¿Quién administra Alligator Alcatraz? Las administraciones de DeSantis y Trump responden en el tribunal
Desafiada por abogados y presionada en busca de respuestas por jueces federales en Miami, las administraciones de DeSantis y Trump han publicado documentos que, según ellos, establecen la autoridad legal del estado para retener a cientos de inmigrantes detenidos para el gobierno federal en un campamento de detención en lo profundo de los Everglades.
Los gobiernos estatal y federal afirmaron en el tribunal y en documentos legales presentados el jueves por la noche que los acuerdos que autorizan a los oficiales de las agencias estatales a realizar ciertas funciones de aplicación de la ley de inmigración federal, como la detención, gobiernan las operaciones en el complejo sin precedentes conocido como Alligator Alcatraz.
Uno de esos acuerdos 287(g), con el Departamento de Correcciones de Florida, fue enmendado el miércoles para decir que los oficiales de correcciones podrían detener a inmigrantes fuera de las prisiones estatales en instalaciones aprobadas por ICE, y que se aplicó retroactivamente para cubrir las seis semanas que la instalación ha estado abierta.
El abogado del estado, Nicholas Meros, señaló acuerdos con nueve agencias estatales, incluyendo el Departamento de Lotería de Florida, la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida y el Departamento de Vigilancia de la Ley de Florida, para mostrar por qué la administración DeSantis puede “detener y supervisar la detención de extranjeros ilegales" en Alligator Alcatraz.
Las nueve agencias "están realizando deberes de detención en la instalación," escribió Meros en un documento legal el jueves. No está claro cuántos de los oficiales de las agencias están actualmente autorizados y trabajando en el lugar.
Las respuestas de los gobiernos llegan mientras abogados de inmigración y grupos ambientales han cuestionado la legalidad del centro de detención, que parece operar de manera diferente a otras instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU. La mayoría de los centros de detención de inmigración son gestionados por el gobierno federal o en su nombre, a través de contratos con empresas privadas o autoridades estatales y municipales. Alligator Alcatraz es gestionado por el estado, con acceso limitado a tribunales de inmigración federal, según abogados y documentos legales.
En dos demandas separadas presentadas en un tribunal federal en Miami, abogados y jueces el mes pasado exigieron que las administraciones de DeSantis y Trump produjeran un acuerdo legal entre los gobiernos estatal y federal relacionado con las operaciones del campamento de detención. Los documentos del jueves ofrecieron el primer vistazo a su explicación.
Notablemente, no había acuerdo con la División de Gestión de Emergencias de Florida, que ha supervisado la construcción y operación del sitio desde su inicio. Tampoco había evidencia de un Acuerdo de Servicio Intergubernamental, que típicamente autoriza a los funcionarios estatales o municipales para ayudar a ICE a gestionar instalaciones de detención.
Paul Schwiep, abogado que representa a grupos ambientalistas en una demanda sobre las operaciones del sitio, argumentó en una audiencia judicial el jueves que el propio sitio debería tener un acuerdo 287(g) o un acuerdo intergubernamental para tener autoridad sobre los detenidos.
"O el estado está operando este centro de detención bajo color de autoridad federal o está operando una instalación completamente ilegal que no está regulada," dijo Schwiep.
El argumento del estado
Para establecer la custodia legal de los detenidos enviados a Alligator Alcatraz, el estado se está basando en parte en un documento firmado con el Departamento de Correcciones de Florida un día antes de la fecha límite del juez del 7 de agosto para proporcionar copias de cualquier acuerdo que explique la relación de los gobiernos estatal y federal con el sitio.
El documento —una enmienda al acuerdo 287(g) de la agencia estatal de 2020— dice que el departamento de correcciones del estado "puede proporcionar servicios de detención para instalaciones de detención operadas por el estado y aprobadas por ICE, que mantienen, en nombre de ICE, la custodia de extranjeros detenidos conforme a las leyes de inmigración federal".
Antes de ser enmendado, el acuerdo de 2020 de la agencia solo cubría instalaciones correccionales dentro del Departamento de Correcciones.
El documento, firmado el 5 y 6 de agosto, ahora cubre a "personas que brindan servicios de detención operando bajo la supervisión del Departamento" desde principios de junio, el mes en que la División de Gestion de Emergencias de Florida tomó un aeródromo del condado de Miami-Dade y comenzó a construir el centro de detención de inmigración más nuevo del país.
El Departamento de Correcciones es la única agencia con un acuerdo 287(g) que involucra instalaciones correccionales. La agencia estatal no respondió a una solicitud de comentarios sobre cuántos oficiales correccionales autorizados está actualmente empleando el campamento de detención improvisado.
