La nueva política de inmigración de la Florida

La Florida pudiera tener pronto en los libros una nueva ley de inmigración que ha avivado el miedo entre las comunidades de inmigrantes, pero, en la práctica, es probable que sirva más para enviar un mensaje que para reprimir.

Eso es porque no hay mucho que el estado pueda hacer para abordar un sistema de inmigración federal, del cual el gobernador Ron DeSantis y los legisladores republicanos dicen que está en “crisis” y “averiado”.

Pero algunas de las pocas cosas que el estado puede hacer están incluidas en un proyecto de ley de inmigración que la Legislatura estatal, dominada por los republicanos, aprobó el miércoles y envió a DeSantis, quien se espera que la firme después de pedirla.

Queda por ver si tendrán un impacto en las comunidades de la Florida, muchas de ellas con grandes poblaciones de migrantes. Esto es lo que sabemos sobre lo que la ley propuesta pudiera significar para los migrantes indocumentados en la Florida en un futuro próximo.

¿Cambiará la reubicación de inmigrantes indocumentados?

Gran parte del debate en torno a la propuesta de inmigración se ha centrado en el transporte de inmigrantes indocumentados a la Florida, y si la reubicación de los menores no acompañados, los refugiados y los solicitantes de asilo cambiaría.

Las entidades gubernamentales locales y estatales tendrían prohibido hacer negocios con empresas que transporten a “extranjeros no autorizados” a la Florida, a menos que los transporten para facilitar la “detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos”.

Las aerolíneas, empresas de autobús o incluso los contratistas independientes pudieran transportar inmigrantes indocumentados al estado en nombre del gobierno federal. Pero se arriesgarían a perder contratos estatales o locales al hacerlo. Hasta ahora, el estado no ha identificado ningún contrato estatal que pudiera verse afectado, según los registros obtenidos por POLITICO.

No está claro cómo las empresas de transporte pudieran identificar a los pasajeros que son “extranjeros no autorizados”. Pero cuando las empresas hagan contratos con una entidad estatal o local, se les exigiría que atestigüen que “no prestan ni prestarán voluntariamente ningún servicio durante el plazo del contrato”.

Además de este proyecto de ley, se han planteado interrogantes sobre la reubicación de inmigrantes indocumentados en la Florida en otras propuestas que DeSantis y los legisladores están estudiándolas.

Autoridades estatales de Transporte pronto podrían aprovechar un fondo de $12 millones para contratar a empresas privadas para reubicar a los inmigrantes “ilegales” fuera del estado.

Es probable que los refugios de la Florida pronto enfrenten nuevas restricciones estatales sobre el número de menores solos que pueden acoger en nombre del gobierno federal, según una norma impulsada por el Departamento de Niños y Familias estatal.

Líderes religiosos de todo el estado, incluido el arzobispo de Miami Thomas Wenski, han criticado las propuestas de inmigración y les preocupa que si se aprueban se les dificulte prestar servicios a los niños migrantes. Se estima que la norma administrativa en consideración costará millones de dólares a los albergues, muchos de ellos dirigidos por organizaciones religiosas.

¿Se verían afectados los menores no acompañados?

Las personas de quienes se considere que están “ilegalmente” en el país según la ley federal de inmigración serían el blanco de la propuesta.

Mientras que los legisladores del Partido Republicano dicen que esa definición no incluye a los menores no acompañados, los abogados de inmigración dicen que sí debido a que los niños migrantes no acompañados carecen de “un estatus legal” según la ley federal de inmigración.

Las personas a las que se les ha concedido el Estatus de Protección Temporal —como los ucranianos que huyen de su país devastado por la guerra— o que están protegidas por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no se verían afectadas, según los legisladores.

Sin embargo, sigue preocupando la situación de las personas que solicitan asilo pero tienen una solicitud pendiente. Según la ley federal de inmigración, caen bajo la categoría de “extranjero no autorizado” a menos que reciban una tarjeta de autorización de trabajo o estén pendientes de la aprobación de su estatus de asilo, dicen los abogados de inmigración.

¿Tendrán as fuerzas policiales de Florida nuevas responsabilidades?

Todos los agentes de ley en la Florida que operan un centro de detención del condado estarían obligados a participar en un programa federal de inmigración, conocido como el 287 (g), creado para identificar y capturar a los migrantes indocumentados en las cárceles del condado después de ser arrestados.

Actualmente, 48 jefes de policía en la Florida participan en el programa, un número que se ha disparado bajo la administración de DeSantis. La propuesta requeriría que los centros de detención de los condados que aún no han participado que implementen un acuerdo de cooperación con el ICE antes del 1 de enero de 2023.

En la práctica, eso significa que dentro del próximo año más agentes de prisiones del condado podrían viajar a Charleston, Carolina del Sur, para ser capacitados por el ICE, a expensas de las jurisdicciones locales.

Los funcionarios recibirían capacitación para identificar, interrogar y entregar a los reclusos por estar en el país sin autorización, incluidos algunos que pueden estar aún a la espera de juicio por cargos penales. Trabajarían bajo la supervisión de ICE.

Para obtener la certificación y poder desempeñar las funciones de agentes de inmigración, los agentes locales deben aprobar un examen con una puntuación mínima de 70%. El ICE puede exigir capacitación adicional.

¿Qué más cambiaría?

Los gobiernos locales no podrían promulgar políticas que les prohibieran compartir información con las agencias estatales sobre la situación migratoria de las personas bajo su custodia.

Este requisito de intercambio de información es una idea de DeSantis, que durante meses se ha quejado de que los funcionarios federales de inmigración no comparten suficiente información con el Estado.

Cuando un migrante indocumentado entra en el sistema judicial, los tribunales y todos los centros de detención también estarían obligados a registrar el estatus migratorio de cada acusado en cada caso penal.

Esta historia fue publicada originalmente el 10 de marzo de 2022, 5:14 p. m..