Biden prometió acabar con los centros privados de detención de inmigrantes. Ahí siguen
El presidente Joe Biden prometió como candidato “acabar con los centros de detención con ánimos de lucro”, donde se recluye a muchos niños y familias que entraron ilegalmente al país. Pero a su administración le está resultando difícil cumplir el compromiso de mejorar las condiciones de los inmigrantes indocumentados, especialmente en medio de una pandemia.
Menos de una semana después de asumir el cargo, Biden ordenó al Departamento de Justicia que no renovara los contratos con empresas penitenciarias privadas, pero no amplió la directriz para incluir al Departamento de Homeland Security, que supervisa los centros de detención de inmigrantes.
Esa falta de acción ha sorprendido y frustrado a algunos aliados de la administración y a grupos de defensa de los inmigrantes, que argumentan que las instalaciones operadas por empresas privadas son peligrosas y han sugerido alternativas al equipo de Biden, incluyendo la liberación de los inmigrantes indocumentados para que vivan con sus familiares en Estados Unidos mientras esperan sus citas en los tribunales.
“No es un pequeño detalle que se pase por alto, el no incluir estas instalaciones en la orden ejecutiva”, comentó Thomas Kennedy, coordinador estatal del capítulo de la Florida de United We Dream. “Nuestra expectativa es que todos los contratos de centros de detención de prisiones con fines de lucro sean eliminados inmediatamente”.
La vacilación del gobierno de Biden para eliminar gradualmente el uso de centros de detención con fines de lucro se produce mientras busca reajustar ampliamente la agenda de inmigración del país, incluyendo el retroceso de muchas de las políticas del ex presidente Donald Trump y proponiendo una legislación que permitiría a los inmigrantes indocumentados que viven en el país convertirse eventualmente en ciudadanos.
Las iniciativas de la Casa Blanca se han ganado los elogios de los defensores de la inmigración, incluso cuando algunos de ellos comienzan a inquietarse porque el presidente no ha adoptado medidas inmediatas en otras promesas de campaña, incluida una para eliminar los contratos federales con empresas privadas que operan centros de detención de inmigrantes.
Biden sigue preocupado por los centros de detención, dijo la Casa Blanca este mes, insistiendo en que corresponde al Departmento de Homeland Security hacer recomendaciones al presidente, a pesar de que fue Biden quien ordenó al Departmento de Justicia que eliminara el uso de las prisiones privadas.
Las empresas privadas gestionan la mayor parte de los más de 200 centros de detención de inmigrantes que existen en el país -- incluido las que están en los condados Miami-Dade y Broward -- y que, según los grupos activistas, son injustos e inhumanos.
Se calcula que el 81 por ciento de los inmigrantes detenidos se encuentran en centros privados, según Detention Watch Network, un grupo que pretende abolir la detención de inmigrantes en Estados Unidos.
Los activistas describen los centros de detención privados como prisiones de facto, en las que los inmigrantes son confinados en espacios cerrados y restrictivos. Los informes de la Oficina del Inspector General del DHS señalan que han sancionado a algunas de estas instalaciones por proporcionar una atención médica inadecuada y condiciones inseguras.
“Esta es la peor parte del peor aspecto del sistema de aplicación de la ley de inmigración”, dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del Center for Migration Studies. “Hay que abordarlo. Y si no se aborda ahora, quizá nunca se haga”.
UNA PROMESA DE CAMPAÑA
Kerwin y otros activistas han hecho propuestas al gobierno de Biden para sustituir por completo el sistema de detención, muchas de las cuales giran en torno a dejar que las familias o las organizaciones de asistencia social alojen a los inmigrantes en instalaciones que se parezcan menos a una prisión.
En su opinión, solo los inmigrantes indocumentados más peligrosos deberían permanecer en un centro de detención, argumentando que la gran mayoría de ellos se presentan a sus citas con el tribunal sin importar dónde se encuentren.
