¿Cruzó el procurador general de Florida la línea al decir a los policías que pueden ignorar una orden judicial?
Como el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el estado, el procurador general James Uthmeier provocó revuelo cuando inicialmente dijo a los agentes de policía de Florida que obedecían la orden de una jueza federal de no arrestar a los inmigrantes indocumentados que ingresaban al estado; luego, días después, les dijo que “no puede impedir” que hicieran arrestos bajo una nueva ley que se estaba impugnando en los tribunales.
El miércoles, Uthmeier le dijo a la Policía Estatal de la Florida y a otras agencias policiales que podrían hacer cumplir el estatuto estatal que penaliza a los inmigrantes ilegales que llegan a Florida y no notifican su ingreso a las autoridades federales, en contra de una orden del 18 de abril emitida por la jueza federal de distrito Kathleen Williams en Miami.
Se espera que Williams aborde el tema explosivo en una audiencia el próximo martes, cuando los abogados del estado se enfrenten a los defensores de la inmigración que demandaron a Florida por la constitucionalidad de la nueva ley de inmigración.
El cambio radical de postura del fiscal general provocó que varios abogados del sur de Florida con décadas de experiencia en juicios cuestionaran si Uthmeier corría el riesgo de infringir la orden de la jueza en una posible demostración de desacato. Los abogados, contactados el jueves por el Miami Herald coincidieron en que el procurador estaba violando “el espíritu, si no la letra, de la orden de la jueza”. Podría haber una violación real, señalaron, si la policía arresta a un inmigrante indocumentado que ingresa a Florida bajo el cargo de delito menor mientras su orden esté vigente.
Los abogados también especularon que Uthmeier adoptó una postura más dura contra la orden de la jueza Williams bajo presión de la administración DeSantis, que ha seguido al pie de la letra la agresiva agenda del presidente Donald Trump para deportar a millones de inmigrantes que se creen que están en el país ilegalmente.
Michael R. Band, un veterano abogado defensor que fue asistente principal de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade en la década de 1990, dijo que las instrucciones del procurador a las agencias policiales de Florida eran “demasiado ingeniosas”.
“Está proporcionando una vía de escape para que estas agencias del orden realicen estos arrestos y les da cobertura”, declaró Band al Herald. “Está ignorando la decisión de la jueza Williams al decir que cree que está equivocada, y va a dejar que las fuerzas del orden tomen sus propias decisiones”.
Brian Tannebaum, un destacado abogado defensor penal del sur de Florida y experto en ética, describió la estrategia de Uthmeier al condenar la orden del juez de “Trump light”.
“Creo que fue un intento deliberado de enfrentarse a la jueza”, declaró Tannebaum al Herald. “Hay un movimiento ahora para enfrentarse a los tribunales, y así es como se está haciendo. Los funcionarios del gobierno están buscando oportunidades para enfrentarse a los tribunales”.
Un abogado defensor de Miami, socio de un bufete nacional, afirmó que el procurador general “claramente no está cumpliendo de buena fe la orden judicial”. El abogado, que prefirió no ser identificado por temor a represalias por parte de la administración Trump, afirmó que la orden del juez prohibía al estado aplicar su nueva ley de inmigración, lo que significa que los policías no pueden arrestar legalmente a nadie sospechoso de violarla.
El viernes pasado, Williams reprendió a los abogados de la fiscalía general tras conocer que agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida habían arrestado a más de una docena de personas, entre ellos un ciudadano estadounidense, después de que la jueza les ordenó detenerse el 4 de abril al emitir una orden de restricción temporal de 14 días que “prohibía la aplicación” de la ley de inmigración estatal. La orden se aplicaba a quienes “participan activamente” con los acusados mencionados en la demanda de los grupos de inmigración. Williams afirmó que su orden incluía a los acusados, al procurador general del estado y a varios fiscales estatales de Florida, así como a policías estatales, condales y locales.
Williams, quien se declaró “asombrada” por los arrestos de la FHP, extendió su orden 11 días más, bloqueando la aplicación de la ley estatal de inmigración hasta el 29 de abril. En su última orden, especificó que la Policía Estatal de la Ley de Florida, la Patrulla de Carreteras de Florida y todas las demás agencias policiales estaban sujetas a su decisión.
Después de la orden judicial del viernes, Uthmeier envió un memorando a los agentes del orden estatal y locales y les dijo que “debían abstenerse” de aplicar la ley y obedecer la orden del juez, aunque no estaba de acuerdo con ella.
