Estados Unidos envió a El Salvador a venezolano con caso de asilo político pendiente

Se suponía que Frengel Reyes Mota estaría lidiando con su caso de asilo mientras luchaba por su oportunidad de permanecer en Estados Unidos. De repente, se encontró encerrado en una megaprisión a millas de millas de distancia.

“Está en la cárcel de tortura de El Salvador”, dijo Mark Prada, abogado de Reyes Mota, al juez de inmigración Jorge Pereira durante una audiencia el lunes en el Centro de Detención Krome, en el oeste del condado de Miami-Dade. La audiencia se había programado antes de que Reyes Mota fuera expulsado del país.

Reyes Mota está entre los cientos de venezolanos que la administración Trump deportó a principios de este mes mediante el uso de poderes extraordinarios en tiempos de guerra, con base en una ley de 1798. La administración los envió al Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador, alegando que son miembros de la notoria pandilla venezolana Tren de Aragua.

Pero el padre de 24 años no tiene antecedentes penales en Venezuela. Sus registros de detención migratoria en Estados Unidos están plagados de errores, lo que pone en duda su fiabilidad. No tiene tatuajes y sus familiares niegan que tenga vínculos con pandillas.

“Él no es pandillero, señor juez”, dijo Prada.

Si Reyes Mota aún estuviera en Estados Unidos, la audiencia sobre su solicitud de asilo habría sido un asunto común. Pero su ausencia pone de manifiesto la naturaleza excepcional de la deportación de los venezolanos a El Salvador. Mientras los abogados argumentan que los vuelos de deportación fueron ilegales y violaron la orden de un juez federal, el sistema judicial de inmigración está gestionando el caso de un solicitante de asilo con un proceso migratorio pendiente, a quien la administración Trump trasladó a otro país sin el debido proceso.

“Nos enfrentamos a una situación novedosa y sumamente preocupante: los procedimientos judiciales de inmigración siguen pendientes, pero las personas desaparecen de Estados Unidos sin una orden de expulsión legal”, declaró Prada. “Esto es una afrenta al Estado de derecho”.

Otros abogados han dicho en documentos judiciales que impugnan las deportaciones que sus clientes también tenían pendientes audiencias de asilo y otros procedimientos de inmigración.

‘No merece esta injusticia’

Reyes Mota y su esposa decidieron venir a Estados Unidos porque no veían futuro para su hijo en Venezuela. En 2023 se unieron a los siete millones de venezolanos que huyeron de la turbulencia económica, la represión política y la pobreza generalizada en su país natal.

Liyanara Sánchez, esposa de Reyes Mota, lo describió como un hombre reservado, un esposo cariñoso, un padre dedicado y amante de las mascotas. En Estados Unidos, pintaba casas para ganarse la vida. Asignaba un cuidado presupuesto para comprar golosinas y ropa para consentir a su perro adoptado, Sacha.

“Es una persona preciosa. Si necesitas algo, estará ahí para ti”, dijo Sánchez. “Es muy trabajador. Nunca nos ha dejado sin comida ni techo”.

Desde muy joven, decidió construir una vida con Sánchez, quien ya era madre. Para el niño, Reyes Mota era más que un padrastro: era un verdadero padre, alguien que afirmó su papel con amor y compromiso, acogiéndolo como si fuera suyo, según su familia.

“Necesito ayuda para mi padre”, declaró al Herald su hijo de 9 años, quien aprendió inglés en Estados Unidos, a través de mensajes de audio. “Mi padre es muy amable conmigo... Mi padre es muy buena persona”.

El 4 de febrero, Reyes Mota, residente de Tampa, acudió a la oficina de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de la ciudad para un registro obligatorio. Allí los agentes le informaron que quedaba bajo custodia bajo sospecha de estar vinculado con la pandilla el Tren de Aragua, según su familia.

Desde su detención, Reyes Mota preguntó a sus seres queridos si Sacha comía lo suficiente y cómo le iba a su hijo en la escuela. Pero perdieron contacto con él el día antes de los vuelos de deportación a El Salvador, el 15 de marzo. Una semana después, su nombre apareció en una lista de venezolanos detenidos en la megacárcel centroamericana.

“No merece esta injusticia”, dijo un familiar que pidió permanecer en el anonimato por temor a su seguridad.