“Son personas que no suponen realmente una amenaza para nuestra seguridad nacional. Los grupos de la sociedad civil están dispuestos a acogerlos y a hacer el trabajo pesado, por lo que deberíamos aprovecharlo”, dijo Iman Boukadoum, que dirige el trabajo de inmigración de The Leadership Conference on Civil and Human Rights.
El American Immigration Council señaló en un informe que, en un periodo de diez años, el 96 por ciento de los inmigrantes que fueron representados por un abogado se presentaron a sus audiencias judiciales.
Es un argumento que Biden aceptó durante la campaña. Cuando se le preguntó por los centros de detención y la reunificación familiar en un acto de campaña de 2019 en Carolina del Sur, dijo a una multitud que los inmigrantes suelen presentarse a sus citas judiciales. “Hay que cerrarlos. De hecho, no los necesitamos”, dijo Biden sobre los centros de detención. “No tenemos que mantener a niños en una jaula”.
La página web de la campaña de Biden decía que, si era elegido, “acabaría con los centros de detención con fines de lucro” y “pondría fin a la detención prolongada y reinvertiría en un programa de gestión de casos”.
Pero el gobierno de Biden reconoció esta semana que estaba luchando por encontrar una alternativa a los centros de detención mientras advertía a los solicitantes de asilo que, salvo en circunstancias extremadamente limitadas, serían rechazados en la frontera mientras la nación lucha contra el coronavirus.
“Debido a la pandemia y al hecho de que no hemos tenido tiempo, como administración, de poner en marcha un proceso integral humano para procesar a las personas que llegan a la frontera, ahora no es el momento de venir, y la gran mayoría de las personas serán rechazadas. Los procesos de asilo en la frontera no se producirán de forma inmediata, tardarán en implementarse”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa.
Psaki agregó que la situación de los inmigrantes es “obviamente un tema emocional para muchos de nosotros que hemos trabajado en esto en el pasado para el propio presidente,” e insistió en que la administración de Biden necesita más tiempo para lograr las propuestas de inmigración del presidente.
Según un análisis del Pew Research Center, el número de detenciones en la frontera de Estados Unidos se redujo en un 53 por ciento en el año fiscal 2020, mientras el COVID-19 causaba estragos y los gobiernos cerraban sus fronteras. El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) anunció que su población de detenidos cayó a aproximadamente 20,000 personas al día al final del último año fiscal después de que enfocó temporalmente su atención en los criminales y las amenazas a la seguridad pública durante la pandemia.
Pero en el año fiscal 2019, el ICE informó que tomó en custodia a 510,854 personas que ingresaron ilegalmente al país, un aumento del 27 por ciento con respecto al año anterior, el cual atribuyó al aumento de la actividad policial en la frontera suroeste.
La población promedio diaria de todos los centros de detención en Estados Unidos fue de más de 50,165 inmigrantes y, según ICE, la duración promedio de la estancia de cada inmigrante en los centros de detención fue de 34.3 días en el año fiscal 2019.
Los activistas de la inmigración reconocen que no será tan fácil para Biden apartarse de los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro como lo será para su administración eliminar gradualmente las prisiones privadas. A diferencia de la población carcelaria, los inmigrantes no son detenidos por periodos definidos de tiempo y son frecuentemente trasladados entre instalaciones.
Pero los defensores de los inmigrantes están presionando para que Biden lo convierta en una prioridad urgente. Este año han muerto dos personas bajo custodia de ICE, una de ellas por complicaciones del coronavirus.
El COVID-19 puede propagarse rápidamente en espacios cerrados, y está agravando el problema, afirmaron activistas.
Ranit Mishori, asesor médico principal de Physicians for Human Rights, dijo que era una “carrera contra el tiempo” para empezar a retirar a algunos de los inmigrantes detenidos antes de que se expongan al virus.
“Es realmente muy urgente”, aseveró Mishori. “Tenemos que hacerlo ahora. La situación de la pandemia no está mejorando ahora”.