Jefe de policía de Texas dice que los migrantes deberían quedarse en EEUU porque DeSantis los hizo víctimas de un crimen
Los migrantes venezolanos llevados a Martha’s Vineyard por el estado de la Florida el mes pasado están un paso más cerca de quedarse en Estados Unidos... porque el gobernador Ron DeSantis, quien ha cuestionado su derecho a permanecer aquí legalmente, los hizo víctimas de un delito potencial, dice su abogada.
Los 48 migrantes dicen que fueron engañados para tomar vuelos chárter desde San Antonio a la isla de Massachusetts con falsas promesas de empleos y otra asistencia, parte de una operación financiada por los contribuyentes que DeSantis dijo haber puesto en marcha para llamar la atención sobre la crisis fronteriza. El jefe de Policía del Condado Bexar, que abarca San Antonio, rápidamente abrió una investigación penal.
Ahora, el jefe de policía concedió a cada uno de los migrantes un certificado que les permite solicitar un tipo especial de visado destinado a las víctimas de delitos que ayudan a las fuerzas del orden, según Rachel Self, abogada de los migrantes. Los que solicitan el visado no pueden ser devueltos a sus países de origen hasta que se resuelvan sus casos de inmigración, lo que puede tardar hasta seis o siete años, dijo Self en un comunicado.
“No importa cuáles sean sus creencias políticas, todas estas personas son víctimas de un delito”, dijo.
DeSantis y otros republicanos de alto nivel han planteado dudas sobre si los migrantes, y cientos de miles de otros como ellos que llegan a la frontera sur de la nación, tienen reclamos válidos para permanecer en Estados Unidos.
La oficina del gobernador de la Florida no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves. El jefe de Policía del Condado Bexar, Javier Salazar, emitió un comunicado en el que confirmaba que su departamento “había presentado la documentación a través del sistema federal para garantizar la disponibilidad de los migrantes como testigos durante la investigación”, que, según dijo, está en curso.
También reveló por primera vez el estatuto de Texas que el esfuerzo de reubicación podría haber infringido: la restricción ilegal. Se trata de un delito menor de clase A, a menos que la víctima sea menor de 17 años.
Salazar dijo que solo podía aplicarse a quienes estuvieron en su jurisdicción en el momento del delito.
Los visados solicitados por los inmigrantes se conocen como “visados U”. Este tipo de visados se “reservan para las víctimas de ciertos delitos que han sufrido abusos mentales o físicos y que son útiles para las fuerzas del orden o los funcionarios del gobierno en la investigación o el enjuiciamiento de la actividad delictiva”, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Con el tiempo, pueden conseguir un estatus legal permanente en Estados Unidos.
Se esperaba que los inmigrantes de Martha’s Vineyard solicitaran asilo, en lugar de pedir el visado especial U.
“Este no es un proceso rápido y fácil”, dijo Self. “Mientras la solicitud esté pendiente, el solicitante puede recibir una autorización de trabajo, pero no hay garantía de cuándo se le concederá. Este no es un proceso por el que alguien pase para obtener una solución rápida. ... Es un proceso que queremos que la gente lleve a cabo porque son testigos esenciales en una investigación criminal, porque ayudar a la aplicación de la ley es lo correcto”.
Los migrantes han estado ayudando a la División de Crimen Organizado del jefe de la policía en su investigación. La Policía está investigando si contratistas con conexiones políticas que trabajan para el estado de la Florida infringieron la ley al hacer supuestas promesas falsas y “atraer” a los migrantes a los vuelos del 14 de septiembre.
Aunque los vuelos impulsaron la posición de DeSantis en los círculos republicanos nacionales mientras busca la reelección y medita una candidatura a la presidencia en 2024, también dieron lugar a importantes impugnaciones legales.
Además de la investigación penal en San Antonio, DeSantis enfrenta una demanda federal colectiva por parte de los migrantes de los vuelos de Martha’s Vineyard, que alegan que violó sus derechos civiles.
En la Florida, un senador estatal demócrata está demandando a DeSantis, diciendo que el gobernador usó el dinero de los contribuyentes ilegalmente para la operación. La demanda señala que el lenguaje presupuestario que autoriza el programa reservó $12 millones para sacar a los “extranjeros no autorizados” del estado de Florida, no a los potenciales solicitantes de asilo que tienen permiso para estar en Estados Unidos a la espera de audiencias y están viviendo en otros estados como Texas.
El Miami Herald obtuvo documentos estatales que establecen las directrices del programa, que también dicen que los migrantes deben ser “encontrados en la Florida”.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está examinando la financiación de los vuelos de migrantes.
DeSantis expresó anteriormente su escepticismo sobre si se debería permitir a los migrantes permanecer en Estados Unidos, a pesar de que se entregaron a las autoridades fronterizas y se les concedió la libertad condicional para permanecer en el país legalmente, a la espera de las audiencias judiciales.
“Hay toda una industria artesanal que dice que cualquiera que quiera entrar debería pedir asilo”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en Miami el mes pasado. “La mayoría de estas personas claramente no califican para el asilo, así que se está abusando de eso”.
Los redactores del Miami Herald Bianca Padró Ocasio y Ana Ceballos contribuyeron a este artículo.
Esta historia fue publicada originalmente el 13 de octubre de 2022, 4:25 p. m..