De vuelta en la sala del tribunal

A petición del abogado Prada, el juez congeló temporalmente el caso de asilo de Reyes Mota. De esta manera, podría retomarlo eventualmente, si es que alguna vez logra regresar a Estados Unidos.

“Podemos estar de acuerdo en que no hubo una orden de deportación de este tribunal ni de ningún otro”, dijo el juez, señalando que era muy poco lo que podía hacer.

El gobierno estadounidense afirma en el formulario I-213 de Reyes Mota, un documento que el Departamento de Seguridad Nacional usa para justificar la deportación de una persona, que este “podría ser un asociado del Tren de Aragua”. Sin embargo, en esos mismos documentos el gobierno afirma que no tiene antecedentes penales ni antecedentes migratorios en Estados Unidos.

El gobierno también usa el apellido de otra persona en varias partes del documento, lo identifica con pronombres femeninos y usa dos números de identificación diferentes que las autoridades de inmigración usan para rastrear a las personas, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de las acusaciones de funcionarios del gobierno de Trump en su contra.

Después que Prada señaló los errores y argumentó que no había pruebas de que Reyes Mota perteneciera al Tren de Aragua, el juez preguntó si el gobierno había cometido un error. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que esta no era una audiencia para analizar pruebas pero las estudiarían. Sin embargo, no se celebrarán más audiencias en el futuro próximo.

La familia de Reyes Mota también entregó al Miami Herald documentos gubernamentales que demuestran que Reyes Mota no tenía antecedentes penales en Venezuela, así como fotos que demuestran que no tiene tatuajes. Las autoridades migratorias han utilizado la presencia de tatuajes para detener a migrantes bajo sospecha de ser pandilleros.

El miércoles por la tarde, Kristi Noem, funcionaria de Seguridad Nacional, se dirigió a visitar el Centro de Confinamiento para Terroristas en El Salvador. Ella y otros funcionarios han promocionado las deportaciones como una hazaña de la agenda del presidente Donald Trump para proteger a los estadounidenses de los delincuentes violentos. Antes de su llegada, declaró en su cuenta X que iba a ver de primera mano “dónde se alojan los peores de los peores delincuentes”.

Sin embargo, la administración Trump ha admitido en documentos judiciales federales que muchos venezolanos, acusados de ser pandilleros peligrosos y deportados en virtud de las facultades presidenciales en tiempos de guerra, no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, aunque argumentaron que esto se debía únicamente a su breve estancia en el país. El miércoles, un tribunal federal de apelaciones en Washington confirmó la prohibición impuesta por un tribunal inferior al uso de las facultades en tiempos de guerra para deportar inmigrantes.

Varios familiares de venezolanos enviados a El Salvador también informaron al Herald que sus seres queridos en el Centro de Confinamiento por Terrorismo no forman parte del Tren de Aragua. La administración Trump también ha enviado a El Salvador a venezolanos a quienes se les había concedido el estatus de refugiado. Para obtenerlo, las personas deben someterse a una verificación exhaustiva de antecedentes.

Organizaciones venezolanas sin fines de lucro han alertado sobre las “detenciones arbitrarias de migrantes venezolanos” en Estados Unidos, destacando que estos abandonan su país huyendo de una situación difícil donde sus vidas podrían correr peligro si son devueltos.

“La deportación masiva e indiscriminada de venezolanos, sin evaluar adecuadamente sus circunstancias individuales”, los hace vulnerables, afirmó Foro por la Vida, una coalición de grupos de derechos humanos en Venezuela, en un comunicado.

Reyes Mota, un joven de una ciudad empobrecida en una región rica en petróleo, anhelaba estabilidad y paz para su familia, según dijeron sus seres queridos. Cuando llegó a Estados Unidos, no esperaba terminar recluido indefinidamente en una prisión centroamericana vinculada a violaciones de derechos humanos, ni que el gobierno estadounidense lo acusara de pertenecer a una pandilla designada como organización terrorista.

Sus seres queridos insisten en que es un hombre íntegro y sin antecedentes penales.

“Por favor, Trump, hay mucha gente inocente en esa cárcel”, dijo su esposa, “y están pagando el precio”.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de marzo de 2025, 0:09 p. m. with the headline "Estados Unidos envió a El Salvador a venezolano con caso de asilo político pendiente."