Iglesias de Florida, Oregón y California demandan para proteger a inmigrantes de redadas de ICE
Un grupo de iglesias y organizaciones estadounidenses, incluyendo a una iglesia de Florida, demandó a la administración Trump por un histórico cambio de política que promueve el arresto de inmigrantes indocumentados en lugares de culto, alegando que viola los derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución.
La demanda presentada el lunes ante un tribunal federal de Oregón impugna la política adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional en reemplazo de la política que estuvo en vigencia durante décadas, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, que que se apegaban a la garantía constitucional del libre ejercicio de la religión y el derecho de reunión.
“Los propósitos y misiones de las organizaciones demandantes se ven frustrados por el cambio abrupto e inexplicable de las normas por parte de la administración Trump, que ha infundido miedo en espacios que antes eran seguros”, afirma la demanda. “Se enfrentan a crecientes dificultades para llevar a cabo su misión de acoger, servir, educar y sanar”.
La demanda se originó a raíz del memorando del Departamento de Seguridad Nacional del 20 de enero de 2025, que revocaba una política de la administración Biden sobre “lugares sensibles”, la cual reflejaba las directrices gubernamentales de larga data para evitar arrestos de inmigrantes indocumentados en lugares de culto, escuelas y centros de salud.
Al día siguiente de la firma del memorando por parte del secretario interino de la agencia, el DHS emitió un comunicado anunciando que el endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias “faculta” a los agentes federales “para proteger a los estadounidenses” de la “invasión” de la frontera sur por parte de “extranjeros delincuentes... que han ingresado ilegalmente a nuestro país”.
“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, señaló el comunicado del DHS. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”.
El martes no fue posible contactar de inmediato con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios. La agencia, la secretaria del DHS, Kristi Noem, y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran entre los acusados en la demanda.
La moción legal, presentada en el tribunal federal de distrito de Eugene, fue interpuesta por defensores legales de inmigración, incluyendo el Centro de Acción por la Justicia de Los Ángeles, en representación de un grupo de iglesias en Oregón, California y Florida. Estas son: Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste; Iglesia Luterana Augustana; Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe; Consejo Interreligioso de San Francisco; y la Iglesia Presbiteriana de Westminster, en Gainesville.
En una videoconferencia de prensa, Rebecca Putman, pastora de la Iglesia Presbiteriana de Westminster, afirmó que su lugar de culto ha sido por mucho tiempo un importante centro de participación comunitaria en Gainesville, con eventos regulares dirigidos a la comunidad inmigrante.
Sin embargo, estos eventos han disminuido significativamente desde la derogación de la política que ofrecía tranquilidad a los migrantes dentro de los lugares de culto.
“Sabemos, por lo que nos dicen nuestros amigos, miembros y vecinos inmigrantes, que Westminster se ha caracterizado por ser un lugar seguro y acogedor. Sin embargo, desde la derogación de esta política, la asistencia a muchos de estos eventos ha sido menos de un tercio de la que era antes de su entrada en vigor”, declaró.
En la demanda, las iglesias admitieron que “sus esfuerzos por fomentar espacios sagrados donde sus comunidades puedan reunirse libremente se han visto trastocados porque ahora deben decidir si, al proporcionar dichos espacios, en vez de ofrecer a sus amigos y vecinos seguridad, lo que están haciendo es ofrecer un riesgo inaceptable debido a la aplicación injusta y descontrolada de las leyes de inmigración que podría separar a sus familias.
El caso federal de Oregón surge tras una demanda similar presentada en marzo por dos grupos de iglesias en Georgia que demandaron al gobierno por la revocación de una política que anteriormente limitaba la aplicación de las leyes de inmigración en los lugares de culto.
El día que Donald Trump asumió la presidencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) derogó la política de “lugares sensibles”, que disuadía a los agentes de entrar en las iglesias sin causa justificada. Aunque aún se requieren órdenes judiciales, los líderes religiosos afirman que el temor a su aplicación ha provocado que los feligreses, especialmente los inmigrantes, eviten los servicios, lo que interrumpe los programas comunitarios y la vida espiritual.
Las iglesias en Georgia afirman haber visto disminuir la asistencia y que los voluntarios se han retirado por miedo, y argumentan que el cambio de política viola sus derechos amparados por la Primera Enmienda e impide su misión de servir a los demás.
En un incidente reportado a finales de enero, el migrante Wilson Rogelio Velásquez Cruz fue arrestado por agentes de ICE afuera de la iglesia a la que asistía en Tucker, Georgia, con su esposa y sus tres hijos.
Su esposa declaró posteriormente a una cadena de televisión local que Velásquez Cruz había recibido una llamada durante el servicio, la cual no respondió, y que eso activó su grillete electrónico. Para no interrumpir la función de la iglesia, Velásquez Cruz salió para revisar el monitor, pero se encontró con agentes de inmigración esperándolo, quienes lo detuvieron de inmediato.
Activistas de inmigración en el sur de Florida dijeron no haber tenido noticias de situaciones similares dentro del estado.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de abril de 2025, 3:40 p. m..