En los documentos judiciales, la División de Gestión de Emergencias, la Guardia Estatal de Florida y dos contratistas privados —Critical Response Strategies y GardaWorld Security Services Inc.— fueron identificados como las entidades responsables de llevar a cabo las operaciones de detención en Alligator Alcatraz. La Guardia Estatal, que es una fuerza militar civil bajo el mando del gobernador, es la única que tiene un acuerdo 287(g) con el gobierno federal, aunque no formó parte de las respuestas a la orden judicial.
Preguntas en el Tribunal
Los abogados que representan a la administración Trump proporcionaron diferentes documentos el jueves en respuesta a las demandas para explicar cómo opera Alligator Alcatraz.
Durante una audiencia judicial el jueves en una demanda sobre el impacto ambiental del centro de detención, los abogados federales dijeron que el acuerdo 287(g) entre el Departamento de Aplicación de Ley de Florida y ICE estableció la autoridad para gestionar la instalación.
Marissa Piropato, abogada que representa al Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno federal no tenía la última palabra sobre las acciones en Alligator Alcatraz: dónde se construyó, cómo se construyó o cuántos detenidos se retienen allí.
La juez del distrito estadounidense Kathleen Williams preguntó si había algún funcionario federal que hubiera visitado el sitio. Piropato dijo que hay agentes de ICE que vienen de vez en cuando, pero no supervisan la instalación diariamente.
Williams señaló que legalmente, las instalaciones de detención de inmigración deben ser gestionadas por personal de inmigración capacitado. Preguntó quién sería ese personal, si no agentes federales. Piropato dijo que sería a través de funcionarios que ingresaron a acuerdos 287(g). Cuando se le pidió que especificara, ella dijo que el acuerdo del FDLE era el que se aplicaba a Alligator Alcatraz en particular.
En ese momento, los abogados federales habían presentado el documento 287(g) del FDLE como su evidencia de un acuerdo. La posición se reflejó en la orden de Williams el jueves deteniendo la construcción en el sitio por dos semanas.
Sin embargo, los abogados estatales presentaron el documento 287(g) de la Patrulla de Carreteras de Florida. La FHP no fue mencionada durante la audiencia.
Cuando los abogados del gobierno estatal y federal respondieron a una orden en una demanda separada para proporcionar acuerdos legales que establecieran la operación del sitio, presentaron nueve acuerdos 287(g).
FDLE no respondió a una solicitud de comentarios.
Una instalación de preparación
En poco más de un mes, más de 1,000 detenidos inmigrantes han sido retenidos en el centro de inmigración de Florida, que la administración DeSantis erigió en ocho días en un aeródromo en los Everglades.
Se lo presentaba como un "punto único de detención y deportaciones" —y DeSantis ha dicho falsamente que el sitio solo retiene a inmigrantes a quienes un juez ha ordenado sacar del país.
Juan López Vega, director adjunto de la oficina de campo de ICE en Miami, dijo en una declaración jurada presentada el jueves que los detenidos que terminan en el sitio están "en varias etapas del procesamiento de inmigración". Dijo que si bien ICE puede tomar decisiones sobre transferencias, Florida "retiene la autoridad de decisión final en cuanto a quién es detenido en la instalación".
El campamento de detención, agregó López Vega, tiene la intención de proporcionar vivienda a corto plazo mientras ICE define dónde colocar a los detenidos inmigrantes a largo plazo, para comenzar o continuar sus procedimientos de expulsión, o para iniciar el proceso de deportarlos.
La declaración se presentó en respuesta a una demanda que surge de abogados de inmigración que enfrentan dificultades con el acceso legal. En la demanda, los abogados sostienen que los inmigrantes retenidos en el sitio no pueden impugnar su detención porque no hay un tribunal de inmigración federal supervisando sus casos allí.
El jueves, López Vega dijo en los documentos judiciales que los detenidos pueden presentar una solicitud para una audiencia de fianza "con el tribunal de inmigración con jurisdicción sobre sus procedimientos de expulsión o un tribunal de inmigración con la jurisdicción sobre el lugar de su detención".
Pero los abogados de inmigración dicen que los inmigrantes detenidos se mantienen en Alligator Alcatraz sin acceso a un tribunal de inmigración.
López Vega dijo que si un detenido ya había solicitado una audiencia de fianza con el tribunal de inmigración en Krome, entonces serían trasladados al tribunal de inmigración allí. Sin embargo, durante semanas, los abogados habían dicho que Krome no estaba programando audiencias de fianza para detenidos retenidos en Alligator Alcatraz y algunas habían sido canceladas.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de agosto de 2025, 4:31 p. m..
