la entrega a cualquier persona a sus instalaciones, si determinan que la presencia de esa persona puede alterar el orden.
Yglesias refirió un documento del 2011, llamado Performance Based National Detention Standards, que dictan los estándares de visitas a centros de detención de ICE.
Según esos estándares “Los detenidos en custodia de ICE pueden mantener la moral y los lazos a través de las visitas de sus familias, miembros de la comunidad, representantes legales y funcionarios consulares, dentro de los límites de la seguridad, la protección y el buen orden de las instalaciones. Si el administrador de la instalación cree que la seguridad o el buen orden de una instalación de detención pueden verse comprometidos, ICE puede denegar el acceso a una instalación”.
Pero los activistas argumentan que la protesta no se realizó en un centro de detención, y ICE nunca ha tenido quejas de sus visitas a los detenidos.
Los activistas realizaron la protesta en julio para denunciar lo que calificaron de “tratos inuhumanos” a los cientos de inmigrantes que tienen que acudir a las oficinas de inmigración en Miramar cada día. Los inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, con casos pendientes de inmigración, como peticiones de asilo, se reportan a esa oficina regularmente para reunirse con ‘agentes de deportación’.
Anteriormente, en muchos casos las visitas se realizaban anualmente. Pero durante el gobierno del presidente Donald Trump y tras sus cambios de políticas de inmigración, a los inmigrantes se les exige presentarse con mayor frecuencia, algunos hasta mensualmente. Las personas que acuden a las oficinas llegan desde ciudades cercanas en Broward y Miami-Dade, pero también desde lugares como Homestead, Naples y Fort Myers. Para los que no tienen autos ni licencia de conducir, el viaje representa perder un día de trabajo y pagar hasta cientos de dólares por transporte ida y vuelta.
“Nos están castigando por sacar a la luz como se ha tratado a la gente aquí, que tenían que esperar bajo el sol inclemente, sin acceso a baños ni agua, y sus autos siendo remolcados porque tampoco hay estacionamiento”, dijo Kennedy a los medios el jueves.
En julio, luego de una serie de quejas por parte de activistas y funcionarios y residentes de la ciudad de Miramar, el vocero de ICE dijo al Sun Sentinel que la agencia estaba trabajando para mejorar las condiciones en las instalaciones. Yglesias dijo que habían colocado letreros que indican a los cientos de personas esperando en línea afuera del edificio, que habían baños disponibles adentro de la oficina. También dijo que estaban explorando la posibilidad de colocar fuentes de agua afuera del edificio y que, aunque los estacionamientos de visitantes no son su responsabilidad, procurarían agregar más espacios.
Activistas de United We Dream y Friends of Miami-Dade Detainees realizan un llamado “circulo de protección” una vez por semana en la SW 29 Street, cerca del edificio, donde ofrecen agua, café, comida para picar e información a inmigrantes que acudan a la oficina de ICE.
El jueves, una señora que no quiso dar su nombre dijo que pagó $150 a un “raitero” para que la llevara hasta las oficinas desde Pompano Beach, una ciudad de Broward unas 30 millas al norte. Sin embargo, después de esperar en la fila, a la mujer le pidieron que dejara la oficina y regresara en otra fecha, porque su hijo de dos años no paraba de llorar.
Los activistas ofrecieron agua, dulces y una silla a la mujer y el bebé mientras esperaban en la sombra a que el conductor regresara para llevarlos a casa.
Esta nota fue actualizada.
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Esta historia fue publicada originalmente el 18 de octubre de 2018 a las 8:19 p. m..