¿Quién está al mando en Alligator Alcatraz? “Nos han dado muchas evasivas”
Los abogados de inmigración y los activistas ambientales, incluso el gobierno mexicano y la Arquidiócesis de Miami—Todos han preguntado quién está a cargo en Alligator Alcatraz.
Dicen que no pueden obtener una respuesta directa.
“Nos han dado muchas vueltas”, dijo el arzobispo Thomas Wenski al Miami Herald después de haber intentando sin éxito brindar servicios religiosos a los detenidos. “No sabemos quién es realmente responsable de ese centro, si el estado de Florida o el gobierno federal”.
Ahora, casi un mes después de que Florida abrió el nuevo y novedoso centro de detención de inmigrantes del país, la cuestión de si el gobierno estatal o el federal tiene jurisdicción sobre las instalaciones, y especialmente sobre sus detenidos, continúa desconcertando a los expertos legales, enredando demandas y complicar el debido proceso para las personas detenidas allí.
Los abogados afirman que se les ha dicho repetidamente que sus clientes en Alligator Alcatraz no están bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que la aplicación de la ley migratoria históricamente es competencia del gobierno federal. A los activistas ambientales que demandan en un tribunal federal el cierre de las instalaciones se les ha dicho que la administración Trump apenas tiene participación. A varios legisladores se les dio un recorrido por el campo de detención. Dijo que les informaron que está funcionando bajo un programa federal que da a los funcionarios estatales y locales el poder de retener inmigrantes para el gobierno federal, aunque la entidad estatal a cargo no tiene tal acuerdo.
La confusión tiene consecuencias reales para los cientos de hombres recluidos en las tiendas de campaña y jaulas del centro de detención, y potencialmente amplias implicaciones para la aplicación de la ley migratoria bajo la administración Trump, ya que podría replicar el precedente establecido en Florida. La administración Trump invita a los estados y gobiernos locales a solicitar subvenciones de FEMA para la “apoyo a la detención” de un fondo común de $608 millones para financiar la expansión de las instalaciones para alojar a inmigrantes detenidos.
“Varios otros estados están usando Alligator Alcatraz como modelo de cómo pueden colaborar con nosotros también”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este mes, durante una conferencia de prensa en Tampa.
Los tribunales
La incertidumbre sobre quién tiene jurisdicción sobre los detenidos en las instalaciones está frustrando la capacidad del gobierno mexicano para impulsar la liberación de 14 ciudadanos mexicanos detenidos en el sitio, incluidos dos hermanos llevados allí el 11 de julio después de ser arrestados por la Patrulla de Carreteras de Florida.
Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, declaró al Miami Herald en una entrevista el jueves que el abogado de inmigración contratado por el gobierno mexicano para representar a los hermanos sigue buscando un juez que pueda asignarse a sus casos. El gobierno mexicano está trabajando para trasladarlos del centro de detención a una instalación del ICE, añadió.
“Esta prisión no está bajo la custodia del ICE y no tiene un juez de inmigración”, dijo Sabines. “Estamos en el limbo”.
Lo que complica aún más sus casos, según Sabines, es que a los hermanos recién el miércoles se les asignó un Número de Registro de Extranjero (el identificador utilizado por ICE para realizar un seguimiento de los detenidos) por primera vez.
Los comentarios de Sabines hicieron eco de las frustraciones expresadas hace más de una semana por los abogados de inmigración, quienes afirmaron no haber podido encontrar un tribunal asignado para atender los casos de los detenidos de Alligator Alcatraz. El estado anunció el viernes que los servicios legales en el lugar estarán disponibles para los detenidos a partir del lunes.
Mensajes contradictorios
Los funcionarios federales y estatales han transmitido mensajes contradictorios sobre quién está a cargo de qué.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han intentado distanciarse del centro en los documentos judiciales y remitió la mayoría de las preguntas sobre Alligator Alcatraz al estado. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis ha mencionado constantemente la supervisión de la administración Trump sobre los detenidos inmigrantes, declarando el viernes durante una conferencia de prensa en el centro que es el gobierno federal el que lleva y saca a los detenidos del lugar.
“Sé que el DHS tiene todo un proceso para hacerlo”, dijo DeSantis, explicando a la prensa que el Departamento de Seguridad Nacional ahora opera vuelos hacia y desde el centro de detención. “Una vez que suben al avión, el DHS los gestiona, los procesa y los deporta como corresponde”.
Sin embargo, un funcionario de inmigración de alto rango de la administración Trump dijo en respuesta a una demanda federal presentada por grupos ambientalistas que cuestionan las operaciones de la instalación que es el estado, no ICE, el que decide qué detenidos terminan en Alligator Alcatraz.
“La decisión final sobre a quién detener” en Alligator Alcatraz, escribió Thomas P. Giles, subdirector asociado interino de Operaciones de Cumplimiento y Deportación de la administración Trump, “pertenece a Florida”.
El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que el estado administra las instalaciones y que los inmigrantes arrestados bajo un programa que otorga a las fuerzas del orden locales facultades migratorias serán detenidos allí. La agencia no respondió a preguntas sobre si tienen algún tipo de acuerdo con el estado para administrar el centro de detención ni sobre si los detenidos allí están bajo jurisdicción federal.
