Trump pide a la Corte Suprema que restablezca la revocación del parole humanitario
El gobierno de Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que revalidara su decisión de finalizar un programa que otorgaba libertad condicional humanitaria temporal a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En una presentación de emergencia, el Procurador General de la República, D. John Sauer, solicitó al tribunal que bloqueara un fallo de un juez federal de distrito en Massachusetts que impedía al Departamento de Seguridad Nacional revocar la libertad condicional otorgada bajo una política de la era Biden.
El programa, presentado por el ex secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, permitía a los migrantes de esos cuatro países ingresar a Estados Unidos por hasta dos años como parte de un esfuerzo para reducir los cruces fronterizos ilegales.
En marzo, la actual secretaria del DHS, Kristi Noem, canceló el programa de libertad condicional, conocido como CHNV por las iniciales de los países involucrados, alegando riesgos para la seguridad nacional, el aumento de los retrasos en los trámites migratorios y la evolución de las preocupaciones en materia de política exterior.
Sin embargo, después de que el caso llegara a los tribunales, la jueza de distrito estadounidense, Indira Talwani, dictaminó que el DHS no podía finalizar el programa de forma generalizada y ordenó al gobierno que realizara revisiones individuales de los casos de los 532,000 migrantes antes de revocarles la libertad condicional.
En la moción de emergencia, el gobierno argumenta que la decisión de la juez excede la autoridad del tribunal e interfiere con las facultades que el Congreso otorgó al DHS. Sauer señaló que la ley federal otorga al secretario de Seguridad Nacional amplia discreción sobre las decisiones de libertad condicional, incluida la capacidad de revocarlas, y limita la revisión judicial de dichas acciones.
Sauer criticó lo que llamó un “ratchet unidireccional”, afirmando que el tribunal permitió a Mayorkas aprobar la libertad condicional para grupos grandes, pero ahora exige a Noem que la revoque caso por caso. Advirtió que esto podría saturar el ya sobrecargado sistema de inmigración.
“La suspensión indefinida de la revocación de la libertad condicional por parte del tribunal de distrito perjudica irreparablemente al gobierno”, escribió Sauer. “La orden del tribunal impide que el Poder Ejecutivo ejerza su autoridad discrecional sobre un aspecto clave de la política migratoria y exterior del país e impide que el Congreso confiera expresamente esa decisión al secretario, no a los tribunales”.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito había denegado previamente la solicitud del gobierno de suspender el fallo del tribunal inferior, lo que dio lugar a la apelación ante la Corte Suprema.
El gobierno enfatizó que los migrantes sabían que su libertad condicional era temporal y podía ser revocada en cualquier momento. Advirtió que la orden del tribunal podría perturbar la aplicación de la ley migratoria y las gestiones diplomáticas.
Se espera que el Tribunal Supremo emita pronto una decisión, con importantes implicaciones para la autoridad ejecutiva y la política migratoria.
El presidente Biden estableció el programa de “libertad condicional humanitaria” CHNV en enero de 2023 con el fin de frenar el flujo de inmigración indocumentada a la frontera entre Estados Unidos y México.
La medida permitió a las personas de los cuatro países entrar a Estados Unidos durante dos años si contaban con un patrocinador en el país, aprobaban una verificación de antecedentes y adquirían un boleto de avión.
El programa, que contemplaba la entrada de un máximo de 30,000 personas al mes, facilitó el ingreso de más de medio millón de personas a Estados Unidos. Los abogados que representan a los cuatro grupos argumentan que poner fin al programa CHNV no sólo es jurídicamente defectuoso sino también inhumano, ya que corta efectivamente las vías de acceso al asilo y la residencia permanente para miles de personas vulnerables.
Congelar el statu quo impide que cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sufran la inminente cancelación de su permiso de trabajo por parte de la administración Trump.
Aun así, los inmigrantes en libertad condicional, dependiendo de cuándo llegaron a Estados Unidos, se enfrentan a un plazo de dos años que afecta a cada uno de forma diferente: podría vencer el próximo mes, este verano o incluso en 2026 para quienes llegaron en diciembre pasado, por ejemplo.
Abogados de inmigración destacan los desafíos para los inmigrantes en libertad condicional que buscan asilo, TPS o tarjetas de residencia, mientras que los defensores esperan que quienes tengan solicitudes pendientes puedan permanecer en Estados Unidos incluso después de que expire su permiso, una cortesía que la administración Trump probablemente no extendería, argumentando que su orden de cancelación no estaba sujeta a revisión judicial.
El fallo de Talwani solo detuvo la revocación del permiso de trabajo y los permisos de trabajo, no las solicitudes pendientes de otros beneficios migratorios. La administración Trump argumentó durante el caso de Boston que el programa de libertad condicional, creado por Biden para proporcionar una vía legal de entrada y reducir la migración irregular fronteriza de personas con patrocinadores estadounidenses y que pasaron las verificaciones, no se alineaba con su política exterior y tenía poco impacto en los flujos fronterizos.
El reportero del Miami Herald, Jay Weaver, contribuyó a esta historia.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de mayo de 2025, 8:34 a. m..