“Por favor, instruyan a sus agentes a cumplir la directiva de la jueza Williams”, escribió en el memorando del viernes.
El miércoles cambió de opinión y dijo que su última orden era legalmente “incorrecta”.
“La jueza Williams ordenó a mi oficina que le notificara sobre la evolución del alcance de su orden, y así lo hice”, escribió Uthmeier. “Pero no puedo impedirle que se aplique [la ley estatal de inmigración] cuando no existe una orden judicial que lo impida debidamente”.
En una presentación judicial el miércoles, la oficina de Uthmeier argumentó que la demanda de los grupos de inmigrantes solo se aplica a su oficina y a los fiscales estatales de Florida, y señaló que “la sentencia de un tribunal vincula solo a las partes en una demanda”.
Los abogados de su oficina argumentaron que el fallo de la jueza no se aplica a las agencias policiales “independientes”, como la Patrulla de Carreteras, el FDLE, las oficinas del sheriff del condado y la policía local.
“No son partes”, afirmó la Procuraduría, porque no están “en concierto o participación activa” con esa oficina y los fiscales estatales de Florida.
La oficina de Uthmeier argumentó que “los acusados no tienen poder para controlar ni dirigir” la conducta de las fuerzas del orden estatal y local.
“Si bien el procurador general comunicó la opinión [de la jueza] de que las fuerzas del orden no deben realizar arrestos bajo [la ley estatal de inmigración], lo hizo únicamente para cumplir la orden de este tribunal, la cual, según los demandados, es ilegal”, agregó la oficina.
El abogado miamense David Weinstein, ex fiscal estatal y federal, dijo que la carta inicial del procurador general a las agencias policiales de Florida “cumplía técnicamente” la orden de la jueza Williams cuando Uthmeier dijo que “no deben tomar medidas para hacer cumplir” la ley de inmigración estatal, incluidos los arrestos.
Pero dijo que Uthmeier claramente “suavizó” su consejo en su carta de seguimiento a las agencias policiales, “delegando la aplicación de la ley a las fuerzas del orden”.
“Como ocurre con muchos asuntos legales, el alcance de la aplicación de la orden del tribunal podría depender de un tecnicismo legal, como vimos en el caso de inmigración presentado en Washington DC que llegó a la Corte Suprema federal”, dijo Weinstein.
En una votación dividida de 5 a 4 este meses, la Corte Suprema federal falló que la administración Trump podría continuar con las deportaciones de inmigrantes venezolanos sospechosos de ser pandilleros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pero que primero se les debe permitir impugnar sus deportaciones de forma individual en un tribunal federal en Texas, no en Washington, donde se presentó originalmente su caso.
En una declaración emitida el miércoles, la ACLU de Florida, cuyos abogados se encuentran entre quienes representan a inmigrantes en el caso de Miami, dijo que el último memorando de Uthmeier contraviene la orden judicial.
La orden de la jueza federal fue clara: prohíbe al estado y a sus funcionarios, agentes, empleados, abogados y cualquier persona que esté en concierto o participación activa con ellos aplicar esta ley. Las fuerzas del orden que aplican esta ley inconstitucional lo hacen bajo su propio riesgo legal, declaró la organización.
DeSantis, quien nombró a Uthmeier, lo respaldó. El gobernador distribuyó la carta de Uthmeier del miércoles y afirmó que “la ley de inmigración debe aplicarse y Florida está liderando la colaboración con la administración Trump para lograrlo”.
“La misión continúa”, dijo DeSantis en una publicación en X.
La oficina del gobernador no respondió cuando se le pidió que aclarara si quería que la policía continuara realizando arrestos a pesar de la orden judicial que bloquea la aplicación de la ley.
El desarrollo en Florida se produce mientras la administración Trump lidia con los tribunales federales. El Departamento de Justicia de Trump, dirigido por la ex procuradora general de Florida Pam Bondi, ha cuestionado el alcance de las órdenes judiciales y ha solicitado a la Corte Suprema que limite la autoridad de los federales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
La redactora del Miami Herald, Syra Ortiz Blanes, y la redactora del Herald/Times, Ana Ceballos, contribuyeron a este informe.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de abril de 2025, 9:02 a. m. with the headline "¿Cruzó el procurador general de Florida la línea al decir a los policías que pueden ignorar una orden judicial?."