Un refugiado en la era de Trump: ‘A veces siento que nunca me fui de Colombia’
Este era el momento que tanto había anhelado.
O al menos eso fue lo que pensó.
Sentado en la silla de maquillaje del estudio de Mega TV en Miami, Julio Rodríguez repasaba mentalmente el guion. Ya vestido de pies a cabeza en su disfraz blanco, con una cola de caballo negra y collares de piedra para interpretar el papel de un pastor en una entrevista subida de tono. No despegaba el ojo del reloj. Pronto le tocaría salir a su otro trabajo. Esto fue un mes antes que el coronavirus le trastocara completamente la vida.
Rodríguez llevó a mucha gente por las calles de Miami en su Tahoe negra. El trabajo de chofer de Uber le permitió conocer Miami Beach, bares, clubes nocturnos y de desnudismo.
En Miami conviven a la vez muchos mundos diferentes. Para un conductor de Uber que debe ganar $1,000 a la semana para poder cubrir el pago del auto, que tiene una tasa de interés del 24% por su estatus migratorio, el seguro y poner comida sobre la mesa, Miami puede en entorno aterrador.
Rodríguez hace tiempo que solicitó el asilo. En 2016 dejó atrás una carrera de entretenimiento de 20 años en Colombia después de recibir amenazas de muerte cuando su comedia tomó un rumbo políticamente incorrecto.
“Tuve que hacerlo por mi familia”, dijo Rodríguez.
La administración de Trump ha realizado más de 48 cambios de política migratoria, aumentando tarifas, reduciendo protecciones y haciendo todo lo posible para desincentivar que las personas emprenden el viaje hacia el norte.
Algunas de las medidas pueden eludirse si uno tiene el dinero y contactos.
Rodríguez no tiene ni uno ni lo otro.
Vive una existencia cotidiana, un canario en una mina de carbón. Solo que esta es una versión tropical.
2016
Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con su esposa y dos hijas pequeñas el día antes de Halloween. Su vida estaba en crisis. Pasó de ser un actor en Bogotá que era parte de elencos de teatro y se presentaba en el programa semanal de comedia más importante de Colombina, Sábados Felices, temer por la vida de su familia.
“Salí del bar donde me había presentado esa noche y encontré un papel con una amenaza escrita a máquina en el parabrisas”, dijo el hombre de 46 años a el Nuevo Herald. “Yo no sé ni cómo llegue conduciendo a la casa”.
Se apresuró a solicitar visas de turista (que caducaron hace ya mucho tiempo) y huyó con su familia a Estados Unidos.
“No sabía si nos quedaríamos en Estados Unidos. Pero lo que era cierto es que era imposible quedarnos en Colombia”, dijo de su tierra natal, en aquel entonces presidida por Juan Manuel Santos.
Una semana después que Rodríguez aterrizara en Miami, Donald J. Trump ganó la elección. Su promesa de construir un “gran muro” se había convertido en un grito de guerra conservador que marcó el comienzo de una Casa Blanca enfocada en una agenda nacionalista que excluía a personas que en otras épocas eran bienvenidas.
“Esta administración sigue encontrando formas nuevas y crueles de negar a los solicitantes de asilo sus derechos más básicos”, dijo Dennise Moreno, abogada y becaria del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (PASA).
2017
Desde hace decenios, Miami ha sido el puerto seguro para muchos extranjeros, convirtiéndola en un símbolo de diversidad. Durante varios años fue considerada una “ciudad santuario”, que limitaba la cooperación de las autoridades locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. Con un un nuevo presidente en la Casa Blanca, esa designación tuvo consecuencias para el alcalde del condado republicano, Carlos Giménez. El 25 de enero, cinco días después de asumir la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva para retener fondos federales de esas ciudades.
Mientras otras comunidades resistieron, Giménez cedió.
Dos días después de esa orden ejecutiva, el presidente firmó otra que impuso una suspensión de entrada de 90 días a personas provenientes de siete países musulmanes y una restricción permanente a los refugiados sirios. La política cobró vigencia al día siguiente, lo que desató el caos en varios aeropuertos del país.
En medio de todo eso, el 9 de febrero de 2017, la familia Rodríguez presentó su solicitud de asilo. Ahí comenzó la espera, que aún no termina.
“Nosotros pedimos ayuda a otros amigos comediantes y artistas que también hicieron su petición de asilo’‘, explicó Rodríguez. “Nos recomendaron un paralegal que no sería muy caro”.
