Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema anular el TPS para los venezolanos
Tras perder varias batallas legales importantes, el gobierno de Trump pidió el jueves a la Corte Suprema que anule el fallo de un juez federal que impide la deportación de cientos de miles de venezolanos en Florida y otros estados. Estos inmigrantes están demandando al gobierno para conservar su protección migratoria.
La importante apelación del procurador general del gobierno podría tener graves consecuencias para un grupo de venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) expiraba en abril según una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las mismas protecciones migratorias para otro grupo expirarán en septiembre.
Antes de que terminara su mandato, el gobierno de Biden extendió esos plazos hasta octubre de 2026, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esa política, lo que dio lugar a una demanda presentada por grupos de inmigrantes venezolanos en un tribunal federal de San Francisco impugnando su decisión.
En su petición ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump argumenta que esta no tiene autoridad para revisar la decisión de Noem de revocar las protecciones del TPS para los venezolanos que huyeron del régimen opresivo del presidente Nicolás Maduro. A pesar del éxodo de millones de personas ante el colapso de la economía venezolana, Noem concluyó recientemente que dichas protecciones para los inmigrantes venezolanos son contrarias al interés nacional de Estados Unidos.
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas delicadas en un área de la política migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional”, escribió el Procurador General John Sauer en la petición de 41 páginas ante la Corte Suprema.
La petición fue motivada por un fallo de un tribunal federal de apelaciones en abril que confirmó la decisión del juez federal de bloquear la revocación de Noem de las protecciones de deportación para los venezolanos en Estados Unidos.
Juez alerta de la posibilidad de ‘daños irreparables’ a los venezolanos
El tribunal de apelaciones de San Francisco respaldó la decisión del juez federal de distrito Edward M. Chen, quien rechazó la solicitud del gobierno de levantar la suspensión de la orden de revocación. En marzo, Chen determinó que los ciudadanos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían sufrir daños irreparables si no suspendía sus deportaciones.
Chen dictaminó que Noem había actuado con base en generalizaciones y estereotipos amplios cuando revocó las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de unos 350,000 venezolanos que se beneficiaban del TPS.
“Es evidente que el Secretario hizo generalizaciones negativas generalizadas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, declaró el juez en una orden de 78 páginas el 31 de marzo. “Actuar con base en un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”.
En abril, los abogados de la administración pidieron a Chen que suspendiera su fallo de suspensión para que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito en San Francisco pudiera considerar la orden de revocar la extensión del TPS emitida por Noem en febrero.
El panel de tres jueces de apelación dictaminó: los funcionarios de la administración Trump “no han demostrado que sufrirán un daño irreparable” si una demanda interpuesta por inmigrantes venezolanos que impugna la orden de Noem continúa en un tribunal federal.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que Noem tiene el poder exclusivo de revocar la orden de TPS de la administración Biden para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y que los demandantes no tienen derecho, bajo su argumento de “igualdad de protección”, a impugnar su autoridad.
Los abogados del gobierno afirmaron que las decisiones de Noem “constituyen políticas migratorias racionalmente relacionadas con intereses gubernamentales legítimos y no estuvieron motivadas por una intención racialmente discriminatoria”, a pesar de lo que Chen halló en su fallo inicial.
Dijeron que la postergación de la orden de Noem por parte del juez “impone un daño irreparable” al poder ejecutivo y a la ciudadanía, afirmando que los pandilleros venezolanos del Tren de Aragua “estaban amparados”, junto con otros ciudadanos venezolanos, por la orden de TPS de la administración Biden de 2023.
Los venezolanos que demandaron han proporcionado evidencia significativa de que los titulares del TPS y sus familias sufrirían daños irreparables si se permitiera que la revocación siguiera adelante, concluyó Chen.
“Por el contrario, la afirmación del gobierno de que el interés público juega a su favor no es convincente porque el gobierno carece de pruebas de que se haya producido un perjuicio a la seguridad nacional”, añadió el juez.
Decisión de juez fue un golpe para el gobierno de Trump
Su fallo, que detiene la revocación del TPS mientras la demanda se resuelve en su tribunal, fue un duro golpe para el gobierno de Trump. La administración republicana ha perseguido a los venezolanos como parte de sus deportaciones masivas mediante diversas políticas y argumentó que permitir el ingreso de personas de Venezuela a Estados Unidos, en medio de crisis humanitarias y políticas, va en contra de los intereses estadounidenses.
Días antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden había extendido el TPS para Venezuela por 18 meses adicionales. Sin embargo, semanas después del segundo mandato de Trump, Noem revocó la extensión del TPS para un amplio grupo de venezolanos, vigente a partir del 7 de abril.
La decisión habría significado que hasta 350,000 venezolanos, muchos de ellos residentes en el sur de Florida, habrían perdido la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos y, pocos días después, habrían sido vulnerables a la detención y la deportación. Otros 250,000 venezolanos con TPS enfrentarían la misma suerte en septiembre bajo la política de Noem, aunque ese grupo no se ve afectado por el caso en San Francisco.
Un grupo de siete venezolanos que enfrentan la deportación, junto con un grupo de defensa llamado National TPS Alliance, demandó a la administración Trump en la corte federal de San Francisco el 19 de febrero, argumentando que su decisión de poner fin a las protecciones de deportación para los venezolanos es ilegal, tiene motivaciones políticas, es racialmente discriminatoria y forma parte de un patrón más amplio de prejuicios contra los inmigrantes no europeos ni blancos.
Los demandantes están representados por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la Fundación ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de mayo de 2025, 7:35 p. m. with the headline "Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema anular el TPS para los venezolanos."
