Jueza federal de Miami abruptamente cancela orden de investigar centros de detención
Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.
Apenas horas después de haber nombrado a un investigador independiente para que investigara posibles “condiciones inhumanas, deliberada indiferencia y castigos crueles y poco usuales” en tres centros de detención de inmigrantes del sur de la Florida, una jueza federal de Miami abruptamente dio marcha atrás a su orden sin dar ninguna explicación, según documentos judiciales.
En un documento de ocho páginas que se presentó en las primeras horas del lunes, la jueza federal de la Corte de Distrito Marcia G. Cooke asignó a un investigador para determinar si las autoridades del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) habían violado sus órdenes previas que buscaban evitar la propagación de los casos de coronavirus en los centros.
Sin embargo, horas después de haber nombrado a Michael B. Chavies —veterano abogado de Miami, ex juez de Circuito del Condado Miami-Dade, y socio del bufete Akerman LLP en Miami— para que inspeccionara e investigara el Centro de Procesamiento de Krome en Miami-Dade, el Centro de Tránsito de Broward en Pompano Beach, y el Centro de Detención Glades en Moore Haven, Cooke canceló su orden.
Por el momento se desconoce porqué Cooke revocó la orden, pero de acuerdo con la página web de Akerman, la firma legal ha realizado trabajos administrativos, trabajos de defensa y litigios regulatorios relacionados con agencias federales como el Departamento de Seguridad Territorial —que supervisa el ICE— entre unas 15 agencias federales. No se sabe si la jueza emitirá una nueva orden.
“La forma manera sistemática en que a los detenidos se les ha privado de las necesidades mínimas y de los productos para sobrevivir la pandemia es evidencia de una deliberada indiferencia a las necesidades médicas, lo que equivale a un castigo cruel e inhumano, ya que aumenta el riesgo de exposición a una enfermedad letal y altamente contagiosa”, dijo Cooke en su orden original.
En su orden inicial —que forma parte de una demanda en vigor que busca la liberación de unos 1,200 detenidos por el ICE— Cooke detalló cómo Chavies tendría la autoridad para solicitar cualquier archivo, inspeccionar físicamente las tres instalaciones, y tomar fotos y videos de las condiciones de vida dentro de los centros. Cooke dijo que la investigación de Chavies se archivaría sellada, hasta su redacción final cuando se daría a conocer públicamente.
Chavies, que no respondió ningún correo electrónico ni mensaje de voz que el Miami Herald le dejó el lunes, se especializa en litigios civiles, leyes de apelación y defensa. Chavies también pertenece al comité de diversidad e inclusión de la firma. En su orden, Cooke dijo que a Chavies se le pagaría $650 la hora hasta que la orden expire el 1ro. de agosto. El costo se dividiría a partes iguales entre el ICE y los abogados de los detenidos.
La designación de Cooke de un “maestro especial” fue la respuesta a una reciente petición que presentaron abogados de inmigración donde acusaron al ICE de violar la orden de abril de 2020 que prohibía que los detenidos que arrojaron positivo al coronavirus se mezclaran con otros que no se ha confirmado tienen el virus, así como no entregar productos de limpieza ni mascarillas a los detenidos ni educarlos sobre la pandemia del COVID-19.
Los detenidos y sus abogados también acusaron a la agencia de no promover ni poner en práctica el distanciamiento social en los centros de detención.
En una audiencia del 25 de junio, Cooke indicó que estaba considerando nombrar a un investigador independiente, después que algunos detenidos le dieron testimonio en vivo mediante el teléfono. De igual modo. La jueza señaló que la corte recibió casi 200 páginas de notas escritas a mano por los detenidos, todas dirigidas personalmente a ella.
“La gran cantidad de declaraciones juradas de los abogados de inmigración y de testimonios creíbles de los detenidos respaldan estas alegaciones, donde se dice también que el ICE continúa trasladando a los detenidos sin confirmar primero su estatus de salud ni entregarles nuevas mascarillas antes”, dijo Cooke. “Si al balancear las alegaciones con los documentos del ICE, se demuestra que son ciertas, ello sería una contravención directa de la orden restrictiva preliminar”.
“Desafortunadamente, ya que se trata de un problema que aún está vigente, no podemos hacer ningún comentario en estos momentos”, dijo Marlene Rodríguez, consejera especial de la Fiscalía en el Distrito Sur de la Florida, que representa al ICE.
Los seis bufetes de inmigración que presentaron la demanda —la clínica de inmigración de la Universidad de Miami (UM), el Centro Legal Southern Poverty, la Red de Defensa Rápida de Nueva York, la organización Americans for Immigrant Justice, el Servicio de Ayuda Legal del Condado Broward, y la firma de Washington, D.C. King & Spalding — le dijeron al Herald que conocían la cancelación de la jueza y que esperaban saber más detalles sobre el caso, que tiene fijado ir a juicio en enero de 2021.
Traducción de Jorge Posada