Los jueces federales quieren más información sobre las operaciones de Alligator Alcatraz
Dos jueces federales en Miami dijeron el lunes que quieren que las administraciones de DeSantis y Trump proporcionen más información sobre el acuerdo legal que rige las operaciones en Alligator Alcatraz. Los abogados que representan a los detenidos cuestionan la legalidad del lugar de detención de inmigrantes.
“Necesitamos llegar al fondo de la interacción entre las autoridades federales y estatales sobre quién dirige esto”, dijo el juez federal de distrito Rodolfo A. Ruiz II durante una audiencia virtual sobre el estado de la demanda que se centra en cuestiones sobre problemas de acceso legal.
Una segunda jueza federal, Kathleen Williams, jueza de distrito de EEUU, ordenó a la administración de DeSantis y Trump que presentaran cualquier acuerdo entre los gobiernos estatal y federal que rija las operaciones del sitio antes del 4 de agosto. Williams preside una demanda separada relacionada con preocupaciones ambientales.
La presión de los jueces para obtener más información surge a medida que abogados de inmigración afirman que el Departamento de Seguridad Nacional está dejando a los detenidos en el limbo en el campo de detención estatal en los Everglades, y que los detenidos permanecen retenidos en el sitio sin cargos ni acceso a los tribunales. Comprender la autoridad legal del sitio podría tener implicaciones nacionales, ya que la administración Trump busca replicar el Alcatraz de Alligator en otras partes del país.
Los demandantes, que incluyen abogados de la Fundación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y de Americans for Immigrant Justice, han demandado por el problema de acceso y han pedido a Ruiz que obligue a la administración Trump a producir un acuerdo de este tipo para proporcionar claridad sobre las responsabilidades legales del sitio.
Ruiz estuvo de acuerdo en que una copia del acuerdo legal que rige el sitio —que los gobiernos estatal y federal no han logrado producir durante semanas— es “realmente relevante” para entender bajo qué autoridad federal opera el sitio administrado por el estado.
“Personalmente no creo que estos acuerdos sean difíciles de conseguir”, dijo Ruiz.
En documentos legales, un funcionario de inmigración de alto rango de la administración Trump dijo a principios de este mes que el sitio está operando bajo el programa federal 287(g) que otorga a las agencias locales y estatales poderes de aplicación de la ley de inmigración normalmente reservados para el gobierno federal.
En la audiencia del lunes, Ruiz dijo que quería ver una copia del acuerdo 287(g). De lo contrario, dijo, “el tribunal podría estar entrando en un callejón sin salida sobre la interacción entre las autoridades federales y estatales”.
Los abogados que representan a las administraciones DeSantis y Trump dijeron al juez que tomará tiempo proporcionar esa información al tribunal.
“Hoy no estoy preparado para decir definitivamente cuál es nuestra postura” en relación con la cuestión de la autoridad 287(g), declaró Nick Meros, abogado que representa a la administración DeSantis. “Ciertamente tenemos una idea, pero necesito confirmarla”.
Marlene Rodríguez, abogada de la Fiscalía de los Estados Unidos que representa al Departamento de Seguridad Nacional en el caso, afirmó que deberá consultar con la agencia si existen inquietudes sobre la privacidad en relación con la divulgación del acuerdo. Añadió que lo investigará de inmediato, ya que Ruiz afirmó que sería importante comprender mejor dicho acuerdo a medida que avance el caso.
Eunice Cho, abogada de la ACLU, afirmó que el asunto es de máxima urgencia. Añadió que los agentes del centro de detención migratoria ya están intentando obligar a las personas a firmar órdenes de deportación sin acceso a abogados ni la posibilidad de impugnar su detención, ya que aún no hay un tribunal federal de inmigración asignado para supervisar los casos de Alligator Alcatraz.
“Esto no tiene precedentes”, dijo Cho. “Nunca habíamos visto una situación en la que cientos de personas estuvieran detenidas sin cargos, sin acceso a tribunales de inmigración bajo una autoridad legal que no se les había explicado”.
Los demandantes han solicitado al juez que obligue al DHS a identificar un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre los detenidos. Ruiz no tomó esa decisión en la audiencia del lunes, pero afirmó que desea “actuar con la mayor celeridad posible dadas las circunstancias del caso”.
Se ha programado una audiencia para considerar los argumentos orales del caso para el 18 de agosto.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2025, 0:12 p. m..