‘Sentencia de muerte’: Fallo trastoca vida de miles de migrantes en sur de la Florida
Activistas, abogados y funcionarios electos advierten sobre el caos y la devastación tras una decisión de la Corte Suprema el viernes que trastocó la vida de medio millón de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, muchos de ellos residentes del sur de Florida, quienes podrían enfrentar la deportación a sus países en conflicto tras perder las protecciones legales bajo un programa de parole de la era Biden.
Entre ellos se encuentra Orlando Valecillos, de 71 años, quien vino de Venezuela para reunirse con su hija gracias al programa y tiene programada una cirugía el próximo mes.
“Espero no ser deportado antes de mi cirugía”, declaró Valecillos, residente de Homestead, al Miami Herald. “He tenido serios problemas de próstata y el tratamiento comenzó solo después de nuestra llegada a Estados Unidos”.
La Corte Suprema accedió a la solicitud de la administración de Donald Trump de levantar una orden de un tribunal inferior que protegía a los inmigrantes que ingresaron a través del programa de parole de ser deportados, tras una decisión anterior de la administración de despojarlos de su estatus legal. El programa se conoce como CHNV, por los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos protegidos bajo esa política de la administración de Biden.
El litigio del caso continúa, pero a corto plazo, muchos migrantes se enfrentarán a decisiones difíciles.
Según algunas estimaciones, hasta la mitad de los migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través del programa han solicitado otros beneficios migratorios para ajustar su estatus y podrían tener una vía para permanecer en el país , como por ejemplo, quienes ya solicitaron asilo o una tarjeta de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, otros tendrán que elegir entre permanecer en el país ilegalmente, posiblemente enfrentando procesos de deportación, o regresar voluntariamente a países asolados por la violencia, el hambre y los abusos contra los derechos humanos.
El fallo “sienta un precedente peligroso” al permitir que la administración Trump desmantele las protecciones humanitarias de larga data para las personas que huyen de la persecución y el abuso en países en crisis, declaró Ida Sawyer, directora de la división de Crisis, Conflicto y Armas de Human Rights Watch. “Esto marca una vergonzosa traición a los compromisos de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y las normas de derechos humanos. Estados Unidos debería ampliar las protecciones, no terminarlas”.
Poner fin a las protecciones otorgadas a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos bajo el programa de parole CHNV obligará a muchos a regresar a países que experimentan “violencia, represión e inestabilidad generalizadas, lo que pone sus vidas en mayor riesgo”, afirmó.
“Los haitianos, por ejemplo, podrían ser devueltos a Puerto Príncipe, donde podrían ser sometidos a asesinatos, secuestros, reclutamiento forzado y violencia sexual generalizada por parte de grupos criminales que controlan casi toda la capital, y donde más de la mitad de la población sufre hambre aguda”, afirmó.
La decisión del viernes, que potencialmente autoriza las órdenes de deportación de cientos de miles de inmigrantes, constituye la “mayor deslegalización de la era moderna”, declaró Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center.
“No puedo exagerar lo devastador que es esto: la Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, afirmó.
Funcionarios electos del sur de Florida, donde se asentaron muchos de estos migrantes, se sumaron a las críticas.
La representante estadounidense Frederica Wilson calificó el fallo de “cruel e inhumano” en una publicación en X, anteriormente Twitter. “Estas son personas que escapaban de dictaduras brutales, violencia de pandillas y disturbios”, escribió. Wilson señaló que los migrantes afectados por el fallo llegaron a Estados Unidos legalmente y han contribuido a las comunidades del sur de Florida. “Deportarlos es una sentencia de muerte”, agregó.
La representante estadounidense Debbie Wasserman Schultz se hizo eco de las críticas en una publicación en X, afirmando que era “enfermo y depravado deportar a 500,000 personas que hicieron solicitudes desde sus países, pasaron verificaciones de antecedentes, obtuvieron permisos de trabajo y se pagaron sus propios gastos”. Enfatizó que estos migrantes no son delincuentes ni indocumentados. “Vinieron aquí legalmente. Pero a Trump y a los republicanos que se someten a él les da igual”, dijo.
La representante estadounidense María Elvira Salazar, republicana de Miami, afirmó que la orden de la Corte Suprema debe ser respetada, pero “no fue lo que muchos esperaban”. Ella también afirmó que los migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos.
