Juez federal ordena al ICE revelar si sus contratistas tienen COVID-19
Un magistrado federal en Miami ordenó a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) que revele cuántos de sus detenidos y contratistas en tres centros de detención en el sur de la Florida han dado positivo a la prueba del coronavirus.
La orden fue emitida el martes por la noche, después de un artículo del Miami Herald que reveló que el ICE no considera “personal” a sus empleados bajo contrato y que no tenía obligación de incluirlos en su página digital, que detalla cuántos empleados en sus centros de detención en todo el país han contraído el virus. El Herald también reportó que la entidad de las agenció para no tener que revelar que un detenido en Miami tenía el COVID-19 porque técnicamente ya no estaba en el centro de detención, sino en un hospital. Los tres centros de detención en el sur de la Florida son operados por contratistas.
“No entregamos esa información”, indicó la agencia, que más tarde informó que el papel del ICE no es publicar o discutir información sobre terceros.
Los artículos del Miami Herald fueron citados en una demanda federal presentada el lunes en el tribunal federal de Miami que solicita la liberación de detenidos en tres centros de detención del sur de la Florida. Como parte del caso —presentado por defensores de los indocumentados contra el ICE y el secretario de Justicia federal— el magistrado federal Jonathan Goodman ordenó al gobierno que revele para el viernes la información previamente retenida.
Hasta el miércoles por la mañana, el ICE indica que solamente 21 de sus empleados habían dado positivo, pero esa cifra no incluye contratistas que operan al menos 217 de sus 222 centros de detención en todo el país.
Akima Global Services es el contratista que opera el centro de detención de Krome en Miami-Dade. La semana pasada, el Herald reportó que dos guardias estaban contagiados con el virus y que por lo menos otros 60 fueron enviados a casa a esperar el resultado de las pruebas o a mantenerse en cuarentena.
La orden del magistrado especificó que la categoría de “personal” no se limita a los empleados de plantilla del ICE o de alguna agencia del gobierno federal.
Durante más de dos semanas, el Herald ha intentado contactar a autoridades de Akima —específicamente a la presidenta Laura Mitchell y al director de Comunicaciones, Joseph Pendry— por email, teléfono y mensajes dejados con varias recepcionistas. Ninguno de los mensajes ha tenido respuesta, lo que hace de Akima el único contratista del ICE en el sur de la Florida que se ha negado a entregar información sobre el coronavirus entre los empleados de sus centros de detención.
La Policía del Condado Glades, que opera para el ICE el centro de detención en Moore Haven, dijo el miércoles al Herald que ninguno de sus empleados ha dado positivo a la prueba. Hasta el viernes pasado, GEO Group, la compañía que opera el centro de detención del ICE en Broward, informó lo mismo.
Hasta el miércoles, el ICE indica que solamente dos detenidos en la Florida han contraído el virus en Krome. Al menos 238 detenidos han sido colocados en cuarentena tras quedar expuestos al virus, según documentos judiciales. La práctica, dijeron expertos en salud en declaraciones juradas, es una infracción de las normas federales.
La práctica de segregar a los detenidos infectados en áreas separadas en realidad propaga el coronavirus entre los detenidos y el persona, indican los documentos.
El ICE “contradice directamente las directrices [de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades] de varias maneras, y la más crítica es que las autoridades del ICE describen la segregación como la respuesta a una exposición conocida al COVID-19, no una práctica de último recursos”, dijo Joseph Shin, profesor adjunto de Medicina en Weill Cornell Medicine, en una declaración jurada adjunta a la demanda.
“En estas condiciones, cientos, potencialmente miles de personas se infectarán y muchos morirán”, agregó.
Un día después que las declaraciones de los expertos se presentaron, más de 200 médicos, trabajadores de la salud y estudiantes de Medicina de Miami enviaron al ICE una carta en que lo exhortan a liberar a los indocumentados de los centros de detención porque si hay un brote, “eso abrumará los recursos médicos”.