Reglas propuestas para los albergues de niños migrantes podrían costar millones de dólares

Una regla controversial propuesta por la administración del gobernador Ron DeSantis que añade regulaciones para las organizaciones que albergan a jóvenes inmigrantes no acompañados podría costar millones de dólares adicionales, según un análisis de costos estimados del Departamento de Niños y Familias de la Florida, DCF.

La regla ordenaría a los reguladores estatales de cuidado infantil que nieguen licencias a refugios, agencias de acogida temporal y hogares de acogida temporal que cuidan y alojan a niños migrantes no acompañados para el gobierno federal, a menos que la Florida acepte un acuerdo de reasentamiento con las autoridades federales.

También requeriría que los proveedores de servicios realicen visitas dos veces al año a los niños que colocan con patrocinadores hasta que cumplan 18 años, se vayan de la Florida o sean expulsados de Estados Unidos, entre otras condiciones. Las visitas serían realizadas por las instalaciones de cuidado de niños y las agencias de colocación de niños, de acuerdo con la regla propuesta.

Las visitas en persona podrían acumular costos adicionales, según el análisis de costos estimados, que analiza el impacto financiero de la medida.

Un ejemplo de costos estimados para las visitas, si todo el personal que las realiza vive fuera de las áreas del proveedor, incluye casi $2 millones dentro de los seis meses posteriores a la implementación. Esas cifras aumentan a $16.8 millones para instalaciones de cuidado infantil y $2.6 millones para agencias de colocación de niños en los primeros cinco años.

“El costo total para realizar visitas a los [menores no acompañados] hasta que cumplan los 18 años varía según la edad del niño cuando fueron colocados con un patrocinador”, reconoce el informe.

La agencia estatal descubrió que más de 4,000 niños migrantes no acompañados fueron atendidos por las 17 instalaciones de cuidado infantil, cinco agencias de colocación de niños y 60 hogares de crianza de la Florida el año pasado.

El análisis de costos estimados dijo que se afectarían las licensias del Programa de Niños No Acompañados, pero no las del Programa de Menores Refugiados No Acompañados, ambos administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una oficina federal que atiende a niños migrantes no acompañados. El programa de menores refugiados ofrece “cuidado temporal especializado” para menores refugiados y solicitantes de asilo y víctimas de la trata, así como para niños cubanos y haitianos, según la oficina de reasentamiento.

“Actualmente, existe un acuerdo de cooperación entre el Gobierno Estatal y Federal sobre el programa de menores refugiados,” dice el informe.

El informe de costos del DCF dijo que el programa de menores no acompañados está totalmente financiado por el gobierno federal, y que perder sus licencias pone a los refugios, hogares de crianza y agencias de colocación de niños en riesgo de perder la ayuda federal.

“En ausencia de un acuerdo de cooperación, cualquier titular de licencia existente que acepte [menores no acompañados] puede tener su licencia suspendida o revocada. Esto podría resultar en que las entidades pierdan fondos federales para cuidar [menores no acompañados]”, dice el informe de costos.

Las organizaciones reciben aproximadamente $66 millones de dólares del gobierno federal para albergar a los menores no acompañados, según el informe estatal. Catholic Charities de la Arquidiócesis de Miami, que albergó a 352 niños en 2021, recibió $10 millones, según el informe. Mientras tanto, His House Children’s Home, otra organización del área de Miami, recibió casi $8 millones para cuidar a cientos de menores no acompañados.

La administración de Biden envió una carta el martes diciéndole al abogado general de DeSantis, Ryan Newman, que las licencias emitidas por el estado no son un requisito para recibir dinero del gobierno federal y que la Florida no puede penalizar a los proveedores de servicios por operar a través de contratos federales.

“Bajo la Cláusula de Supremacía[en la Constitucion] la Florida no puede emprender acciones contra contratistas federales por actividades que están expresamente autorizadas por la ley federal”, dice la carta de Mark Greenberg, asesor jurídico del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Greenberg agregó que una carta de Newman había dejado en claro que la Florida no tenía la intención de entrar en ningún acuerdo de cooperación para que el gobierno federal pudiera reasentar a los niños.

“El estado de la Florida ya no participará en un programa federal que fomenta el tráfico de niños”, dijo DCF al Miami Herald, “El gobierno federal no debe colocar a niños en instalaciones sin licencia a menos que planee supervisar”.

Quiénes son los niños de la Florida?

Desde que se propuso la medida a principios de este mes, ha ido creciendo la oposición entre los líderes religiosos de la Florida, los líderes empresariales del sur de la Florida y algunos cubanoamericanos que llegaron a la Florida a través de la Operación Pedro Pan en la década de 1960. Otros que llegaron en la Operación Pedro Pan han salido a apoyar la propuesta de DeSantis.

Los detractores han ejercido más presión sobre DeSantis y los legisladores de la Florida, quienes también están considerando una ley. que desalentaría a las empresas privadas que transportan inmigrantes “no autorizados” a la Florida en nombre del gobierno federal. Han escrito columnas de opinión, lanzado anuncios contra DeSantis y senadoras estatales de Miami-Dade, y enviado cartas a la oficina del gobernador.