“Una verdad sigue siendo innegable: estos migrantes ingresaron a Estados Unidos legalmente, confiando en las promesas hechas por la administración Biden”, declaró. “Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan su vida. Por eso, insto encarecidamente a la administración a que ejerza su autoridad ejecutiva y otorgue la Salida Diferida (DED) para evitar que regresen a la violencia y la represión”.
Maureen Porras, abogada de inmigración y vicealcaldesa de Doral, hogar de muchos venezolanos, afirmó que la decisión “no solo es devastadora, sino también sin precedentes. Es difícil creer que, de un plumazo, cerca de medio millón de personas perderán su estatus migratorio legal y su autorización de trabajo”.
“Tendrá un efecto paralizante en las comunidades de todo Estados Unidos”, agregó.
Familias afectadas por la decisión judicial
En ciudades como Miami, los migrantes que llegaron a través del programa se integraron rápidamente a las comunidades locales gracias a que obtuvieron permisos de trabajo legales y llegaron al país patrocinados por familiares. Sin embargo, el fallo del viernes ha dejado a muchas familias nuevamente enfrentándose a la separación.
Valencillos llegó a Estados Unidos con su esposa en agosto desde Venezuela para reunirse con su hija en Miami, gracias al programa de parole CHNV. Valencillos esperaba que una cirugía le diera más tiempo para estar con su familia.
En lugar de pasar sus años dorados en paz, Valecillos y su esposa tuvieron que soportar la crisis humanitaria en Venezuela, que los obligó a emigrar dos veces: primero a Chile, donde vivieron varios años, y luego a Estados Unidos, donde finalmente se reencontraron con su única hija después de una larga separación.
La pareja ingresó a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, que inicialmente les otorgó dos años de protección hasta agosto de 2026. Sin embargo, menos de un año después de su llegada, recibieron una notificación del Departamento de Seguridad Nacional informando de la cancelación de su parole, lo que sumió nuevamente su futuro en la incertidumbre.
Desde entonces, han solicitado asilo político. Valecillos dice que mantiene la esperanza de que su solicitud sea aprobada. Su hija tiene residencia permanente y la familia espera que, una vez que se convierta en ciudadana estadounidense, pueda solicitar que sus padres ajusten su estatus migratorio.
“Esperábamos que las elecciones en Venezuela ayudaran a arreglar las cosas. En cambio, todo está peor”, dijo Vallencillos con voz temblorosa. “¿Cómo se supone que vamos a regresar? Si no podemos quedarnos aquí, ¿adónde se supone que vamos a ir? Hay tanta incertidumbre”.
Miedo entre los migrantes
Las noticias del viernes conmocionaron a la comunidad haitiana de Miami, que se encuentra en una situación particularmente problemática. Los haitianos que han huido de la violencia desenfrenada de las pandillas y la agitación política afirman que regresar a su país de origen simplemente no es una opción.
Kenny Francois, director ejecutivo del Centro Comunitario LETS en Miami Gardens, que atiende a la comunidad inmigrante haitiana, se sorprendió al enterarse de la decisión de la Corte Suprema. El viernes por la mañana, mientras asistía a una graduación, no entendía por qué recibía tantas llamadas.
“Básicamente, cualquier cosa que Trump quiera hacer, puede hacerlo”, dijo Francois. “¿Saben que esa era la pequeña esperanza que tenía la gente, la Corte Suprema? Esa era la única esperanza a la que se aferraban”.
Sammy Lamy, originario del Pequeño Haití y fundador de Jobs4Us, quien ha ayudado a colocar a más de 600 haitianos en empleos en todo el país desde el lanzamiento del programa humanitario de la era Biden, dijo que las próximas semanas y meses serán difíciles.
“El sueño se ha derrumbado y la realidad nos golpea”, dijo. “Por supuesto, no estoy de acuerdo con la decisión y ahora tenemos que decidir qué sigue porque mucha gente está en el limbo”.
Lamy, cuyos padres eran inmigrantes haitianos, afirmó que la incertidumbre y el miedo tras la decisión del viernes solo aumentarán, especialmente entre los haitianos cuyo país está sumido en la violencia y, en algunos casos, han sido víctima de pandillas armadas que han tomado sus hogares.
Uno de los efectos más inmediatos del fallo es que muchos migrantes perderán sus empleos. En medio de la incertidumbre, las empresas que ayudan a reasentar a los refugiados ya se niegan a contratar a migrantes cuyas autorizaciones de trabajo vencen en menos de seis meses.
“Incluso si a las personas les queda tiempo de su permiso de trabajo, se les niega el trabajo porque no tienen el tiempo necesario”, dijo Lamy.