La División de Gestión de Emergencias de Florida no respondió a las preguntas.
Scott Hiaasen, un abogado de Coffey Burlington que representa a los grupos ambientalistas que presentaron la demanda, dijo que la cuestión de quién dirige el centro de detención es crucial para la demanda porque se basa en un estatuto federal que requiere una revisión ambiental de las principales acciones federales.
“No debería ser un misterio ni para el gobierno estatal ni para el federal quién tiene la autoridad legal para este lugar”, dijo Hiaasen. “Lo que intentan hacer, al final, es simular que esta instalación no se rige por la ley federal”.
Más allá de los límites de 287(g)
Otra declaración de Giles —que el sitio está operando bajo el programa 287(g) que otorga a las agencias locales y estatales poderes de control de inmigración típicamente reservados para el gobierno federal— también ha confundido a los legisladores y expertos en inmigración.
Numerosas agencias del orden público de Florida tienen acuerdos 287(g) vigentes, incluida la Guardia Nacional de Florida, que ha destacado guardias en el centro de detención. Sin embargo, la División de Gestión de Emergencias de Florida, encargada de la gestión del centro, no figura entre ellas.
La representante estadounidense Debbie Wasserman Schultz declaró que el director de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, le indicó durante un recorrido por el lugar que su agencia no tiene la autoridad directa, según la sección 287(g), para administrar las instalaciones. Ella y otros legisladores demócratas afirmaron que los funcionarios les aclararon en repetidas ocasiones que ICE... “está tomando las decisiones” mientras visitaban Alligator Alcatraz el 12 de julio.
“El FDEM no está designado para administrar estas instalaciones en nombre del gobierno federal”, declaró Wasserman Schultz, demócrata. “No pudimos obtener claridad sobre la autoridad 287(g) que administra estas instalaciones”.
Jennifer Whitlock, asesora principal de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, una organización de defensa de los inmigrantes de bajos ingresos, dijo que está desconcertada por cómo surgió Alligator Alcatraz, si no está dirigido por ICE.
Whitlock afirmó que las declaraciones de los gobiernos estatal y federal sobre la autorización de Alligator Alcatraz a través de los diversos acuerdos 287(g) del estado resultan inexactas. Un acuerdo 287(g) permite a los agentes locales y estatales mantener a los detenidos bajo custodia, pero no permite la detención sin la supervisión del ICE, afirmó Whitlock.
Operar un centro de detención estatal, en lugar de mantener a los detenidos en prisiones estatales y cárceles del condado, es extender el acuerdo 287(g) más allá de los límites de lo que pretendía el Congreso, dijo Whitlock.
En el estatuto federal que permite los acuerdos 287(g), se dice que cualquier funcionario, empleado o subdivisión política del estado actúa bajo el “color de la autoridad federal”. Además, cualquiera que actúe en nombre de un acuerdo 287(g) se supone que debe estar bajo la supervisión de la Fiscal General de los Estados Unidos, que sería Pam Bondi.
“No sé si realmente existe un plan para algún tipo de supervisión”, dijo Whitlock.
Las administraciones de DeSantis y Trump han sido claras en cuanto a que Alligator Alcatraz no es un centro de detención federal, pero han sido menos transparentes sobre qué es según las leyes estatales y federales. En el ámbito estatal, las autoridades han declarado que el centro no es una institución correccional estatal porque está administrado por la División de Gestión de Emergencias, no por el Departamento de Correccionales. De ser así, no está legalmente sujeto a las normas estatales para cárceles y prisiones, afirmó Whitlock.
Una portavoz de la División de Gestión de Emergencias de Florida no respondió preguntas sobre qué leyes regulan las operaciones y la supervisión de Alligator Alcatraz.
La mayoría de los centros federales de detención de inmigrantes se gestionan mediante contratos de servicios gubernamentales, afirmó Nanya Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración. Ya sea a través de empresas privadas o gobiernos locales, suele existir un acuerdo para que el gobierno federal financie el centro mientras otra entidad lo instala, lo dota de personal y gestiona las operaciones diarias.
Si bien DeSantis ha mencionado la posibilidad de obtener un reembolso de la administración Trump por el costo de la instalación, alrededor de $450 millones al año — Funcionarios del DHS han declarado que el gobierno federal no financia actualmente ningún aspecto de Alligator Alcatraz. Dado que Florida no ha recibido el pago, es probable que no exista un contrato federal formal para Alligator Alcatraz, afirmó Gupta.
“La administración Trump y el estado de Florida se muestran evasivos respecto a la autoridad que invocan cuando les conviene”, dijo Gupta. “Supongo que la única manera de lograr esa claridad, si es que la hay, es mediante litigios continuos en los tribunales federales”.
Las redactoras del Miami Herald Ana Claudia Chacin y Lauren Costantino, y la reportera del Herald/Times Tallahassee Bureau Ana Ceballos contribuyeron a este informe..
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de julio de 2025, 2:41 p. m..