En una reunión de casi dos horas el jueves, DCF recibió comentarios del público sobre la regla propuesta.

Un grupo de proveedores de servicios, defensores de inmigración, abogados y líderes religiosos asistieron a la audiencia virtual. Entre ellos estaba Joel Tooley, pastor principal de la Primera Iglesia del Nazareno de Melbourne, quien también fue director de un refugio para jóvenes no acompañados y consultor de la Mesa Evangélica de Inmigración.

Tooley preguntó a quiénes considera la administración de DeSantis como “niños de la Florida”, aludiendo a los comentarios de la agencia y la oficina del gobernador de que la propuesta se emitió en parte para garantizar que los niños vulnerables del estado obtengan el refugio y los servicios que necesitan.

“¿Quiénes son? ¿Son niños que nacieron en la Florida? ¿Los que están transitando? Tengo hijos que nacieron en Kansas, pero viven aquí. ¿Son considerados niños de la Florida?” Tooley le dijo al Miami Herald.

Nate Bult, vicepresidente senior de asuntos públicos y gubernamentales de Bethany Christian Services, una organización nacional que coloca a jóvenes no acompañados con familias de crianza en la Florida, dijo que DCF no pudo responder preguntas clave sobre la regla propuesta. Señaló que grupos como el suyo se establecieron en torno a principios religiosos que enfatizan el cuidado de los vulnerables.

“Estamos llamados por nuestra fe a recibir al extranjero y amar a nuestro prójimo. Y es por eso que comenzamos programas para niños no acompañados. Entonces, el estado de la Florida básicamente nos está diciendo que tenemos que elegir qué población de niños vulnerables queremos ayudar”, dijo.

Las preocupaciones se parecen a una declaración conjunta del 24 de enero de los líderes de la iglesia evangélica hispana y el Consejo de Iglesias de la Florida, que dijeron que ven la acción ejecutiva y la legislación pendiente como “persecución religiosa y restricción de nuestra libertad de culto”.

El Southern Poverty Law Center envió a cuatro abogados a la vista de comentarios públicos, quienes preguntaron sobre el impacto y los parámetros legales de la medida. Anne Janet Hernandez Anderson, abogada supervisora principal del Immigrant Justice Project del centro, dijo que estaba “sorprendida” de que la agencia no revisara línea por línea la regla propuesta, pero que el formato de la reunión permitió un tiempo generoso para hacer comentarios.

Con respecto al requisito del acuerdo de colaboración, Hernández Anderson dijo que era “inusual” que un estado buscara imponer un requisito al gobierno federal, lo que ella cree que podría ser inconstitucional.

DCF le dijo al Miami Herald que el próximo paso es que la agencia recopile los comentarios públicos. El público tiene hasta el 2 de marzo para enviar comentarios sobre la regla a la agencia. Luego, la regla irá a la Legislatura estatal para ser aprobado.

Marcha religiosa en Tallahassee

Mientras se llevaba a cabo la audiencia administrativa, cientos de evangélicos hispanos de toda la Florida se reunieron en el Capitolio estatal para expresar su oposición a la plataforma de inmigración de DeSantis, preocupados de que su trabajo con los niños migrantes se viera afectado.

Juntos, rezaron para que DeSantis revirtiera sus políticas de inmigración y luego marcharon a las oficinas del gobernador y varios legisladores, incluido el presidente del Senado, Wilton Simpson, y miembros de la delegación de Miami-Dade, para entregar cartas en oposición a los proyectos de ley de inmigración.

“Esta propuesta... es decisiva para nosotros en el sur de la Florida”, dijo el pastor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía en Miami. “Porque somos nosotros los que estamos trabajando con [los niños] todos los días”.

Piña dijo que la plataforma de inmigración del gobernador podría “definitivamente” tener un impacto en cómo votan los cristianos y evangélicos en noviembre, cuando DeSantis estará en la boleta electoral para la reelección. Dijo que no se trata de afiliación política, se trata de votar por valores y principios que se alineen con la iglesia.

“Sin duda esto podría tener un efecto”, dijo Piña.

A unas 250 millas de Tallahassee, DeSantis pareció doblar sus propuestas de inmigración de línea dura el jueves en la Conferencia Nacional de Acción Política Conservadora en Orlando.

“Estamos en el proceso de obtener dinero de la Legislatura para que, si Biden trae inmigrantes ilegales a la Florida desde la frontera sur, los redirija a Delaware”, dijo DeSantis, cuyos comentarios fueron recibidos con un gran aplauso y una ovación de pie.

DeSantis se refería a una propuesta de $8 millones que quiere que los legisladores incluyan en un presupuesto estatal de más de $100 mil millones que los legisladores están negociando actualmente. La Legislatura liderada por los republicanos aún no ha aprobado esa solicitud.

Lea la regla propuesta a continuación:

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de febrero de 2022, 0:41 p. m..