El temor se ve agravado por los anuncios que el Departamento de Seguridad Nacional está emitiendo en programas populares de YouTube entre la comunidad haitiana, advirtiendo a la gente que abandone el país.
“Es un anuncio muy intimidante”, dijo Lamy. “La gente tiene miedo”.
Salir de Estados Unidos
Entre los cuatro grupos afectados, los migrantes cubanos aún podrían tener mejores oportunidades de permanecer en el país gracias a la Ley de Ajuste Cubano, afirmó Wilfredo Allen, abogado cubanoamericano de Miami.
La ley de 1966 exige un año de presencia física en Estados Unidos y que los migrantes sean inspeccionados por las autoridades de inmigración y admitidos o se les conceda un parole. “No importa si su libertad condicional se revoca posteriormente”, dijo Allen. Aun así, aconseja a los migrantes cubanos con varios meses para cumplir el requisito de un año, así como a los haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que soliciten asilo si pueden.
Allen afirmó que la administración “está logrando sembrar el caos y el pánico entre los inmigrantes”, y es probable que muchos opten por autodeportarse, incluso si los procedimientos judiciales de deportación demoran.
Algunos ya han decidido que el riesgo de una detención repentina por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es insoportable, especialmente cuando hay niños involucrados.
Lilian Bustos, madre nicaragüense de 42 años, se había estado preparando para la cancelación del programa de parole CHNV. Ella y sus dos hijas, de 10 y 17 años, llegaron a Estados Unidos bajo este programa en agosto de 2023, hace poco menos de un año. Con menos de tres meses restantes de su estadía, tomó la desgarradora decisión de enviar a sus hijas de regreso a Nicaragua hace dos días.
“Ha sido devastador”, dijo. “Mis dos hijas han estado llorando sin parar desde que se fueron. Mi hija mayor quería terminar la secundaria aquí; estaba completamente adaptada y feliz. Pero yo no quería infringir la ley. No pudimos solicitar asilo porque no hemos enfrentado ninguna persecución política”.
Bustos se siente desconsolada porque su hija de 17 años no pudo terminar la secundaria en Estados Unidos. Ahora, dice, su hija probablemente enfrentará retrasos para completar su educación en Nicaragua. La familia es de Chinandega, una región rural conocida por la pesca y la ganadería.
Bustos, maestra de kínder con formación en Nicaragua, recuerda lo difícil que era sobrevivir con un solo ingreso en su país. En Miami, trabajaba en servicios de limpieza y esperaba ahorrar lo máximo posible antes de que expirara su parole. Su objetivo era regresar a Nicaragua y abrir un pequeño negocio con su esposo, quien no pudo reunirse con la familia en Estados Unidos a través del programa de parole.
Ahora, con el fallo de la Corte Suprema que pone en duda el futuro del programa, no está segura de qué pasará después, pero afirmó que también regresará a Nicaragua.
De pie frente a un Publix en Doral, Vanessa Ayala, una inmigrante venezolana de 37 años que lleva cinco años viviendo en Estados Unidos, comentó que ha visto el impacto de las medidas de la administración Trump contra la inmigración en sus compañeros de trabajo en Walmart.
“Acabo de ver las noticias en mi teléfono”, dijo Ayala, quien se convirtió en residente estadounidense hace dos años, sobre el fallo de la Corte Suprema. “Por un lado, estoy de acuerdo con todas las medidas que se están implementando, pero para la gente que realmente está haciendo las cosas mal”.
“Pero para la gente que vino aquí a trabajar, que cumple las normas y paga sus impuestos, me entristece”. “Hay mucha gente que realmente lo necesita”, dijo Ayala.
Ayala y su esposo, un jugador profesional de baloncesto, salieron de Venezuela para escapar de las crecientes dificultades económicas y el aumento de la violencia callejera. “Nos sentíamos amenazados”, dijo.
En su trabajo, ha visto cómo el cambio de política está afectando a quienes la rodean. “Casi todos mis compañeros de trabajo tuvieron que irse”, dijo Ayala. “Muchos eran cubanos”.
Lucía Ravachi, venezolana residente permanente que ha vivido en Estados Unidos por 10 años dijo que le parecía injusto que se castigara a quienes vinieron a Estados Unidos en busca de una vida mejor.
“Creo que hay gente que vino que no debería estar aquí”, dijo. “Pero también hay mucha gente que lo necesita, que ama a este país, que le ha cogido cariño. Le debo mucho a este país; me encanta estar aquí”.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de mayo de 2025, 4:14 p. m..