La familia vendió una tienda de comida saludable en Bogotá para mantenerse a flote. Rodríguez, su esposa y sus dos hijas se instalaron en un departamento en Kendall. Matricularon a la mayor en la escuela.
En abril, Rodríguez pisó por primera vez una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Le tomaron las huellas dactilares. Eso fue todo. A pesar de la inquietud y temor que sienten muchos con visas vencidas y la falta de respuesta (sus visas vencieron el 29 de abril de 2017), nadie ha vuelto ha llamar.
Según las reglas vigentes en aquel entonces, los solicitantes de asilo podían pedir su permiso de trabajo después de 150 días y obtenerlo en 30. Incluso entonces, Rodríguez enfrentó retrasos. Su permiso de trabajo tardó 219 días y llegó en noviembre de 2017.
Un amigo logró conseguirle un trabajo que pagaba en efectivo fregando autos cerca del aeropuerto.
Todos los días revisa el buzón de correo esperando recibir la cita para su entrevista en Inmigración, donde los expertos determinarán si existe un “temor creíble” y si Rodríguez enfrentaría represalias si lo deportan a su país.
La notificación brilla por su ausencia.
El que ríe último
Conocido por su alías “el Nené” en Colombia, Rodríguez no es como otros comediantes tradicionales de América Latina. Por lo general no se disfraza de personajes estereotípicos ni repite frases cliché. Rodríguez tiene alma de contestatario. Casi siempre sube al escenario vistiendo unos jeans oscuros, chaqueta de cuero y una de sus muchas camisetas de rock ‘n’ roll.
Es un feroz crítico de Álvaro Uribe, el predecesor de Santos, a quien ha acusado de arruinar el país, diciendo que está invadido por capos de la droga infiltrados en el gobierno.
Aún siendo así y según su declaración jurada, votó dos veces por Uribe, quien fue liberado recientemente de arresto domiciliario en medio de acusaciones de soborno.
Luego de que un militar asistiera a una función de Rodríguez, citó al comediante a su oficina en la Escuela Colombiana de Inteligencia y Contrainteligencia. El coronel le hizo una propuesta: “Venga a enseñarle caracterización a los cadetes”.
Rodríguez aceptó el trabajo, que consistía en enseñar a los cadetes cómo emplear habilidades teatrales en operativos clandestinos. Se volvió una figura popular, ganándose el premio al mejor maestro del año.
Un vocero del Ministerio de Defensa de Colombia le confirmó al Herald que Rodríguez trabajó en la escuela militar desde 2014 hasta el otoño de 2016.
Un mes antes de la partida de Rodríguez, su esposa recibió la primera amenaza por teléfono. Una semana después llamaron a Rodríguez. La voz masculina le detalló la rutina diaria de Rodríguez, como el horario en que iba a buscar las niñas a la escuela.
Luego encontró el documento supuestamente firmado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La copia examinada por el Herald acusaba a Rodríguez de “colaborar directamente con operaciones de inteligencia”, provocando la “muerte de muchos compañeros”.
Rodríguez escribió en su solicitud de asilo que su trabajo con el ejército lo había convertido en un blanco, irónico para el hombre cuyo humor estaba lleno de críticas al gobierno.
Según los datos oficiales migratorios más recientes, 2,650 colombianos solicitaron asilo de los cuales 370 fueron aprobados.
Después de que Rodríguez llegó a Miami, la administración de Trump hizo más estrictas las normas, al punto que si intentara venir a Estados Unidos hoy como solicitante de asilo muy seguramente le negarían la entrada.
2018
En enero, la administración anunció una nueva política de “último en entrar, primero en salir”. El propósito: eliminar la acumulación de solicitudes de asilo dándole prioridad a los recién llegados para aumentar deportaciones y evitar así que los solicitantes de asilo permanecieran en mucho tiempo en el país.
El 2 de abril, la administración dio un paso más allá. Molestos por la vorágine de casos retrasados, el Departamento de Justicia le impuso una cuota a los jueces de inmigración obligándolos a cerrar 700 casos al año. Según los críticos, este tipo de mandato le imposibilitaba a los solicitantes recabar la evidencia necesaria para sus casos.
El 11 de junio el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, hizo un anuncio ominoso (para Rodríguez). Dijo que las personas que son víctimas de “delitos privados, incluida la violencia doméstica y de pandillas, en su país de origen ya no calificarán automáticamente para el asilo en Estados Unidos”.
