La Corte Suprema permite a Trump revocar TPS a miles de venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos frustró el lunes las esperanzas de cientos de miles de inmigrantes venezolanos en Florida y otros estados al autorizar a la administración Trump a revocar su estatus migratorio especial para vivir y trabajar en Estados Unidos.
La Corte Suprema concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, que argumentaba que tiene la autoridad exclusiva sobre disputas migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos que viven en Estados Unidos.
El fallo de la Corte Suprema representa una importante victoria para la administración Trump, que a principios de mayo solicitó a los jueces que revocaran la decisión de un juez federal que protegía a los más de 300,000 venezolanos con TPS mientras demandaban al gobierno por su plan de revocar su estatus de protección y sus permisos de trabajo.
Ahora que los jueces han levantado esa protección —que estará vigente hasta el resultado de una apelación de la decisión del juez ante un tribunal inferior—, la administración Trump podría proceder con las deportaciones. Sin embargo, en su breve orden, los jueces también dictaminaron que los inmigrantes individuales podrían impugnar al gobierno si las autoridades intentaban cancelar sus permisos de trabajo o expulsarlos del país.
La orden no fue firmada por los nueve miembros de la Corte Suprema ni ofreció ninguna explicación —algo habitual en una solicitud de emergencia—, pero incluyó una anotación que indicaba que la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien creció en el área de Miami, “denegaría” la solicitud del gobierno.
Para ser claros, la decisión de los magistrados no abordó los méritos de una demanda interpuesta por inmigrantes venezolanos y un grupo de defensa, la Alianza Nacional del TPS, que impugnó la política de revocación del Departamento de Seguridad Nacional en un tribunal federal de San Francisco. Sin embargo, la orden de los jueces dejó potencialmente a cientos de miles de venezolanos vulnerables a la deportación mientras continúan con su demanda.
La importante apelación del procurador general del gobierno tuvo graves consecuencias para un grupo de venezolanos cuyo estatus de protección expiraba en abril según una orden del Departamento de Seguridad Nacional. Las mismas protecciones migratorias para otro grupo de venezolanos expirarán en septiembre.
Antes de terminar su mandato el 20 de enero, el gobierno de Biden extendió esos plazos hasta octubre de 2026, pero la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esa política, lo que dio lugar a una demanda presentada por grupos de inmigrantes venezolanos en un tribunal federal de San Francisco impugnando su decisión.
Reacción de la comunidad venezolana
Los defensores de los venezolanos con TPS condenaron el fallo de la Corte Suprema, alegando su temor a que condujera a la deportaciones masivas a un país liderado por un régimen opresivo que probablemente los castigará.
“Esta es la medida más grande que ha despojado a un grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA y uno de los abogados de los demandantes en el caso de San Francisco. “Que la Corte Suprema la haya autorizado en una orden de dos párrafos sin justificación es verdaderamente impactante. El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”.
José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), calificó la decisión de “totalmente nefasta”, que causa tristeza y desespero porque significa que “lamentablemente” más de 350,000 venezolanos si no tienen otro tipo de alternativa migratoria, serían enviados a Venezuela donde caerán en manos de un régimen que viola los derechos humanos y tortura.
“Lamentablemente la Corte Suprema ha tomado una decisión contraria a los fallos de jueces federales y los tribunales de Apelaciones que dictaminaron mantener el TPS porque es evidente que en Venezuela la situación no ha cambiado y cualquier venezolano que buscó refugio en EEUU y que regrese va a sufrir consecuencias muy graves”, expresó.
Advirtió que los venezolanos serán enviados a un país que será totalmente hostil con ellos porque buscaron refugio en Estados Unidos que es considerado enemigo por el régimen de Nicolás Maduro. Además de que los deportados pagarán las consecuencias por hasta publicar en redes sociales su posición contraria al chavismo, de acuerdo con una severa ley.
“Devolver a esas personas con TPS a Venezuela es condenarlos a muerte”, sentenció el presidente de VEPPEX.
Su organización, Veppex, y la Asociación Multicultural de Activistas “Voz y Expresión” (AMAVEX) apoyaron las las iniciativas a favor de mantener el TPS para los venezolanos y lanzaron una campaña para respaldar el proyecto legislativo bipartidista “TPS para Venezuela del 2025”, presentado el 8 de mayo por las congresistas de Florida Debbie Wasserman Schultz (D-FL-25), Darren Soto (D-FL-09), y María Elvira Salazar (R-FL-27).
Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, consideró que la decisión es preocupante y pone en riesgo a personas que trabajan, estudian y aportan al país. Genera mucha incertidumbre a todas las comunidades hispanas.
“Genera más ansiedad a la que ya sentimos desde que asumió la nueva administración, sobre todo a las familias que buscan solamente vivir con dignidad y paz en este país”, dijo.
Previno que los venezolanos que sean deportados enfrentarían una “persecución feroz” y “lamentablemente no les espera nada bueno, así quieran demostrar lo contrario, el régimen cada vez está más cruento, más violador de derechos humanos”.
