Gobierno de Trump critica a juez que detuvo orden de deportar a venezolanos con TPS
La administración de Trump respondió a un juez federal en San Francisco que le impidió revocar las protecciones de deportación este mes para cientos de miles de venezolanos en Florida y otros estados, diciendo que no tiene autoridad para bloquear la decisión y que debería ser abordada de manera de emergencia por un tribunal de apelaciones superior.
En una moción judicial presentada el martes, los abogados de la administración pidieron al juez federal de distrito Edward M. Chen que suspenda su orden hasta el viernes, para que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco pueda considerar la orden de revocación emitida por la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en febrero.
El objetivo de la administración, aunque no se especifica en la presentación, sería agilizar la revisión de la orden de revocación de Noem por parte de la Corte Suprema federal, dominada por jueces conservadores, tres de los cuales fueron nombrados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca. Si la orden de la secretaría es finalmente confirmada por la Corte Suprema, los ciudadanos venezolanos con TPS no podrían presentar su demanda en San Francisco, la cual impugna la afirmación de Noem de que el TPS “es contrario al interés nacional”.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que Noem tiene el poder exclusivo de revocar la orden de TPS de la administración de Biden para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y que los demandantes no tienen derecho, bajo su argumento de “igualdad de protección”, a impugnar su autoridad.
En su moción de 14 páginas, los abogados afirmaron que las decisiones de Noem “son políticas migratorias racionalmente relacionadas con intereses legítimos legítimos y no fueron motivadas por una intención racialmente discriminatoria”, como lo determinan el juez Chen en su fallo. Añadieron que la postergación de la orden por parte del juez, que debía entrar en vigor el lunes, “imponer un daño irreparable” al poder ejecutivo y al público, afirmando que los miembros de la notoria pandilla venezolana Tren de Aragua “estaban amparados”, junto con otros ciudadanos venezolanos, por la orden de TPS de la administración de Biden en 2023.
El lunes, Chen descubrió que Noem había actuado basándose en generalizaciones y estereotipos amplios cuando revocó los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de unos 350,000 venezolanos que se beneficiaban del TPS.
“Es evidente que la secretaría hizo generalizaciones negativas generalizadas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, declaró el juez en una orden de 78 páginas. “Actuar con base en un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo”.
El juez también señaló evidencia que sugiere una intención discriminatoria por parte de Noem en su toma de decisiones, con una conexión directa con las acciones y declaraciones de Trump.
El presidente Trump hizo varios comentarios discriminatorios, no solo contra inmigrantes venezolanos o beneficiarios del TPS, sino también contra inmigrantes no blancos en general. Sus declaraciones incluyen comentarios despectivos sobre inmigrantes haitianos, beneficiarios del TPS y otros inmigrantes no blancos, como afirmar que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban “comiendo a los perros” y hacer comentarios despectivos sobre los venezolanos y otros inmigrantes como responsables del aumento de la delincuencia, señaló el juez en el fallo.
Los venezolanos que demandaron han aportado pruebas significativas de que los titulares del TPS y sus familias sufrirían daños irreparables si se permitiera que la revocación siguiera adelante, dijo el juez.
“Por el contrario, la afirmación del gobierno de que el interés público juega a su favor no es convincente, porque el gobierno carece de pruebas de que se haya producido un daño a la seguridad nacional”, añadió Chen.
El fallo del lunes, que detiene la revocación del TPS mientras la demanda se resuelve en su tribunal, fue un golpe para la administración Trump, que ha atacado a los venezolanos como parte de sus esfuerzos de deportación masiva a través de varias políticas y argumentó que permitirá que personas de Venezuela, que está sumida en crisis humanitaria y políticas, ingresen a Estados Unidos va en contra de los intereses estadounidenses.
En el fallo, Chen enfatizó las contribuciones sociales y económicas de los venezolanos, destacando su baja tasa de criminalidad, altos niveles educativos y laborales, y los cientos de millones de dólares que inyectan a la economía.
La decisión también fue un alivio para los cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos y que lidian con la incertidumbre de regresar a un país donde muchos de ellos podrían enfrentar persecución política y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Cecilia González Herrera, de 26 años, residente de Kissimmee y una de las venezolanas que demandó a la administración de Trump por la revocación del TPS, describió el fallo del lunes como una victoria monumental para los venezolanos que dependen del TPS “para su seguridad y estabilidad”.
Le dijo al Miami Herald que estaba aliviada y agradecida de que el tribunal reconociera la urgencia y seriedad de su lucha.
“Esta decisión reafirma que el TPS no es solo una política, es una salvavidas para familias como la mía que han construido sus vidas aquí, han contribuido a sus comunidades y no pueden regresar de manera segura a Venezuela”.
Días antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden había extendido el TPS para Venezuela 18 meses adicionales, con vigencia hasta octubre de 2026. Sin embargo, semanas después de asumir el cargo, Noem revocó la extensión del TPS para un amplio grupo de venezolanos el 3 de febrero, con vigencia a partir del 7 de abril. La decisión tendría significado que, a partir del miércoles, hasta 350.000 venezolanos, muchos de ellos residentes en el sur de Florida, habrían perdido la posibilidad de trabajar legalmente en el país y, pocos días después, habrían sido vulnerables a la detención y la deportación.
Un grupo de siete venezolanos que enfrentan la deportación, junto con la Alianza Nacional del TPS, demandó a la administración de Trump en un tribunal federal el 19 de febrero, argumentando que la decisión del gobierno de poner fin a las protecciones contra la deportación para los venezolanos es ilegal, tiene motivaciones políticas, es racialmente discriminatoria y forma parte de un patrón más amplio de prejuicios contra los inmigrantes no europeos ni blancos.
Los demandantes están representados por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la Fundación ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
Más de 900,000 venezolanos residen actualmente en Estados Unidos y más de 607,000 se benefician del TPS, divididos en dos grupos con plazos distintos para la finalización de su protección. No se sabe con certezas se verían afectados por la finalización del TPS, ya que algunos de ellos también están involucrados en otros trámites migratorios, como solicitudes de asilo político.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de abril de 2025, 3:41 p. m. with the headline "Gobierno de Trump critica a juez que detuvo orden de deportar a venezolanos con TPS."