Aunque el Departamento de Estado ha dicho que las guerrillas colombianas de Colombia cometen algunos de los peores abusos, como “asesinatos políticos, asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad pública y funcionarios locales” y el uso generalizado de “secuestros y desapariciones forzadas ”, ese tipo de actividad delictiva ya no era suficiente para garantizar una respuesta afirmativa a la solicitud de asilo.
“Las leyes de inmigración de nuestra nación estipulan que se otorgue asilo a las personas que han sido perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución, debido a su pertenencia a un ‘grupo social particular’, pero la mayoría de las víctimas de delitos personales no se ajustan a esta definición, no importa cuán vil y reprobable sea el delito perpetrado en su contra”, dijo Sessions. (Un juez federal luego bloqueó la medida).
La vida en el limbo, esperando por las autoridades de Inmigración, ha limitado las opciones de Rodríguez. Dejó a varios familiares en Colombia.
“Nuestra gran preocupación es nuestra familia en Colombia. Mi papá está envejeciendo. La abuela de mi esposa aún está viva,” recalcó Rodríguez. “Lo peor es no poder verlos, en otro país, pensar que algo podría pasar y no los veríamos a tiempo”.
Mientras tanto, su vida sigue colgando de un hilo.
Julio de 2019
El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, negoció una serie de acuerdos con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Según la nueva política, los inmigrantes deberán solicitar asilo en el primer país al lleguen en su viaje a Estados Unidos. De no hacerlo, Estados Unidos tendría la potestad de negarles el ingreso al país.
Como estos acuerdos no fueron catalogados como tratados, no requirieron la aprobación del Congreso.
Estas disposiciones también afectaron a miles de cubanos y venezolanos varados en México.
En un memorando filtrado del subdirector del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Mark Koumans alentó a los empleados de la agencia a ayudar a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) con su carga de casos en la frontera en lugar de procesar los expedientes de personas como Rodríguez.
El resultado: para fines del año fiscal 2019 el retraso de todos los casos judiciales de inmigración, incluido los de asilo, superó los 869,000. El COVID solo lo empeoró: el nuevo recuento supera 1.1 millones, según el Departamento de Estado..
Febrero de 2020
El Departamento de Justicia anunció una serie de aumentos de las tarifas de los trámites inmigratorios. como cobrar a los solicitantes de asilo $490 por el permiso de trabajo y $50 para que sus casos sean escuchados en los tribunales.
Solo otros tres países cobran tarifas por las solicitudes de asilo: Irán, Fiji y Australia. La administración también aumentó las tarifas de otros servicios, como la apelación de órdenes de deportación, solicitudes de ciudadanía y residencia.
James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que administra los tribunales de inmigración, calificó los aumentos de tarifas de “marginales”.
Rodríguez tendrá que tomar esto en cuenta cuando presente la renovación de su permiso de trabajo el 9 de diciembre de 2021.
Esto le significa $1,470. Esta vez también tendrá que pedir el permiso de trabajo para su hija mayor, quien cumple la mayoría de edad en julio próximo.
(Un juez en California ordenó preliminarmente en septiembre detener temporalmente la implementación de las nuevas tarifas que comenzarán este mes).
Potencialmente peor para Rodríguez es la ampliación de una cláusula en la ley conocida como la “regla de carga pública”. Este cambio tenía como objetivo negar la residencia a los inmigrantes que pudieran buscar solicitar asistencia al gobierno en el futuro.
(Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que esta regla no se aplicará a los solicitantes de asilo, nadie sabe si esto pudiera cambiar).
Rodríguez siguió esperanzado.
La familia todavía vivía en un apartamento de dos habitaciones en Kendall. Su esposa ahora era gerente en un restaurante local. Entre los dos cheques de pago, Rodríguez y su esposa se las arreglaban. Finalmente las cosas tomaron su rumbo.
Rodríguez no renunciaba a su sueño. El Miami Improv tenía una noche a la semana dedicada a las presentaciones en español. Rodríguez se lanzó como pez en el agua. Comenzó un podcast, llamado “Amnesia”. Incluso actuó en una serie de Univisión.
Pero no fue suficiente para renunciar al Uber.
“Esta es una ciudad difícil”, dijo Rodríguez.
Finalmente, llegó su momento estelar consiguiendo un papel en El Show de Alexis Valdés.
Rodríguez fue todo un éxito.
Todo parecía ir viento en popa, hasta que llegó el coronavirus.
Marzo de 2020
Lo cancelaron todo, hasta Rodríguez.