La petición del gobierno de Trump
En su petición ante la Corte Suprema, la administración argumentó que el tribunal federal no tiene autoridad para revisar la decisión de Noem de revocar las protecciones del TPS para los venezolanos que huyeron del régimen opresivo del presidente Nicolás Maduro. A pesar del éxodo de millones de personas ante el colapso de la economía venezolana, Noem concluyó recientemente que dichas protecciones para los inmigrantes venezolanos son contrarias al interés nacional de Estados Unidos.
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la política migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional», escribió el procurador de Justicia John Sauer en la petición de 41 páginas ante la Corte Suprema.
La petición fue motivada por un fallo de un tribunal federal de apelaciones en abril que confirmó la decisión del juez federal de bloquear la revocación de Noem de las protecciones de deportación para los venezolanos en los Estados Unidos.
El tribunal de apelaciones de San Francisco respaldó la decisión del juez federal de distrito Edward M. Chen, quien rechazó la solicitud del gobierno de levantar la suspensión de la orden de revocación. En marzo, Chen determinó que los ciudadanos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían sufrir daños irreparables si no suspendía sus deportaciones.
Chen falló que Noem había actuado con base en generalizaciones y estereotipos amplios cuando revocó las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de unos 350,00 venezolanos que se beneficiaban del TPS.
“Es evidente que el Secretario hizo generalizaciones negativas generalizadas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, declaró el juez en una orden de 78 páginas el 31 de marzo. “Actuar con base en un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo”.
En abril, los abogados de la administración pidieron a Chen que suspendiera su fallo de suspensión para que el Tribunal de Apelaciones federal del Noveno Circuito en San Francisco pudiera considerar la orden de revocar la extensión del TPS emitida por Noem en febrero.
El panel de tres jueces de apelación falló que los funcionarios de la administración Trump “no han demostrado que sufrirán un daño irreparable” si una demanda interpuesta por inmigrantes venezolanos que impugna la orden de Noem continúa en un tribunal federal.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que Noem tiene el poder exclusivo de revocar la orden de TPS de la administración Biden para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y que los demandantes no tienen derecho, bajo su argumento de “igualdad de protección”, a impugnar su autoridad.
Los abogados del gobierno afirmaron que las decisiones de Noem “constituyen políticas migratorias racionalmente relacionadas con intereses gubernamentales legítimos y no estuvieron motivadas por una intención racialmente discriminatoria”, a pesar de lo que Chen halló en su fallo inicial. Dijeron que la postergación de la orden de Noem por parte del juez “impone un daño irreparable” al poder ejecutivo y a la ciudadanía, afirmando que los pandilleros venezolanos del Tren de Aragua “estaban amparados”, junto con otros ciudadanos venezolanos, por la orden de TPS de la administración Biden de 2023.
Los venezolanos que demandaron han proporcionado evidencia significativa de que los titulares del TPS y sus familias sufrirían daños irreparables si se permitiera que la revocación siguiera adelante, concluyó Chen.
“Por el contrario, la afirmación del gobierno de que el interés público juega a su favor no es convincente porque el gobierno carece de pruebas de que se haya habido un perjuicio a la seguridad nacional”, añadió el juez.
Su fallo, que detiene la revocación del TPS mientras la demanda se resuelve en su tribunal, fue un duro golpe para la administración Trump. Esta ha perseguido a los venezolanos como parte de sus deportaciones masivas mediante diversas políticas y argumentó que permitir el ingreso de personas de Venezuela a Estados Unidos, en medio de crisis humanitarias y políticas, va en contra de los intereses estadounidenses.
Biden había extendido el TPS para los venezolanos
Días antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden había extendido el TPS para Venezuela por 18 meses adicionales. Sin embargo, semanas después del segundo mandato de Trump, Noem revocó la extensión del TPS para un amplio grupo de venezolanos, vigente a partir del 7 de abril. Esta decisión significaría que hasta 350,000 venezolanos, muchos de ellos residentes en el sur de Florida, habrían perdido la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos y, pocos días después, habrían quedado expuestos a ser detenidos y deportados.
Otros 250,000 venezolanos con TPS se enfrentarían a la misma suerte en septiembre bajo la política de Noem, aunque ese grupo no se ve afectado por el caso en San Francisco.
Un grupo de siete venezolanos que enfrentan la deportación, junto con un grupo de defensa llamado National TPS Alliance, demandó a la administración Trump en la corte federal de San Francisco el 19 de febrero, argumentando que su decisión de poner fin a las protecciones de deportación para los venezolanos es ilegal, tiene motivaciones políticas, es racialmente discriminatoria y forma parte de un patrón más amplio de prejuicios contra los inmigrantes no europeos ni blancos.
Los demandantes están representados por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, la Fundación ACLU del Sur de California y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de mayo de 2025, 2:07 p. m..