Se acabaron las noches de comedia. El alcalde ordenó el cierre de los negocios. El restaurante que empleaba a su esposa, como cualquier otro restaurante, cerró. Bajo toque de queda, el trabajo en Uber también se paró
Lo único que no se detuvo fueron las facturas, incluido el pago del automóvil de $800 con la aplastante tasa de interés del 24%.
Aunque el condado detuvo los desalojos, la empresa que administra el condominio aún esperaba su dinero.
Luego, el programa de Valdés se suspendió indefinidamente.
Como todos tenían Seguro Social y pagan impuestos, Rodríguez y su esposa recibieron un cheque de estímulo del gobierno. No lo cobraron, temerosos de que el gobierno quisiera recuperarlo.
En abril, el gobierno “detuvo” la inmigración legal. La medida suspendió casi todos los programas de visas y la lotería, que otorga 50,000 residencias al año. A los residentes permanentes se les prohibió intentar traer a sus cónyuges e hijos. Las instalaciones de USCIS y los consulados de Estados Unidos cerraron debido a la pandemia.
De repente sonó el teléfono. Había una pequeña oportunidad.
Hoy
La alarma suena a las 5 a.m. Se viste, se pone una máscara y conduce hasta un centro de distribución de alimentos en Hallandale Beach.
Mientras espera en el estacionamiento, las camionetas cargan cientos de comidas calientes. A pesar del cierre de los comedores públicos y los centros para personas mayores, los más pobres y vulnerables del condado tienen que comer.
Pero esos almuerzos no se entregarán solos.
Rodríguez espera en cola con los conductores de Lean Delivery. Hasta ahora ha tenido suerte. Durante ocho días seguidos ha podido reemplazar a conductores que se ausentan.
Carga 120 comidas la Tahoe, que hace meses recorría las partes más exclusivas de la ciudad y ahora es un camioneta de reparto de comidas.
Muchos lo esperan en la acera.
“Dios lo bendiga”, le dice a Rodríguez una señora
El Instituto de Política Migratoria estimó que seis millones de inmigrantes trabajan en empleos afectados por la pandemia: atención médica, producción de alimentos y entrega de mandados a domicilio, lo que aumenta su riesgo de exposición e infección con el virus.
Mientras tanto, las restricciones a la inmigración siguen aumentando. Según un nuevo reglamento en la Florida, personas que enfrentan la deportación deberán presentar un pasaporte vigente y un formulario I-94, el documento federal que prueba que ingresaron a Estados Unidos legalmente. Rodríguez no se vio afectado de inmediato, pero podría estarlo en el momento de la renovación.
Hasta ahora, ha renovado su licencia de conducir dos veces y muestra que tiene un salvoconducto y está a la espera de las autoridades migratorias. Su próxima fecha de renovación es el 14 de noviembre, 10 días después de las elecciones presidenciales.
Otro cambio tendrá un gran impacto a futuro: aumentó el tiempo de espera para su permiso de trabajo. Ahora los solicitantes de asilo deberán esperar un año antes de enviar su petición, a menos que cumpla una “excepción extraordinaria”, pero nadie sabe lo que esto significa.
Cualquier solicitud de permiso de trabajo presentada por un solicitante de asilo puede ser negada si existe algún asunto administrativo pendiente, como un error tipográfico o no llenar la casilla de un segundo nombre.
Si una solicitud de asilo es rechazada, también se cancela automáticamente el permiso de trabajo inmediatamente.
“Estamos a merced de que cualquier cosa cambie de la noche a la mañana”, dijo Rodríguez. “El hecho de que estemos bien hoy no significa que lo estaremos mañana”.
Mientras tanto, Rodríguez está regresando a la comedia. No es mucho, pero es algo. Los martes trasmite un programa por YouTube desde la habitación de su hija llamado “Políticamente en su Recto”.
“Todos creen que esta ciudad es cosmopolita, llena de personas bellas como lo que uno puede apreciar en lugares como Miami Beach, Brickell, o Wynwood. Creemos que es arte, el festival Ultra y Key Biscayne. Pero en realidad, hay mucha pobreza, más de lo que muchos se imaginan” recalcó Rodríguez
“A veces siento que nunca me fui de Colombia”.
Fabio Posada, periodista independiente, informó desde Cali, Colombia. Marcos Martínez Chacón, de Aristegui Noticias, informó desde la Ciudad de México. Monique O. Madan, reportera de inmigración del Herald, Madan colaboró con este despacho.
Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de octubre de 2020 a las 6:00 a. m..